Enciende las alarmas el proyecto de una fundación cercana al gobierno para reformar el Conicet

Cuando todavía no se apagan los ecos de las multitudinarias marchas del miércoles en defensa de la ciencia, este jueves la difusión de un virulento proyecto firmado por la “Fundación Libertad y Progreso” que plantea un “diagnóstico y propuesta de reforma” del Conicet acrecentó la alarma por el cientificidio. El trabajo no pasaría de ser un devaneo de fundamentos endebles si no fuera porque, a pesar de que declaran ser una entidad “sin fines de lucro, privada e independiente de todo grupo político”, sus directivos mantienen relaciones estrechas con el ejecutivo actual. 

Su director general es Agustín Etchebarne, que se presenta en la red Linkedin como “economista especializado en desarrollo económico, comercialización estratégica y mercados internacionales, y actualmente profesor en la Universidad de Belgrano. Miembro de Red Liberal de América Latina (Relial) y Miembro del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas”. 

Según figura en el sitio digital de la entidad, su cuerpo académico está encabezado por el íntimo amigo del presidente, Alberto Benegas Lynch (h), y su lista de sponsors incluye la Red Atlas, que financia políticas de ultraderecha alrededor del mundo, como denunció el año pasado el columnista de The Guardian George Monbiot. 

El documento plantea nada menos que eliminar la carrera del investigador y reemplazarla por contratos atados a proyectos de corto plazo, evaluados por criterios políticos y de mercado, sin estabilidad y sin autonomía. Tal como puntualizó en la red X el politólogo Ariel Goldstein, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires e investigador adjunto del Conicet en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, “Los investigadores ya no formarían parte del Conicet, solo presentarían proyectos “competitivos”, con inicio y final, dependiendo de si el Directorio los aprueba, y el vínculo con el organismo sería temporal”. 

La evaluación de los proyectos sería por su “impacto” y condicionada a los intereses del mercado. “¿Qué ciencia quieren conservar? –se pregunta Goldstein. Y enseguida se contesta–: Quieren que el Conicet investigue solo lo que coincida con ‘las prioridades del Directorio’ y se cuestiona explícitamente la inversión en ciencias sociales. Este documento no es inocente”.

Etchebarne no tardó en contestarle: “Entendemos que nuestra propuesta pueda generar reacciones intensas, pero justamente por eso la hicimos pública: para abrir un debate que creemos necesario. La actual ley del Conicet (…) refleja una visión centralizada, donde el Estado pretende jerarquizar, cohesionar y dirigir todo el quehacer científico. Es una concepción que ha quedado anacrónica (…) –escribió–. No proponemos el desmantelamiento de la ciencia, sino su liberación: abrir el juego a nuevas formas de producción de conocimiento, con mayor libertad para investigadores, universidades, ONGs, empresas y actores sociales. El sistema actual ha producido algunos logros, pero también ha generado dependencia, burocracia e ineficiencia. (…) Entendemos que ese cambio puede ser incómodo, pero creemos que vale la pena discutirlo con altura, en lugar de encerrarse en esquemas corporativos o en ‘planes de lucha’ que reproducen el statu quo”.

Rodrigo Quiroga
 

Tampoco se hizo esperar la reacción de investigadores: “Creo que es un sinceramiento de lo que el gobierno de Milei piensa de la ciencia –sintetizó Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Química y profesor de bioinformática en la Universidad Nacional de Córdoba–. Proponen destruir por completo el Conicet actual, y de las cenizas de ese incendio, armar un sistema de prestación de servicios tecnológicos a medida del sector privado. Es una propuesta que implica destruir toda posibilidad de tener un sistema científico federal y soberano, que atienda problemas puntuales de nuestra sociedad, o desarrolle innovación y tecnología en áreas que el país considere estratégicas. Proponen una ultramercantilización de la ciencia, donde sólo vale lo que directamente produce valor económico en el corto plazo. Es de una ceguera monumental, porque lo que en realidad estarían haciendo es aniquilar nuestra capacidad de innovar a futuro”. 

Ana Franchi
 

“Es terrible. Sería el fin del Conicet –coincidió la química Ana Franchi, que lo presidió desde 2019 hasta diciembre de 2023–. La idea es que los salarios dependan de los subsidios, como en los Estados Unidos. Pero la calidad de nuestros subsidios no tienen punto de comparación con los de allá, sin tener en cuenta los retrasos en los pagos, la falta de ejecución. Desaparecería la ciencia. Es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza. Además, a mi modo de ver, es directamente ilegal. Por otro lado, vuelve a atacar a las ciencias sociales y humanas aduciendo que el dinero que les van a sacar a ellas (no sé cuál, porque no están recibiendo ninguno) va a pasar a las otras. Me parece una barbaridad: las ciencias humanas son denigradas acá mientras en el mundo son financiadas y valoradas”.

