El presidente Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2026 y ya es cuestionado por especialistas de todo el arco político. Para el 2026 el dólar se prevé en 1.423 pesos y en 1.488 en 2028, cuando este martes la cotización minorista del Banco Nación alcanzó los 1.480 pesos. La inflación proyectada se reduce fuertemente, pasando del 10,1% en 2026 a 3,7% en 2028. El plan oficial también incluye aumentos en jubilaciones, asignaciones para personas con discapacidad, transferencias a universidades y partidas de salud por encima de la inflación prevista. Sin embargo, los primeros cuestionamientos apuntan a que esas mejoras se calculan sobre una inflación estimada y no real, lo que puede licuar el efecto de los incrementos si el alza de precios resulta mayor.
La promesa de ampliar partidas para sectores sensibles aparece en los cuadros del proyecto, aunque con una letra chica decisiva. El cálculo parte de la inflación proyectada del 10,1 por ciento, de modo que un desvío de precios en 2026 puede anular el beneficio. Además, si la recaudación finalmente crece más de lo estipulado por el impacto de la inflación, el Poder Ejecutivo tendrá la facultad de distribuir ese excedente sin obligaciones específicas, lo que abre la puerta a un manejo discrecional de los recursos.
El texto remitido al Congreso marca un giro en la estrategia fiscal. El Gobierno había comprometido ante el Fondo Monetario un superávit de 2,2 por ciento del PBI, pero la pauta enviada reduce esa meta al 1,5 por ciento. El argumento oficial es que, aun con menor resultado primario, se preserva el equilibrio y se asegura la capacidad de pago de la deuda. Analistas advierten, en cambio, que el ajuste pierde consistencia y que las metas se vuelven más dependientes de la evolución de la inflación y de la recaudación.
En materia educativa, las tensiones se hicieron visibles de inmediato. Javier Peralta, consejero graduado por la Lista Verde en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, cuestionó que el proyecto “consolida todos los recortes que tuvieron las universidades en el último año y medio. La partida no contempla ninguna recomposición por la pérdida de los salarios en 2024 y 2025 ni de los gastos de funcionamiento, y tampoco prevé que el presupuesto universitario no siga perdiendo valor en 2026”. Peralta alertó, además, que el artículo 30 deroga el financiamiento estatal garantizado por la Ley de Educación Nacional, lo que implicará que el presupuesto universitario pierda un 4,8 por ciento en términos reales y que su peso en el PBI caiga de 0,5 a 0,46 por ciento.
En el mismo sentido, gremios docentes y rectores ya anticiparon que la suba de partidas difícilmente compense el deterioro acumulado. La discusión presupuestaria reaviva un conflicto abierto desde principios de año, cuando la parálisis de giros para gastos de funcionamiento llevó a varias universidades a suspender actividades.
Otro de los ejes está en las jubilaciones. El texto oficial señala que se incrementará la partida para pagos previsionales por encima de la inflación. Sin embargo, ese compromiso se limita a la inflación proyectada, lo que deja a los haberes nuevamente condicionados. En los últimos meses, el haber mínimo perdió poder de compra frente a alimentos y medicamentos, situación que difícilmente se revierta con una pauta atada a un supuesto inflacionario.
La previsión macroeconómica de crecimiento del 5 por ciento también fue recibida con dudas. Consultoras privadas advierten que los indicadores actuales no anticipan semejante repunte. La inversión muestra señales de estancamiento y la actividad industrial sigue golpeada por la caída del consumo. Incluso el economista más escuchado por Milei, Juan Carlos de Pablo, admitió que “no se sabe si lo peor ya pasó”, lo que refleja la fragilidad de las proyecciones incluidas en el proyecto.
El trasfondo político de la presentación también fue señalado por especialistas. Martín Burgos, economista y coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, consideró que el Presupuesto 2026 “no tiene efecto práctico” y que su verdadera función es servir de escenario de negociación con los gobernadores. Según explicó, la discusión parlamentaria se dará en un contexto en el que el Ejecutivo rechaza girar fondos a través de Aportes del Tesoro Nacional, lo que limita el margen de las provincias y eleva la tensión política. A su juicio, lo más probable es que la ley ni siquiera llegue a ser aprobada.
En ese sentido, Burgos subrayó que la presentación del proyecto no responde a un interés real en ordenar las cuentas públicas de 2026, sino a la presión del Fondo Monetario para que se envíe el texto y a la obligación política de mostrar iniciativa luego de la derrota electoral en Buenos Aires. La lectura coincide con el diagnóstico de analistas que vinculan la presentación del presupuesto con el intento oficial de sostener una narrativa de estabilización —apoyada en la baja de tasas y la reducción del riesgo país— más que con un programa consistente de crecimiento y redistribución.
Otro aspecto clave es la pauta cambiaria. El Gobierno proyecta un dólar oficial en 1.423 pesos a diciembre de 2026. Para llegar a esa cifra, debería re unciar a cualquier forma de devaluación , al reves de lo que proyectan los contratos de futuros y al que reclaman sectores exportadores. Si las tensiones cambiarias se mantienen, la brecha entre el tipo de cambio oficial y los financieros podría agrandarse, complicando la estrategia de estabilización.
Los supuestos sobre inflación también generaron debate. La pauta del 10,1 por ciento implica una reducción frente a la dinámica observada en 2024 y 2025, pero no se apoya en un programa de desinflación consistente. Si bien en los últimos meses el gobierno logró mantener la inflación por debajo del 2%, lo hizo convalidando tasas muy por encima de la inflación. Esa estrategia puede servir en el corto plazo, pero en algún momento esa deuda tiene que ser pagada por el estado, y eso puede puede terminar en emisión e inflación.
Los cuestionamientos de economistas locales remarcan que un presupuesto con hipótesis débiles puede terminar generando mayor incertidumbre. Si la inflación resulta más alta, el Ejecutivo podría beneficiarse de ingresos extraordinarios y usarlos de forma discrecional.
El debate legislativo que se abre será una prueba para el oficialismo. Con un Congreso fragmentado, la aprobación del Presupuesto 2026 requerirá negociaciones con bloques opositores. Allí, las partidas de educación, salud y transferencias sociales serán terreno de disputa central. Gobernadores y legisladores provinciales también miran con atención el reparto de recursos, ya que la reducción de la meta fiscal puede trasladar parte del ajuste a las jurisdicciones.
En síntesis, el proyecto presentado por Milei busca mostrar equilibrio fiscal y aumentos en áreas sensibles, pero lo hace sobre supuestos inflacionarios y de crecimiento que no convencen ni a consultoras ni a especialistas. El resultado es un esquema que promete más de lo que puede cumplir y que anticipa un debate intenso en el Congreso, con impacto directo sobre la economía real y las condiciones sociales en 2026.
Fuente: Pagina12
Ilustración de tapa: Revista Anfibia
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