La Corte Suprema de Justicia no tiene plazos para expedirse sobre los casos que tiene en su poder y decidió allanar el camino para que se eleve a juicio a Cristina Fernández de Kirchner en el caso Memorándum con Irán, que se inicia con una denuncia del difunto fiscal Alberto Nisman, el mismo día en que el extitular de la UFI AMIA cumpliría años. También confirmó que dos jueces que condenaron a CFK en el caso Vialidad integren el tribunal de ese debate oral y público. Un mensaje político-judicial contundente en una causa paradigmática del lawfare surcada por la geopolítica. Que en la misma jornada el Alto Tribunal haya cerrado el caso Dólar Futuro, otro expediente emblemático de la persecución política, no alivia el peso de la decisión en Memorándum. Al firmarlos en la misma reunión de Acuerdo, los supremos intentaron mostrar que “compensaron” los fallos, resolviendo “una de cal y otra de arena”. Pero la de cal es sumamente más pesada que la de arena. Y en Comodoro Py decodificaron el mensaje al instante. Este viernes, al día siguiente de las resoluciones cortesanas, el TOCF 7 fijó fecha de juicio en el "caso Cuadernos", donde está acusada CFK, y tres jueces designados por Mauricio Macri en la Cámara Federal porteña ordenaron reabrir una causa contra Cristina para analizar su patrimonio. Uno de los camaristas, Mariano Llorens, consideró que se la tiene que llamar a indagatoria.

Es evidente que el último jueves la Corte agitó la bandera de largada de la nueva fase de persecución contra la expresidenta. Lo hizo en medio de la discusión sobre su nueva integración y a sabiendas de que también tiene para resolver si envía a juicio a CFK en la causa Hotesur/Los Sauces y que pronto tendrá la condena de Vialidad.

La Corte y un mensaje político en “Memorándum con Irán”

Este último jueves, en una de las últimas reuniones de Acuerdo del año, la Corte rechazó por unanimidad los planteos que habían presentado las defensas de CFK; del exsecretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini: de la exprocuradora del Tesoro, Angelina Abbona, y del actual ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena contra la revocatoria de su sobreseimiento en la causa “Memorándum con Irán”, que había resuelto la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Las impugnaciones fueron rechazadas por motivos formales, es decir, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lonrezetti no se adentraron en la cuestión de fondo. Con eso les alcanzó para enviar a juicio a todos los acusados, tal como lo dispusieron dos jueces nombrados por Macri en la Casación, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone en septiembre de 2023, quienes revirtieron la decisión del TOF 8 de sobreseer a todos los imputados por inexistencia de delito.

La causa del Memorándum con Irán se sustenta en una denuncia que realizó el difunto fiscal Alberto Nisman que fue rechazada en siete instancias judiciales por inexistencia de delito hasta que la reabrieron los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que se reunían con Macri en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada, tal como reveló El Destape.

Se trata de un caso escandaloso por su falta de pruebas. Básicamente, Nisman dijo que Cristina, cuando era presidenta, coordinó ese entendimiento con los iraníes para garantizarles impunidad en el marco de la investigación sobre el atentado a la AMIA. Es decir, que habría sido una manobra de encubrimiento. Una acusación sin ningún fundamento. Sin ir más lejos, el memorándum en cuestión fue votado por el Congreso pero nunca entró en vigencia. Su único objetivo fue la persecución política de CFK y ex funcionarios de su gobierno, que ahora se reedita. El caso le costó la vida al excanciller Héctor Timerman, a quien Bonadío no dejó viajar al exterior para realizarse un tratamiento.

El 7 de octubre del 2021, el TOF 8 integrado por José Michilini, López Iñiguez y Obligado había determinado que en el caso Memorándum no hubo delito y sobreseyó a todos los acusados. En septiembre de 2023, Petrone y Barroetaveña –nombrados por Macri- revocaron esa decisión y consideraron que sí debía hacerse el juicio. A la par, corrieron a los jueces del TOF para evitar que repitan su posicionamiento. Lo resolvieron luego de que la Corte desplazara a la jueza Ana Figueroa, quien intervenía en esa causa y no votaba en sintonía con los intereses macristas. A la Corte llegaron planteos contra esa decisión de los camaristas de Casación. Este jueves, los supremos no hicieron lugar a los recursos. Por lo que CFK irá a juicio. También serán parte del debate: Oscar Parrilli (actual senador), Carlos Zannini (exprocurador del Tesoro), Juan Martín Mena (actual ministro bonaerense), Andrés Larroque (ministro bonaerense) y Luis D’Elía, entre otros.

