Paritarias por mérito, la novedad que el Gobierno busca imponer a los gremios

Luego de haber implementado este año un mecanismo de negociaciones salariales a la baja, que logró en sindicatos de referencia la firma de incrementos menores a la inflación, el Gobierno intentará otra innovación en la misma línea: presionará sobre los  sindicatos para incluir cláusulas en las paritarias que habiliten subas reales sólo para trabajadores “merecedores” de quedar a salvo del aumento del costo de vida. Dicho de otra forma, dejar asentado por escrito que el grueso de los asalariados perderá poder adquisitivo en la medida que continúe la inflación y que sólo unos pocos, identificados según criterios de productividad, podrán mantener o incluso mejorar sus condiciones.

La iniciativa puede sonar disparatada e incluso imposible de poner en práctica pero parte de la misma gestión libertaria que, tal como anticipó en exclusiva El Destape en enero de este año, se propuso aplicar un camino de “paritarias cero” con deterioro sostenido de los ingresos tendiente a volver inocuas las discusiones entre empresarios y sindicatos, y cuyo resultado quedó a la vista en buena parte de los acuerdos firmados desde entonces ante la Secretaría de Trabajo. De hecho los gremios más relevantes de la CGT terminaron por convalidar en negociaciones bimestrales o trimestrales aumentos que en lo formal no superaron el rango del 1% por mes y que en el mejor de los casos pautaba compensaciones posteriores mediante sumas fijas no remunerativas.

Aquel plan prosperó por el envión de popularidad que todavía mantenía Javier Milei desde su elección y el desinterés de los sindicatos por confrontar a La Libertad Avanza de manera frontal. Ese factor entró en discusión con el deterioro de la imagen del Gobierno y, sobre todo, la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires en septiembre. Pero el equipo económico y de Capital Humano sí podrán contar con otro elemento a favor que utilizaron para tirar hacia abajo toda la ronda de paritarias de este año: la precaria situación financiera que atraviesan las obras sociales sindicales, en buena medida producto de la misma recesión económica y de acciones concretas de los funcionarios por acorralar a esas entidades, como multas de montos exponenciales o amenazas de intervención.

El proyecto de paritarias que desarrolla el secretario de Trabajo, Julio Cordero, con directivas de los ministros Luis Caputo y Sandra Pettovello, parte de una división en tres segmentos de los asalariados trabajadores formales regidos por convenios colectivos de trabajo: una mayoría señalada por un aparente poco apego a sus labores, escasa inventiva, incapacidad de adaptación y tendencia al ausentismo. Los funcionarios alegan que este grupo deberá aceptar ajustes de sueldo muy por debajo de la inflación y conformarse con tener un empleo registrado y beneficios de la ley de contrato de trabajo como aguinaldo, vacaciones y seguro contra accidentes laborales.

Un segundo colectivo, siempre según el plan de Trabajo, lo integran trabajadores que cumplen sus tareas sin descollar. Para ellos debería haber subas de sueldo más cercanas a la variación del costo de vida aunque no necesariamente por arriba. Mientras que la mayor consideración la paritaria deberá reservarla para la categoría de asalariados destacados por un desempeño por encima de sus obligaciones y con vocación de ascenso en su actividad. La distinción recuerda la que marcó el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, entre productos “masivos”, “selectivos” y “premium” para autorizar o no aumentos según su impacto en el número de inflación. Claro que en aquel caso se refería a productos y en este, a seres humanos.

El plan contempla un atajo para evitar un casi seguro rechazo generalizado y la eventual conflictividad derivada de aumentos diferenciales en un mismo grupo de trabajadores. Que en lugar de fijar subas salariales según el segmento, el ajuste sea más de carácter simbólico y siempre por detrás de la inflación para todos, y que para los “meritócratas” existan bonos, premios u otros estímulos por fuera del salario conformado para garantizar la mejora de su calidad de vida. Esta variante tiene una ventaja extra que podría aplicarse con sumas fijas no remunerativas, que por su propia naturaleza no están sujetas a aportes y contribuciones y por lo tanto llegan en su totalidad a cada beneficiario y son menos costosas para el empleador.

El razonamiento de los funcionarios es que la tradición histórica de la Argentina que organiza paritarias con un piso de aumentos salariales en línea con la inflación termina por ser un desaliento para los trabajadores más esforzados. Y, en sentido inverso, los libertarios aseguran que con el mecanismo actual terminan por ser premiados los dependientes con poca contracción al trabajo al igualarse sus condiciones a los más laboriosos.

Entre los muchos obstáculos y objeciones que se prevén para este proyecto se encuentra el texto de la propia Constitución Nacional, que en su artículo 14 bis reza: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público, y organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.

Claro que de esa misma enumeración surgen incumplimientos que convierten en letra muerta aspectos del 14 bis como “participación en las ganancias”, “control de la producción y colaboración en la dirección” así como “protección contra el despido arbitrario” que con el correr de los años sufrieron deterioro y en lo que va de la gestión de Javier Milei, a un ritmo mucho más acelerado.

Por Mariano Martin / El Destape