Viena, capital de Austria, ha sido reconocida en múltiples ocasiones como la ciudad con mayor calidad de vida del mundo según diversos rankings internacionales, como el de The Economist. Este logro no es resultado de la casualidad ni de ventajas geográficas o históricas aisladas, sino de un modelo de gestión pública deliberado y sostenido que ha impulsado políticas públicas que moldearon una ciudad equitativa y eficiente que prioriza el interés colectivo sobre el lucro privado.
Uno de los pilares más destacados del modelo vienés es su sistema de vivienda social y pública. Casi el 60% de la población vive en viviendas protegidas, ya sea mediante alquileres públicos o cooperativas subsidiadas. Este sistema se remonta a la "Viena Roja" de los años '20, cuando la ciudad inició un ambicioso programa de construcción de viviendas sociales.
Tras la Primera Guerra Mundial, Viena inició un programa de construcción para hacer frente a la crisis de vivienda provocada por el colapso del Imperio de los Habsburgo. En ese entonces, tenía algunas de las peores condiciones de vivienda de Europa, pero entre 1923 y 1934, financiadas principalmente a través de impuestos a artículos de lujo, las políticas de la "Viena Roja" permitieron la construcción de 65.000 apartamentos sociales.
Esta iniciativa incrementó la oferta de viviendas en la ciudad en alrededor de un 10%. Un total de 200.000 personas, equivalente a una décima parte de la población, fueron reubicadas en estos edificios, con alquileres establecidos en el 3,5 por ciento del ingreso promedio de un trabajador, lo cual era suficiente para cubrir los costos de mantenimiento y funcionamiento.
Políticas de vivienda
Actualmente, el municipio invierte anualmente en la construcción y mantenimiento de viviendas, compitiendo con el mercado privado y regulando los precios, los cuales se calculan en función de los costes (sin ánimo de lucro), garantizando acceso a grupos de ingresos medios y bajos. Los complejos de viviendas públicas incluyen patios, áreas verdes, guarderías y bibliotecas, evitando la estigmatización y fomentando la cohesión social.
Hoy en día, el Estado Vienés posee y administra 220.000 viviendas, lo que representa aproximadamente el 25% del parque de viviendas de la ciudad. Estas unidades municipales, o viviendas sociales, están destinadas principalmente a residentes de bajos ingresos. Además, controla indirectamente 200.000 unidades construidas bajo propiedad de desarrolladores privados con un esquema de ganancias limitadas, desarrolladas a través de un proceso regulado por el municipio.
La ciudad adquiere terrenos adecuados para el desarrollo residencial y mantiene un control riguroso sobre el tipo y la naturaleza del desarrollo. Posteriormente, invita a desarrolladores privados a presentar sus propuestas para la construcción y gestión de estas unidades de vivienda.
Luego, un comité especializado revisa estas propuestas basándose en cuatro criterios clave: calidad arquitectónica, eficiencia ambiental, sostenibilidad social y parámetros económicos, como los niveles y costos de alquiler propuestos. Tras la selección del desarrollador más adecuado, la ciudad vende el terreno a un precio asequible y proporciona un préstamo con condiciones favorables, incluyendo tasas de interés bajas y plazos de amortización extendidos.
Los desarrolladores privados que colaboran con el gobierno municipal en la construcción de viviendas asequibles deben permitir que la ciudad alquile la mitad de los nuevos apartamentos a residentes de bajos ingresos, mientras que las unidades restantes generalmente se alquilan a residentes de ingresos moderados.
A pesar de los desafíos actuales generados por la creciente demanda de viviendas sociales y cambios en la dinámica del mercado, Viena sigue comprometida con la vivienda social, subsidiando entre 5.000 y 7.000 nuevas viviendas cada año. En 2019, la ciudad introdujo una norma de zonificación que requiere que dos tercios de los desarrollos con más de 5.000 metros cuadrados sean viviendas subvencionadas, asegurando así que el modelo siga siendo viable a largo plazo.
Servicios públicos
Al mismo tiempo, Viena cuenta con una red de transporte público densa, eficiente y asequible. Su gestión está mayoritariamente en manos públicas, con una tarifa plana anual de 365 euros (1 euro al día) que la hace accesible para toda la población. La red conecta periferias y centro sin depender de lógicas de rentabilidad empresarial, con una expansión constante de metro, tranvías y buses, incluso en áreas de menor densidad. Este enfoque reconoce la movilidad como un servicio público esencial, no como un negocio.
La gestión pública vienesa extiende su influencia a áreas clave como la educación, la salud y la cultura. Desde guarderías hasta universidades, con financiación municipal y federal conforman un entramado educativo de calidad y gratuito. El acceso garantizado a hospitales y centros de salud, con estándares de excelencia. Museos, teatros y eventos culturales tienen también precios simbólicos o gratuitos, siendo administrados como bienes comunes.
Estas políticas reducen la desigualdad y fomentan la participación ciudadana en la vida cultural. Viena prioriza el espacio público y la calidad de vida en su diseño urbano.
El caso de Viena ilustra cómo la gestión pública puede crear prosperidad compartida. El gobierno local (tradicionalmente liderado por la socialdemocracia) ha mantenido estas políticas durante décadas, aislándolas de vaivenes ideológicos. En Austria existe un sistema fiscal progresivo que permite redistribuir recursos, los servicios se entienden como derechos, no como mercancías. Esto evita la fragmentación y exclusión típicas de modelos privatizadores. Las inversiones en infraestructura y vivienda se planifican con horizontes de 20-30 años, más allá de los ciclos electorales.
Viena demuestra que la calidad de vida no es un resultado espontáneo del mercado, sino una construcción social basada en políticas públicas audaces, financiación equitativa y una búsqueda del bien común. Su modelo desmiente los dogmas que equiparan privatización con eficiencia y muestra que la gestión pública puede ser innovadora, inclusiva y sostenible. En un mundo enfrentado a crisis de desigualdad, el ejemplo vienés ofrece un camino alternativo: la ciudad como proyecto democrático y colectivo, en donde se priorice el valor de uso sobre el valor de cambio en la política urbana.
Por Pablo Caramelo. Economista UBA. @caramelo_pablo
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