El Gobierno ya no puede controlar la rebelión opositora en el Congreso

La oposición irá en busca de abrir este jueves el recinto del Senado con o sin la convocatoria oficial de su titular, la vicepresidenta Victoria Villarruel, para tratar un temario que el Gobierno rechaza y que enfrenta la intención del oficialismo libertario de cerrarle el camino con una resolución administrativa que contradice la voluntad de la mayoría de los legisladores. Una pulseada parlamentaria en el peor momento de la relación con sus propios aliados a los que la Casa Rosada destrata e incumple promesas. La agenda opositora incluye el aumento de jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad que ya tienen media sanción de la Cámara baja; además de los dos proyectos presentados por la totalidad de los gobernadores para establecer por ley el reparto equitativo de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y del impuesto a los combustibles, así como el rechazo al veto presidencial a la ley de asistencia económica a la ciudad de Bahía Blanca y el proyecto de declaración impulsado por Unión por la Patria de rechazo al fallo de la justicia neoyorkina que obliga a la Argentina a entregar a un fondo buitre el 51 por ciento de las acciones de YPF.

La oposición no está dispuesta a retroceder con los objetivos que se había trazado en la Cámara alta para el tratamiento de distintos proyectos de alto impacto social y que la Casa Rosada busca congelar de cualquier manera. El pedido de sesión especial para el jueves con estos siete puntos se formalizaría durante este martes, una cita que los opositores igual mantendrían como “autoconvocatoria” –una facultad que le confiere el reglamento de la Cámara alta-- si Villarruel no la oficializara. 

Entre los senadores del arco opositor sostienen que el quórum estaría garantizado, igual que los dos tercios necesarios para tratar sobre tablas los dos proyectos de los mandatarios provinciales y confían que podrían sumar las mismas manos si las autoridades del Senado buscan impugnar –como se proponen— los dictámenes de mayoría de la comisión de Presupuesto sobre jubilaciones y discapacidad.

La rebelión de la totalidad de los gobernadores se transformó en dos proyectos de ley que buscan asegurar el reparto equitativo de los ATN y del impuesto a los combustibles, que el gobierno central recauda y no reparte. Rápidamente recibieron el apoyo transversal de los principales bloques de senadores y anticipa una dura derrota parlamentaria para el Gobierno difícil de revertir. Las iniciativas de las provincias fueron rubricadas por el interbloque de UxP, la UCR, el PRO, UF y partidos provinciales. Bancadas reúnen 60 de los 72 senadores que integran la Cámara alta, superando ampliamente los dos tercios (48) necesarios para resistir otro intento de veto presidencial. La duda es si todos los mandatarios provinciales respaldarán el resto de los puntos del temario que impulsa el sector opositor mas duro.  

Resolución

Acorralada por la presión de la Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villarruel retrocedió sobre sus propios pasos y retomó la apuesta libertaria de bloquear el funcionamiento del Senado. A través de una resolución firmada por el secretario parlamentario y hombre de su confianza, Agustín Giustinian, sostiene que los dictámenes sobre jubilaciones y discapacidad aprobados por la mayoría de los senadores autoconvocados que integran la misma no son válidos. En el texto, Giustinian –que participó de la reunión de la comisión— afirma que "la documentación presentada" no puede "considerarse dictamen de comisión, debido a que no se cumplió con el procedimiento reglamentario establecido". Y agrega que "no existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable según el Reglamento del Senado para validar el tratamiento y dictamen de proyectos".

La reunión de la comisión fue impulsada ante la negativa de su presidente y jefe del bloque de senadores libertarios Ezequiel Atauche de convocarla para frenar (al mejor estilo del diputado José Luis Espert en la Cámara baja) cualquier proyecto que ponga en juego el “equilibrio fiscal”, que el presidente Javier Milei predica como un mandato evangélico para destruir el Estado, que sostiene con la motosierra y asfixia a las provincias. Allí estuvieron el miércoles 3 de julio Fernando Salino (vicepresidente de la comisión), Mariano Recalde, María Teresa González, Juan Manzur, Carlos Linares, Eduardo “Wado” de Pedro y Fernando Rejal (UxP); Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO), y a la que luego se sumó Pablo Blanco (UCR). Los 10 senadores (de los 17 que integran la comisión), rubricaron los dictámenes de los tres proyectos que llegaron de la Cámara baja

El único libertario que se acercó al Salón Arturo Illia, fue el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que intentó invalidar la reunión. Una postura que fue refutada por el resto de los senadores presentes, que también denunciaron la “censura” de las autoridades de la Cámara alta que “prohibió la transmisión en directo de la reunión por parte de Senado TV y por las redes sociales de la Cámara”.

Un argumento al que ahora se aferra Giustinian para intentar invalidar la convocatoria: "A pesar de haber habido una reunión informal entre algunos senadores, ésta no sustituye una reunión de comisión oficial, por no haberse garantizado la debida publicidad del acto legislativo, lo cual afecta directamente la transparencia, la participación y el control ciudadano", afirma en su resolución el secretario.

El intento de Villarruel de bloquear con una resolución administrativa el tratamiento de los proyectos abroqueló al grueso del arco opositor, que está dispuesto a sesionar aun sin su consentimiento formal. Por lo que la Vice comenzó a evaluar el control de daños y la posibilidad de volver a recalcular postura. Cerca de la presidencia del Senado temen que el fracaso del bloqueo termine por expandir la rebelión que afronta el Gobierno a todo el Parlamento a escasos meses de la elección legislativa nacional.   

Fuente: Pagina12