Para Luis Calcaterra, doctor en ecología especializado en el control biológico de especies invasoras que mañana se queda sin su último becario y, por el congelamiento de los subsidios, sin financiamiento, "Vincular el valor de la ciencia solo a la inversión privada limita el desarrollo del conocimiento y pone en riesgo áreas fundamentales que no buscan rentabilidad inmediata, como la investigación básica y social. Reemplazar las carreras científicas por contratos temporales precariza el trabajo de los investigadores, y empobrece el debate democrático y el desarrollo nacional. Pero lo peor es lo que quieren hacer con la carrera del investigador: el Conicet, vigente desde hace más de 50 años, y reemplazarla por un esquema en que los investigadores trabajen por proyectos con contratos temporales, sin vínculo permanente con el organismo. Esto implica que se pierde la estabilidad que garantiza la dedicación exclusiva y la continuidad en la investigación original, pilares fundamentales para el desarrollo científico y tecnológico del país. Además, este modelo fomenta la competencia por financiamiento, privilegiando proyectos con apoyo privado, lo que puede dejar de lado áreas estratégicas y desincentivar la formación de investigadores”.

Más allá de las opiniones, especialistas en políticas públicas de ciencia y tecnología subrayan que tanto el diagnóstico como las propuestas adolecen de errores garrafales. El primero, que se advierte ya en el segundo párrafo de la introducción, donde se atribuye la creación del Conicet al presidente Frondizi, denota el desconocimiento con que se elaboró. Pero hay muchos otros y más graves. 

 Diego Hurtado
 

Diego Hurtado, físico y especialista en historia de la ciencia y la tecnología argentina, que fue Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desde el 19 de diciembre de 2019 hasta el 10 de diciembre de 2023, es lapidario: “Este informe es una completa falacia… Se hace muy difícil debatirlo. Está plagado de errores metodológicos y ausencia de contexto. Se nota que fue hecho por amateurs que creen que pueden hablar de índices sin contexto. Hacen numerología. El documento ignora estudios y enfoques muy difundidos que hay que tener en cuenta sobre el rol del Estado. Pasa por alto todo lo que se dijo en la última década y media. No habla de la noción de ecosistema de innovación que está en todos los planes de las economías europeas. Ni siquiera en eso se aproxima a una mirada consistente. Esta gente no entiende lo que quiere decir gestionar el conocimiento, que es algo muy complejo. Es un informe infantil escrito con palotes de la década del sesenta. Analizado con la mirada más objetiva posible es un documento que atrasa más de medio siglo. De entrada se nota una falta de especificidad importante donde dicen que el Conicet fue creado para fortalecer la ciencia. En realidad, fue creado para fortalecer la investigación en las universidades. Después tomó otro rumbo. Hay doctorados sobre la trayectoria del Conicet… Lo que está claro es que es una ideologización con una retórica de falsa objetividad que ya sabe lo que quiere concluir y va acomodando todos los argumentos. Muestra el grado de subdesarrollo al que nos quieren llevar".

Y finaliza: "Llevan un año y medio de gobierno. Si hacen un diagnóstico de la 'madre nodriza', de la principal organización de la ciencia local, ¿cuáles son los ejemplos que pueden mostrar de vinculación con el sector privado, qué medidas diseñaron para incentivar la inversión privada? Tomar en serio esto es como hacer una crítica al 'plan estratégico' de Darío Genua [actual secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología]. ¿Qué se puede decir? Nada, que es un mamarracho". 

 Lino Barañao
 

A pedido de El Destape, el ex ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, hizo un análisis detallado que reproducimos punto por punto:

–“En la descripción del sistema, [el trabajo asigna] el mismo rol al Conicet y a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica –explica Barañao–. El esquema original de administración de la ciencia y la tecnología se basaba en un Ministerio que fijaba las políticas, una Agencia que adjudicaba fondos sobre las base de las prioridades establecidas en esas políticas y organismos ejecutores Conicet, INTA INTI y universidades nacionales para proyectos de investigación, y Pymes para instrumentos Fontar [financiamiento que apoyaba proyectos dirigidos al mejoramiento de la productividad del sector privado a través de la innovación tecnológica]. Este esquema orienta las investigaciones hacia proyectos estratégicos y es el que funciona en la gran mayoría de los países desarrollados".

–“Se descalifica el aporte de las ciencias sociales mediante una arbitraria selección de casos sin mencionar trabajos colectivos de gran envergadura como el Programa de Investigaciones sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (Pisac) y otros tantos sobre temas de educación, desarrollo, regional etcétera, que constituyen un aporte valioso para la formulación de políticas públicas".