En diálogo con El Destape, el abogado Marcos Aldazabal, que representa a Mena en esta causa, afirmó: “Es un proceso que ya va a cumplir 10 años en el que es inentendible lo que se está imputando. Fue un acuerdo de política internacional que pasó por el Congreso con todos los pasos que prevé la Constitución, con el objetivo político de lograr terminar con la impunidad alrededor del atentado a la AMIA. En ese momento habían pasado 10 años, hoy ya pasaron 20 y obviamente no hubo ningún avance. Desde que empezaron con esta persecución, tampoco”. “Se pensaba que el Memorándum podía ser una forma de destrabar la investigación. Uno puede estar de acuerdo con ese enfoque o no pero no puede pensarse nunca en que una cuestión que es facultativa del Poder Ejecutivo pero de la que también participó el Congreso puede constituir un delito. Todavía es inentendible lo que se está imputando, no se entiende a cambio de qué los acusados habrían querido garantizar la impunidad que se dice que quisieron garantizar”, añadió. Y concluyó. “Este fallo de la Corte es un paso más en esta saga en la que se termina convalidando esta investigación que le hace mal a la imagen del Poder Judicial, a la país y a todo el sistema democrático”.

El abogado Aníbal Ibarra, que defiende a Parrilli, señaló a este medio: “La decisión de la Corte es una decisión política, no jurídica. Está en paralelo y sintonía con lo que había resuelto la Casación. Esta es una causa que nunca debió haber existido. El Memorándum fue un acuerdo internacional entre dos país, que fue aprobado por el Parlamento y que no tuvo siquiera principio de ejecución. Esta causa es una muestra de la persecución política en Argentina”.

¿Quiénes serán los jueces que llevarán adelante esta farsa? Tras el apartamiento de quienes dictaron los sobreseimientos quedaron a cargo del juicio: Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso, Javier Ríos. Los primeros dos fueron quienes condenaron a CFK en el caso Vialidad a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, es decir, quienes impulsan su proscripción.

Rodríguez Uriburu, por ejemplo, jugaba al fútbol en el equipo de los judiciales bautizado “Liverpool”. Compartió equipo con el fiscal del juicio de Vialidad, Diego Luciani. Incluso hubo partidos en la quinta Los Abrojos de Macri.

El cierre de Dólar Futuro: una falsa compensación

En la misma jornada, los ministros cortesanos por unanimidad dejaron firme el sobreseimiento de Cristina, el gobernador bonaerense Axel Kicillof e integrantes del Banco Central de la gestión K en la causa Dólar Futuro, también instruida por Bonadío y emblema del lawfare. A través del artículo 280 del Código Civil y Comercial, los cortesanos impusieron la “plancha” y sin tratar los recursos dejaron firme lo resuelto en Casación, que había cerrado el caso.

¿De qué trató esta causa impulsada por legisladores macristas en plena campaña electoral de 2015? De acusar a la expresidenta, al exministro de Economía y a otros funcionarios de perjudicar las arcas públicas con operatorias de dólar futuro. Un peritaje hecho 5 años después del inicio del expediente –que debió hacerse en instrucción pero Bonadío lo evadió- reveló que la acusación era una falacia. En este expediente se dio la primera indagatoria de CFK ante el juez Bonadío, en abril de 2016. Al mes siguiente, es decir, apenas cinco meses después de que dejara la Casa Rosada, la expresidenta recibió su primer procesamiento por parte de quien era el titular del juzgado federal N° 11.

De dos causas de persecución, el último jueves la Corte decidió elevar una a juicio y cerrar la otra después de estar 9 años abierta. Se trató de una falsa compensación.

Tras el fallo cortesano, Comodoro Py reactivó la persecución contra CFK

El mensaje político-judicial de la Corte fue decodificado al instante por Comodoro Py. Al día siguiente del fallo en Memorándum, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 fijó fecha de juicio en caso Cuadernos, donde está acusada CFK, y tres jueces designados por Macri en la Cámara Federal porteña ordenaron reabrir una causa contra la expresidenta para analizar su patrimonio y hasta uno de los camaristas consideró que se la tiene que llamar a indagatoria.

Con un “timing” político cronometrado con la Corte, el TOCF 7 resolvió este viernes ponerle fecha al juicio del caso Cuadernos, otra causa del Lawfare donde está acusada Cristina. El inicio del debate oral y público será el jueves 6 de noviembre de 2025, a las 9.30. Las audiencias serán todos los jueves.

En esta causa, que también instruyó Bonadío (al igual que Memorándum y Dólar Futuro) nunca fueron peritados los cuadernos adjudicados al chofer y exmilitar Oscar Centeno. Se espera que el estudio se haga previo al inicio del debate oral y público, lo que si fuera un proceso normal debiera hacerlo caer. En un expediente paralelo quedó expuesto que los anotadores fueron manipulados por el expolicía Jorge Bacigalupo, que hubo más de una mano en la elaboración de los mismos y que algunos se escribieron de corrido.

