Nace la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, anunciada por el Gobierno

El Gobierno nacional resolvió disolver la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y reorganizar la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), todos organismos descentralizados dependientes de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. La medida se venía anunciando hace tiempo y comenzará a concretarse con un proyecto de decreto que será publicado próximamente en el Boletín Oficial.

El nuevo organismo se denominará "Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte" y será la autoridad encargada de fiscalizar todas las normas y actos administrativos relacionados con la supervisión de concesiones viales.

Estas serán las principales funciones del nuevo organismo
Fiscalizar el cumplimiento de contratos de concesión, acuerdos de operación y permisos de explotación de los servicios públicos de transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional.
Realizar inspecciones in situ y solicitar documentación e información necesaria a los operadores y concesionarios.
Controlar la ejecución de contratos de concesión vial, en coordinación con el organismo encargado de los procesos licitatorios, asegurando la separación entre la fiscalización y la administración de licitaciones.
Supervisar y controlar los servicios públicos de transporte terrestre de jurisdicción nacional, asegurando condiciones técnicas y de prestación adecuadas para garantizar la continuidad y seguridad del servicio.
Fiscalizar las medidas adoptadas por empresas o concesionarios para garantizar la seguridad de los bienes en servicios ferroviarios, protegiendo a las personas y las cargas.
Aplicar sanciones previstas en normas legales y contratos de concesión en caso de incumplimientos.
Promover acciones civiles o penales ante los tribunales competentes, y asistir a la Secretaría de Transporte en materias de su competencia.
Proteger los derechos de los usuarios, gestionando quejas, reclamos y denuncias relacionadas con los servicios de transporte público automotor urbano, suburbano y ferroviario.
Conducir investigaciones técnicas, emitir informes y fomentar mejoras en calidad, eficiencia y seguridad operacional, en coordinación con otros entes públicos.
Fiscalizar el cobro de tasas, derechos y aranceles vinculados a sus funciones, previa intervención de la Secretaría de Hacienda.
Propiciar la suspensión y caducidad de permisos y licencias, para su resolución por parte de la Secretaría de Transporte.
Investigar accidentes ferroviarios relevantes, incluyendo sucesos en cruces a nivel entre vías férreas y calles o caminos.
Requerir auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus funciones y resolver conflictos relacionados con la modalidad de acceso abierto en concesiones ferroviarias.
Fiscalizar los programas de mantenimiento de infraestructura ferroviaria y material rodante.

Fundamentos de la reorganización
El Poder Ejecutivo Nacional puede modificar o eliminar competencias, funciones o responsabilidades cuya permanencia resulte innecesaria, además de reorganizar o transformar la estructura jurídica de organismos mediante centralización, fusión, escisión, disolución parcial o total, o transferencia a provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre garantizando la debida asignación de recursos.

El objetivo principal es mejorar el funcionamiento del Estado Nacional y reducir el sobredimensionamiento de su estructura.

Nota:iprofesional.com