La oposición vuelve a la carga en Diputados con agenda anti motosierra

Tras la sesión fallida de la semana pasada, que naufragó por falta de quórum, los bloques de Unión por la Patria, Democracia Para Siempre, la izquierda y la Coalición Cívica buscarán darle media sanción a la Emergencia Nacional en Discapacidad, los proyectos previsionales y las Emergencias Climáticas en la sesión del próximo miércoles. La estrategia de convocar con un temario acotado y de fuerte impronta social apunta a sumar adhesiones de otros espacios políticos en el recinto. Para eso, los bloques opositores dejaron fuera de la agenda la discusión por la conformación de la comisión investigadora del criptoescándalo. En cambio, aprovecharán la sesión para emplazar a las comisiones de Educación y de Presupuesto los proyectos que buscan ampliar el financiamiento universitario. Con una marcha masiva en las inmediaciones del Congreso, organizaciones, familiares y personas con discapacidad respaldaron el proyecto que busca garantizar los derechos fundamentales del sector hasta el 31 de diciembre de 2027 y sumaron presión a los legisladores. “Hay que tener estómago para vetar algo así”, dijo Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad y autor de la iniciativa. 

Con una semana de demora, la oposición llevará finalmente la emergencia en discapacidad al recinto. La intención original era debatirla el miércoles 29 de mayo, pero la sesión se pospuso ante el riesgo de que coincidiera con un paro de trabajadores aeronáuticos, que finalmente fue desactivado por una conciliación obligatoria. Al cierre de esta edición, los armadores de la estrategia opositora contaban entre 131 y 134 apoyos, más de los 129 necesarios para abrir la sesión, aunque advertían con cautela: “Vamos a ver cuántos baja el Gobierno” dijeron desde Encuentro Federal. Otra fuente parlamentaria, en diálogo con este diario, aseguró: “Van a intentar vaciarnos la sesión como hicieron la semana pasada, por eso sacamos de la agenda los temas que más espuma generan”. La estrategia apunta a capitalizar el clima de presión social que se viene acumulando por los recortes al Hospital Garrahan y al sistema de atención a personas con discapacidad, y avanzar con iniciativas que ya cuentan con dictamen, dejando de lado otras que podrían empantanar la sesión, como las designaciones en la AGN o la comisión por Libra. “Esto cruza todos los partidos”, señaló la diputada Victoria Tolosa Paz a Página/12. 

La movilización de este miércoles no pasó desapercibida en el Congreso. El legislador Daniel Arroyo se mostró sorprendido por la magnitud de la convocatoria: “El Gobierno está claro que podría vetar la emergencia, pero hay que tener estómago para vetar algo así”, advirtió. Su reacción se da en medio de la tensión con el oficialismo, que ya anticipó su rechazo a toda medida que desafíe el excel libertario. Días atrás, el ministro del Interior, Guillermo Francos, fue categórico durante su exposición en AmCham: “Norma que se apruebe y vaya contra alguno de los ejes básicos, el Gobierno la va a vetar”. Para Arroyo, el camino es otro: “Lo que tiene que hacer el Gobierno es encarar una política pública razonable”.

El proyecto propone declarar la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, con el objetivo de garantizar derechos fundamentales como salud, educación, trabajo e inclusión social. Entre sus principales medidas se encuentran la restitución de las Pensiones No Contributivas (PNC) dadas de baja durante las auditorías recientes, la actualización mensual de los aranceles para prestadores de servicios en función del costo de vida y la equiparación de las asignaciones para trabajadores de talleres protegidos al salario mínimo. También contempla incentivos para la inclusión laboral en el sector privado y declara de interés público nacional los servicios básicos que brindan atención a personas con discapacidad. La propuesta busca armonizar la legislación vigente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su impacto fiscal representa apenas el 0,42 por ciento del Producto Interno Bruto. 

Una mano a los jubilados

En la misma sesión, la oposición intentará avanzar con una serie de iniciativas previsionales para atender a otro de los sectores más castigados por la motosierra de Milei: los jubilados. El objetivo es doble: mejorar los haberes mensuales y garantizar una vía de acceso a la jubilación para quienes no alcanzaron los años de aportes necesarios. Desde Unión por la Patria insisten en prorrogar la moratoria previsional por dos años, pero reconocen que, si no consiguen los votos suficientes, propondrán cambios sobre el proyecto del diputado Massot, que abre la puerta a mejoras en la PUAM. El dictamen de mayoría elaborado por ese bloque contempla un aumento del 7,2 % para cubrir la inflación de enero, una actualización del bono previsional —que pasaría de 70.000 a 115.000 pesos, ajustado por inflación— y modificaciones clave en la PUAM. 

Desde el bloque destacaron que la actualización del bono es la medida con más chances de obtener respaldo, aunque también valoran la buena sintonía con Encuentro Federal para aprobar el aumento general de haberes. Los diputados son conscientes de que al Gobierno no le temblará el pulso para vetar las iniciativas si logran ser aprobadas. Sin embargo, una fuente parlamentaria con buen diálogo entre bloques aseguró a este diario que “el tercio de hierro”, como Javier Milei bautizó al séquito de diputados que lo respaldó para rechazar el aumento a los jubilados y el financiamiento universitario, “se estaría resquebrajando”. Según esa misma fuente, en algunos sectores del PRO comenzó a circular una advertencia: “Dos vetos a los jubilados, no”.

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