La cronología de la gestación de este caso también paradigmático del Lawfare (por cómo se inició el expediente y cómo se utilizó la información que nutrió la causa) se podría resumir de la siguiente manera:

• El periodista de La Nación Diego Cabot le entregó a Stornelli las fotocopias de los supuestos cuadernos adjudicados Centeno. Todo indica que previo pase de manos de Bacigaliupo a Cabot.
• Centeno declaró que tenía los anotadores guardados, pero el día 1, cuando fueron a buscarlos junto a Stornelli, no estaban donde dijo.
• Centeno cambió su declaración y afirmó que quemó los cuadernos.
• Cabot apareció más de un año después, en el marco de las elecciones de 2019, con algunos de los Cuadernos en físico, resucitados de las cenizas.
• El empresario Armando Loson, uno de los acusados y detenidos, tras un peritaje privado denunció más de 1.600 irregularidades en los Cuadernos para involucrarlo en la causa, que incluye sobreescrituras, uso de liquid paper y varias manos en su redacción.
• El peritaje oficial que se hizo en una causa paralela a la central que tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi confirmó que en las partes de los cuadernos donde aparecía Loson hubo varios autores de los Cuadernos, entre ellos el ex policía Jorge Bacigalupo, vinculado a Centeno y de Cabot. Martínez de Giorgi procesó al expolicía.

Tres jueces nombrados por Macri en la Cámara Federal porteña revocaron en julio de este año el procesamiento que tenía Bacigalupo por adulterar los cuadernos en la mentada causa paralela, que expuso el armado de la causa central de Cuadernos. ¿Quiénes favorecieron a Bacigalupo? Los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. Los primeros dos fueron puestos a dedo en la instancia revisora de Comodoro Py y hasta la Corte determinó que su designación fue irregular pero siguen en el cargo. Llorens llegó por concurso y también visitaba a Macri en la Quinta de Olivos.

Este viernes, esos mismos tres jueces macristas reabrieron una causa contra CFK que hace foco en su patrimonio. Se trata de un expediente que estaba cerrado y que los jueces macristas decidieron reabrir al hacer lugar a un planteo de la Unidad de Información Financiera (UIF) –dependiente del Ejecutivo-. Pocos les importó que el fiscal del caso, Gerardo Pollicita, que no puede ser tildado de K, hubiera explicado en un extenso dictamen que las supuestas irregularidades de las declaraciones juradas de CFK no eran tales y postulado el archivo del caso. Justamente, por ese dictamen el juez Julián Ercolini –emblema del lawfare junto a Bonadío- había archivado la causa.

Evidentemente, tras el fallo de la Corte en la causa Memorándum se abrió un nuevo escenario judicial para CFK. Es el reimpulso –y con saña- de su persecución política.

La integración de la Corte y las otras causas de Cristina

Los fallos de la Corte se dan mientras se discute la futura integración del máximo tribunal del país. A finales de diciembre, el Alto Tribunal quedará con tres integrantes por la jubilación de Maqueda, que el gobierno apuró. El Poder Ejecutivo propuso al juez de Comodoro Py Ariel Lijo y al abogado Manuel García Mansilla para reemplazar la vacante de Elena Highton (dejó su cargo en 2021) y la de Maqueda, respectivamente. Ninguno de los dos reúne por ahora los dos tercios de los votos del Senado que se requieren para nombrar a un juez de la Corte. El jefe de bloque del peronismo en la Cámara alta, José Mayans, dijo que está abierta una negociación con el gobierno. Desde el PJ promueven la designación de una mujer de perfil peronista y no ven con tan malos ojos a Lijos. El Ejecutivo lejos de cerrar un acuerdo agita la versión de un posible nombramiento de Lijo y Mansilla por decreto.

Lijo es un candidato que promueve Lorenzetti para intentar cambiar la relación de fuerzas que actualmente rige en el cuarto piso del Palacio de Tribunales y que tiene a Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda unidos. Esa unión se partirá a finales de diciembre. Para emitir fallos luego de la partida del jurista cordobés se necesitará una mayoría de 3 votos. Es decir: o salen los fallos por consenso o se deberá convocar a conjueces. La llegada de Lijo podría equilibrar el poder interno de la Corte. Aunque no necesariamente en favor de Cristina. Lijo también fue un impulsor del Lawfare durante el macrismo.

¿Por qué la expresidenta sigue de cerca lo que sucede en la Corte? Porque su libertad depende de ella. El Alto Tribunal deberá revisar si confirma o revoca la condena en Vialidad a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos cuando el caso llegue a sus manos. No tiene plazos para expedirse. Pero cuando lo haga quedará firme lo que resuelva y si es una condena será de cumplimiento efectivo.

La Corte también tiene para resolver el caso Hotesur/Los Sauces, que podría derivar en un nuevo juicio para la expresidenta. Esa causa llegó a la Corte tras una serie de planteos de las defensas contra una revocatoria de sobreseimientos que hizo Casación, es decir, de la misma forma que Memorándum, que los supremos utilizaron para dar inicio a la nueva fase de persecución de la dos veces expresidenta justo cuando analiza si es candidata en futuras elecciones.  

Por Franco Mizrahi / El Destape