–“Es cierto que sería conveniente una mayor representación de las demandas de sectores productivos tal como ocurría en las estructuras del INTA y del INTI. La escasa vinculación del sector científico con la producción se debió en gran medida a la incapacidad del sector privado para financiar innovaciones. Prueba de ello fue el incremento de la interacción cuando se implementaron instrumentos tales como los aportes no reembolsables (ANR) y créditos blandos a las Pymes para proyectos de innovación".

–“Igualmente, el programa de fondos sectoriales, Fonarsec, que financió exclusivamente consorcios público-privados produjo desarrollos significativos como la producción de anticuerpos monoclonales, lo que permitió ahorros por millones de dólares y exportaciones del mismo orden, sólo por mencionar un ejemplo. En todos estos desarrollos participaron investigadores del Conicet".

–“No tiene sentido comparar el número de empleados del Conicet con empresas. Hay que comparar con el número de investigadores de calidad equivalente en otros países y su remuneración. Por dólar invertido, los investigadores argentinos son de los más productivos internacionalmente."

–“La mayoría de los investigadores del Conicet son docentes en universidades públicas y privadas, y contribuyen en forma sustancial a la calidad de la enseñanza que caracteriza a nuestro país."

–“La estabilidad laboral es indispensable para el logro de hallazgos de impacto significativo. Los desarrollos de los cultivos resistentes a la sequía, las nuevas terapias para el cáncer, y otras tantas que dieron lugar a las patentes más valiosas del Conicet fueron fruto de décadas de trabajos previos. Esto es ampliamente sabido".

–“Respecto de la propuesta de reconsiderar los nombramientos para detectar influencias ‘político partidarias’, esto es simplemente un intento de legitimar la persecución ideológica y atentar contra la elaboración del pensamiento crítico, lo que en realidad parece ser real objetivo de esta propuesta".

–“Argentina tiene hoy un número de nuevas empresas de base tecnológica (más de 500) que la ubica entre los primeros puestos en la región (informe BID realizado por Ignacio Peña). En la gran mayoría de ellas participan investigadores del Conicet. Esta contribución a la modificación de la matriz productiva dirigida hacia una economía basada en el conocimiento no hubiera sido posible sin la formación de recursos humanos de altísimo nivel que ha llevado adelante este organismo. Otro caso exitoso de interacción con el sector productivo es Y-TEC, empresa en la que el Conicet participa con el 49% e YPF con el 51%. Los investigadores radicados en Y-TEC lograron desarrollos de avanzada tanto en las técnicas de extracción de petróleo como de remediación de impactos ambientales y son titulares de patentes internacionales. Cuando el árbol de la ciencia empieza a dar frutos se ha decidido troncharlo."

–“Lo antes expuesto no implica desconocer la necesidad de modernizar la orientación del Conicet y en particular adecuar los sistemas de evaluación de forma de priorizar investigaciones que, a través de su transferencia al sector productivo o a la creación de nuevas empresas tengan un impacto real en la creación de empleo y de divisas, los dos problemas centrales de nuestro país, para los cuales la ciencia y la tecnología debería aportar soluciones [Pero] los sistemas científicos son estructuras complejas y delicadas. No se las puede cambiar de un volantazo. En universidades como Oxford y Cambridge llevó más de 20 años legitimar la interacción con las empresas. Gracias a eso surgieron acuerdos como Oxford Astra Zéneca o la empresa Oxitec [una compañía biotecnológica que desarrolla soluciones para pestes de los cultivos y la ganadería]. Este proceso estaba en marcha en la Argentina con resultados concretos y destacados por los inversores internacionales. Las políticas implementadas por esta administración, orientadas exclusivamente a la reducción del presupuesto y sin ninguna visión de futuro, comprometen seriamente la posibilidad de que la ciencia y la tecnología aporten al desarrollo económico y social de nuestro país”.

Acerca de la metodología utilizada para el “estudio”, Barañao agrega también: “No sirve contar patentes en total [el documento critica su bajo número], sino aquellas efectivamente licenciadas. Redactar, presentar y defender una patente es extremadamente oneroso y no tiene sentido si se hace sólo para mejorar las estadísticas institucionales”.

