Muerta o presa

Tres años después de que intentaran matarla, la frase de Cristina Fernández de Kirchner "me quieren presa o muerta" se hizo carne. La había pronunciado después de recibir la condena del Tribunal Oral Federal 2 en el caso "Vialidad" (seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos), que llegó tres meses después del intento de magnicidio. Lo que no pudo la bala con la que quiso asesinarla Fernando Sabag Montiel es a lo que trató de acercarse la Corte Suprema al confirmar la decisión de aquel tribunal que la acusó sin pruebas por el direccionamiento y por sobreprecios en obras viales en Santa Cruz inspirado en la máxima de estos tiempos: "no podía no saber". Despojarla de sus derechos políticos, borrarla de la escena política, de eso se trata. Es la coranación de lo que algunos llaman lawfare, aunque otros prefieren hablar del uso del sistema de justicia por parte del político, económico y, habría que agregar, geopolítico. Como se lo llame, tiene algo en común con el atentado a CFK que es esa apuesta a provocar una herida en el devenir democrático. No se puede hablar del intento de magnicidio contra la expresidenta sin aludir a los fallos que la llevaron en junio último a quedar detenida. Son formas violentas que pretenden lo imposible, porque Cristina no dejará de ser la líder política que es en su tiempo histórico. 

La piedra que allanó un camino

El intento de matar a Cristina puso sobre el tapete la expresión más extrema de lo que los grupos de ultra derecha que se multiplicaron desde la pandemia reclamaban cuando pedían "pasar a la acción". Hizo explícita la agresividad profunda que permeaba en el descontento social y que cimentó el camino para que no mucho después Javier Milei se convirtiera en Presidente a fuerza de insultos, gritos, mecanismos de descalificación y bastardeo de los pilares republicanos y democráticos como el Congreso. Quizá no haya sido casual que Cristina recibiera la primera pedrada --literal-- que anticipaba lo que podía venir, en su despacho del Senado cuando se discutía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo de 2022. La violencia verbal odiante, que se exteriorizó de formas diversas en las calles y en agrupaciones que luego confluyeron en la escena del atentado, fue y puede seguir siendo performativa. Pero no sería el caso precisamente de un brócoli volando en una caravana electoral en el conurbano, aunque el gobierno actual quiera traducirlo como tentativa de homicidio.  

Al cumplirse tres años del atentado contra Cristina, está por terminar el juicio oral contra los autores materiales, Fernando Sabag Montiel, el hombre que quiso disparar (pero la bala no entró en la recámara) y su novia de entonces, Brenda Uliarte, que estaba con él y llevaba días empujándolo a que le disparara a la entonces vicepresidenta. El Tribunal Oral Federal 6 recibió en términos jurídicos una acusación relacionada solo con el hecho en sí, pero no con sus posibles autores intelectuales o un eventual financiamiento, si los hubo. Aun así, las audiencias dejaron a la vista --y en boca no sólo de Sabag Montiel sino de testigos de todo tipo y color-- lo que fue un hecho de violencia política que el Poder Judicial omitió tratar como tal hasta llegada esta instancia. Esto no despeja la pregunta sobre se si alguien instigó y/o les pagó a Sabag Montiel y a la chica, pero queda claro que aunque incluso no integraban orgánicamente a ninguna agrupación, estaba todo dado para que se sintieran invitados a matar CFK.

Diego Sztulwark, docente de la UBA y coordinador de grupos de filosofía y política, escribió en su libro El temblor de las ideas (Ariel), que el intento de matar a Cristina no encaja en ninguna de las experiencias históricas conocidas. "Haya sido o no Sabag Montiel pagado por alguien, se trató de una operación concebida en la intersección de un conjunto de dispositivos: el Poder Judicial, la inflación, la histeria mediática, la financiación de grandes empresarios ligados a la derecha política, la acción de parte de la dirigencia macrista, el lenguaje maniático de las redes sociales, las fuerzas 'no siempre públicas' de seguridad. Estos dispositivos monitorean y les pasan el peine a las subculturas más dóciles  para  procesar sus desalientos. Encuentran en ellas cuencas de consumidores de simbologías esotéricas y fascistoides". 

Ese párrafo es parte de un "diario político de la perplejidad" de 2022 del autor, pos atentado, que profundizó y combinó con lecturas de Franz Kafka. También plantea que "aún fallando en su propósito" Sabag logró exponer una falta de correspondencia entre "activismo militante y potencia popular" (no ocurrió, por ejemplo, aquello de 'si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar') que lo convierte en una especie de "eslabón armado de un camino que condujo al acceso pacífico de LLA (La Libertad Avanza) al gobierno". Antes habían emergido organizaciones (ligadas a la derecha política y empresarial) "fuera de los patrones políticos acostumbrados, sin que el sistema de partidos y la sociedad civil cerraran filas contra ellos en defensa de la democracia". 

El final del juicio 
 
Como sea, el sistema judicial tiene el deber de despejar hasta la última pista y la última duda. Uno de los abogados de la querella de la dos veces presidenta, Marcos Aldazabal, describió durante su alegato ante el tribunal la asombrosa cantidad de irregularidades en las que habría incurrido la jueza que tuvo el caso en la etapa de instrucción, María Eugenia Capuchetti, empezando por haber intentado peritar el celular del principal acusado adentro de su juzgado, donde se había cortado la luz y no había bloqueado de señales, para luego enviarlo con su guardaespaldas encendido, sin cadena de custodia y en un sobre roto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es conocido que el teléfono terminó reseteado de fábrica y nunca se pudieron rescatar mensajes ni otras comunicaciones de Sabag Montiel que, tal vez, hubieran permitido echar luz acerca de con quién se contactaba por esos días, si recibió instrucciones u otra cosa. 

Al mandar a juicio solo a los autores materiales, la jueza se quedó con la "pista  Milman", sobre el diputado Gerardo Milman (PRO), que semanas antes del ataque a CFK presentaba proyectos pidiendo detalles de su custodia y anticipando un atentado (que describiría como auto-atentado). Durante un tiempo quedó delegada la investigación en el fiscal Carlos Rívolo, algo que la propia jueza decidió porque había sido recusada dos veces. Pero cuando comenzaron a notarse en el juicio oral las anomalías de la causa, se la quitó. Quitó el apellido Milman de la carátula y puso el de una ilustre desconocida que había hecho alguna denuncia nunca probada desde córdoba en busca de recompensa. También difundió que investigaría a la Policía Federal. Ya se hizó, pero lo repetirá. 

Recién este año Capuchetti ordenó peritar el celular del diputado, uno que entregó él mismo en 2023, un modelo posterior a los hechos. La jueza le pidió a la Gendarmería que lo analice con un patrón de búsqueda acotadísimo, cuestionado por las partes, que hizo que de más 600.000 archivos solo le resultaran algo interesantes tres mensajes (en uno, una asesora lo amenazaba con ir a contar la verdad a la televisión). Esa fuerza de seguridad es la favorita de Patricia Bullrich, en cuyas oficinas --además-- se borraron los celulares de las secretarias que estaban con el diputado cuando un testigo lo escuchó decir, dos días antes del atentado, "cuando la maten yo estoy camino al a costa". Esto es lo que queda, por ahora, de la pista política. Del celular anterior Milman dio dos versiones: primero, que lo perdió en una mudanza; último, que se lo robaron. 

La fiscal Gabriela Baigún, en su alegato, describió los hechos en detalle y dejó en claro que el arma, una Bersa Lusber 84 calibre 32 andaba perfectamente y la bala podía haber salido. Cuando se peritó fue disparada, con "éxito", 51 veces, una de ellas con una de las cinco balas que tenía la pistola. El intento de asesinato quedó registrado en uno de los celulares de militantes que por esos días iban a respaldar a Cristina en medio del juicio "Vialidad". Las manifestaciones había empezado como forma de neutralizar a grupos violentos que intentaron celebrar el pedido de 12 años de prisión contra CFK del fiscal Diego Luciani e e iban a insultarla. El clima se fue enrareciendo. Seis días antes del ataque, de hecho, Sabag Montiel hizo su primer intento de meterse entre la multitud y disparar, pero desistió. La fiscalía exhibió por primera vez un audio donde se lo escucha después de ese momento explicar su plan. Ese día --27 de agosto-- la policía de la ciudad agredió a manifestantes, entre ellos a Máximo Kirchner y a Axel Kicillof. 

La titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mariela Labozzetta, explicó en la audiencia por qué se debería aplicar el agravante por violencia de género y hablar de tentativa de femicidio. Describió que Sabag Montiel, aún sintiéndose "don nadie", como dijo, frustrado y humillado, entendió que tenía la potestad o el mandato de castigar a una  mujer por no entrar en los cánones del orden patriarcal establecido, donde las mujeres se supone que no tienen poder, ni toman decisiones de alto nivel, ni pueden intervenir en política. Entonces hizo su despliegue "disciplinador" a la vista de todos. Labozzetta mostró parte del testimonio de CFK que ilustrar: "Cuando una mujer ejerce el poder y no lo hace en la orientación que quieren los sectores de poder en Argentina, le dan mucha más resistencia y mucha más violencia y los hombres no se bancan que una mujer pueda tener razón o por lo menos no le pueden rebatir  los argumentos. Nadie puede dudar de esto, salvo que seas una mujer que hace lo que ellos quieren, que seas una mascota del poder, como alguna vez lo definí. Y la verdad que para mascota del poder no sirvo, no serví ni serviré  nunca". 

Nunca hubo dudas de la autoría de Sabag Montiel a la que se sumaron pruebas sobre el protagonismo de su novia en la planificación. "Yo quería matarla y ella quería que muriera", dijo él en su indagatoria. También afirmó que pretendía hacer lo que "la justicia" no hacía. Describió a CFK  con todos los latiguillos estigmatizantes, le dijo desde "corrupta" hasta "asesina". Baigún dedicó un largo rato también a explicar que no son locos y que las pericias psiquiátricas mostraron que tenían plena conciencia de sus actos. Repasó descripciones. Sobre Sabag Montiel: "personalidad anormal", "rasgos de trastorno narcicista", "patrón dominante de grandeza", "necesidad de admiración", "falta de empatía", "vanidad", "grandilocuencia". "La suya --dice Sztulwark-- no es una locura que se manifiesta  en signos externos. Sino un delirio de tipo histórico --muy parecido al de Milei y su entorno--, nada inhabitual en la acción política". 

Otro de los abogados de CFK, José Manuel Ubeira, habló de cómo operó la  "deshumanización" sobre Cristina, "la asociación con un mal moral o social" por la "repetición de un estigma". Sumó el papel de Estados Unidos y las expresiones del futuro embajador Peter Lamelas al decir que vendrá para que se la juzgue, como si no alcanzara su detención actual. La querella pidió 15 años de prisión tanto para Sabag como para Uliarte y la absolución de Carrizo. Sobre este último, CFK les dijo a sus abogados que si no había pruebas no acusaran, que no quería hacer uso político del Poder Judicial como lo hicieron con ella. La fiscalía pidió 15 años para Sabag Montiel pero calculó 19 al unificar con otras condenas y 14 para Uliarte. Tampoco acusó a Carrizo, que por eso quedó en libertad. Todavía deben alegar las defensas. 

Durante el juicio, que empezó en junio de 2024, no sólo desfilaron testigos del círculo de CFK, custodios, militantes y peritos. Hubo miembros grupos libertarios y de ultraderecha que participaron de transmisiones, eventos y acciones donde circulaban amenazas, ideas y acciones que incluían, a veces, iniciativas para matar a la expresidenta. El influencer Eduardo Prestofelippo (El Presto), que tuvo un romance con Uliarte, dijo que "aborrece" al kirchnerismo y que a los libertarios no les perdonan haber ganado elecciones con "las redes sociales". El supuesto cómico Martín Almeida, miembro del streaming "Carajo", se quiso hacer el gracioso ante los jueces y dijo "está bueno pasar a la acción si queremos que haya cambios, excepto que seas Sabag Montiel". En su cumpleaños estuvieron Uliarte y Sabag Montiel días antes del atentado. Los llevó Hernán Carrol (fundador de Nueva Centro Derecha y excandidato a concejal de José Luis Espert), quien también fue testigo, lideraba marchas anti K y le ofreció ayuda a Brenda después del atentado. También declararon miembros de Revolución Federal. 

El muestrario del odio quedó exhibido frente al tribunal oral, aunque todos negaron relación con el atentado, claro. Por su puesto que si uno/a se retrotrae a 2022 el mismo relato está en sectores de la dirigencia política que todos los días pedían exterminar al kirchnerismo, aniquilar, borrar y otros sinónimos. Nada muy diferente del discurso actual.  "La violencia retórica en el marco de la violencia política --insistió el Ubeira-- conlleva naturalmente a la violencia material". Señaló como uno de los grandes problemas la existencia de un importante sector de jueces que "juegan como voceros de esta narrativa" y que colaboraron con la situación actual en la que la expresidenta "asistirá" a la sentencia de quienes quisieron matarla, estando detenida y proscripta. 

Por Irina Hauser / P12