 Fernando Stefani
 

En la misma dirección apunta el nanotecnólogo Fernando Stefani, investigador del Conicet y estudioso de los temas de ciencia y desarrollo: “[El documento] compara el porcentaje de participación privada y [afirma que es] bajo comparado con el de otros países, pero no cuestiona justamente a los responsables: los privados. El sector privado tiene un solo objetivo: ganar dinero. El Estado tiene un rol crítico. El rol de los gobiernos es modular el comportamiento empresario para que ganen dinero contribuyendo al bien común y, en casos, como el de la Argentina, eso implica generar aprendizaje tecnológico y desarrollo. No existe chance realista de que el sector privado actúe de ese modo de manera espontánea, ni en la Argentina ni en ningún lado. El rol del gobierno es clave para aplicar los incentivos correctos, ágiles, con la magnitud correcta, y con exigencia de contraprestación y seguimiento. Todos los países los hacen, los avanzados y en desarrollo lo hacen de forma eficiente y decisiva. Se pueden ver, por ejemplo, los estudios realizados por el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o corporaciones de consultoría empresaria como KPMG o Deloitte. Entre los incentivos al sector privado, uno de los principales son instituciones de investigación fuertes y de primer nivel. Pasar de un esquema de baja inversión privada a una más alta requiere de una política científica eficiente acoplada a la economía, la producción y la educación. Y lleva tiempo. Corea del Sur, uno de los países que más rápido lo logró, necesitó unos 20 años de políticas consistentes para pasar de un 80% de inversión pública al 50%-50% pública-privada”. 

Mario Pecheny
 

Por su parte, Mario Pecheny, miembro del Directorio del Conicet electo por la gran área de las Ciencias Sociales y Humanidades, destaca que “la garantía de un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos es una meta de quienes defendemos la ciencia pública. Va de suyo. Pero eso no quiere decir que una política pública deba ‘dar ganancias’: ni el Hospital de Niños, ni el Conicet. Tampoco quiere decir que, para que una política sea costo-efectiva, el organismo a cargo deba ser ‘chico’ o ‘grande’. Para medir eficacia, hay que considerar no solamente los impactos inmediatos y directos, sino los mediatos e indirectos, los que permiten sostener sistemas y ecosistemas (por ejemplo, de investigación, educativos, productivos, de convivencia pacífica y democrática). Quienes formamos parte del Conicet somos los primeros en conocer sus problemas, en saber las consecuencias del deterioro de nuestros salarios y en tener perspectiva crítica sobre las cuestiones pendientes, como por ejemplo, la integración multisectorial y la diversificación de los financiamientos. Pero este informe, en lugar de recuperar la evidencia producida, lo que hace es trasladar una agenda propia que, de aplicarse, terminaría por destruir el sistema científico. (…) Con el solo fin de descalificar a las ciencias sociales, el informe plantea una y otra vez problemas como si fueran juegos de suma-cero: como si el apoyo a una disciplina, por ejemplo historia, fuera la causa del déficit en el apoyo a otra, por ejemplo, física. Ese es un planteo capcioso. Es como enfrentar la protección de la salud infantil con el cuidado de la salud de los viejos”. 

Y más adelante agrega: “La propuesta dice que ‘las investigaciones sociales tienen una probabilidad baja de atender a necesidades generales y/o generar externalidades que beneficien al país en su conjunto’. Mirá vos. Es claro que no quieren más investigación sobre temas sociales, ni en perspectiva de derechos. Tampoco quieren científicos de carrera, ni un organismo público fuerte y coordinado de ciencia y técnica, que combine con pluralismo la investigación en ciencia básica y aplicada, que reúna todas las ciencias y que sea federal. Los representantes de las provincias deberían estar más que alertas sobre este último aspecto”. 

En síntesis, hay unanimidad en señalar que el informe no solo demuestra un profundo desconocimiento de cómo funciona nuestro sistema científico, sino también los de otros países. “Hay abundante bibliografía que documenta que la inversión pública es fundamental y necesaria para lograr masa crítica, un sistema científico pujante en múltiples áreas de la ciencia, que luego permita ir incorporando ese conocimiento e innovación para atender necesidades de nuestra sociedad y también para ser aplicado a distintos procesos y cadenas productivas –subraya Quiroga–. La inversión privada viene luego, y es tan necesaria como la innovación pública para lograr que esta transferencia ocurra. Proponer abolir el financiamiento público de la ciencia sólo puede nacer de un fanatismo ideológico que impide analizar la realidad. Sin financiamiento público, el sistema se desmorona, porque las inversiones no llegan si no hay una base montada que permita pensar que esa inversión va a rendir frutos. Por otro lado, también ignora lo entrelazadas que están las distintas disciplinas científicas en la ciencia moderna. Plantear eliminar las ciencias sociales es ridículo, y si no, pregúntenle a Google o Amazon, que emplean sociólogos, psicólogos y politólogos, además de ingenieros”. 

Y concluye: “Proponen desguazar por completo el sistema científico actual, no sólo eliminando organismos cuyo propósito es financiar proyectos científicos (como la Agencia i+D+i), con lo que se financiarían únicamente proyectos que sean de interés para el sector privado, sino además eliminando las carreras de investigador y de personal de apoyo”.

Por Nora Bar / El Destape