La motosierra acelera sobre el trabajo privado

Actualidad - Nacional16/12/2025
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La destrucción de empleo registrado volvió a acelerarse en septiembre y dejó un balance cada vez más preocupante en el mercado laboral formal. Contra noviembre de 2023, 242.383 trabajadores perdieron su puesto laboral, según surge de los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino. Los datos confirman que el ajuste del programa económico sigue descargándose, principalmente, sobre el nivel de empleo.

Los datos oficiales muestran que la fase de destrucción de empleo formal se intensificó a partir de junio. Solo en los últimos cuatro meses se eliminaron 48.997 puestos en el sector privado, mientras que en lo que va de la gestión de La Libertad Avanza la caída acumulada alcanza a 154.382 asalariados privados. El deterioro se produce luego de un primer semestre de 2024 marcado por una fuerte contracción del empleo y de una recuperación breve y limitada hacia fines del año pasado, que el Gobierno llegó a presentar como un punto de inflexión. Esa lectura quedó rápidamente desmentida por los registros de 2025, que volvieron a mostrar caídas mensuales persistentes y de magnitud relevante.

El informe correspondiente a septiembre indica que el empleo registrado total cayó 0,1 por ciento mensual, lo que equivale a unas 10.700 personas menos, y se ubicó en 12,84 millones de trabajadores. Dentro de ese total, el empleo asalariado privado retrocedió 0,2, mientras que el trabajo en casas particulares cayó 0,7, confirmando que el deterioro se extiende más allá de un solo segmento del mercado laboral.

El aporte más significativo a la caída del empleo en el último año sigue viniendo de sectores intensivos en mano de obra. En 2024, el derrumbe estuvo fuertemente explicado por la construcción, golpeada por la paralización de la obra pública. En 2025, en cambio, la industria manufacturera pasó a ocupar el centro de la escena negativa. Entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, la industria perdió 21.190 puestos de trabajo, en un contexto de apertura importadora, caída del consumo y márgenes cada vez más ajustados de rentabilidad.

El panorama sectorial de septiembre vuelve a mostrar una dinámica ampliamente contractiva. Seis sectores redujeron su dotación de personal en el mes, entre ellos industria, transporte, comercio, agricultura y construcción. Las subas quedaron limitadas a actividades muy puntuales y de bajo impacto agregado, sin capacidad de compensar las pérdidas en los sectores más relevantes para el empleo urbano.

En contraste con el sector privado, el empleo asalariado público parece haber encontrado un piso a comienzos de este año. Luego del fuerte derrape registrado durante 2024, la dotación estatal se estabilizó a partir de febrero y desde entonces se mantiene en niveles similares, sin nuevas caídas significativas.

Uno de los datos más críticos vuelve a aparecer en el trabajo en casas particulares. En septiembre, el retroceso se profundizó, con una caída mensual de 0,7. En lo que va de la gestión actual, el empleo en este segmento acumula una baja de 6,5, y si se lo compara con el máximo alcanzado a comienzos de 2020, la pérdida asciende a 13,2.

En este contexto, la discusión de fondo ya no pasa solo por la magnitud de la caída, sino por su carácter. Para Luis Campos, economista de la CTA Autónoma, la pregunta central es si la destrucción de empleo formal constituye un daño colateral inevitable del programa económico o un objetivo deliberado. En ese marco, advierte que el monotributo sigue siendo, por lejos, la forma más dinámica de inserción laboral, un dato que refuerza la tendencia hacia un mercado de trabajo cada vez más fragmentado, con menos empleo asalariado protegido y más vínculos precarios.

Desde esa mirada, la pérdida sostenida de puestos de trabajo registrados no aparece como un problema para el Gobierno. Según el análisis de Campos, la destrucción de empleo formal cumple una doble función: por un lado, debilita la capacidad de acción sindical; por el otro, contribuye a erosionar la legitimidad del sistema de seguridad social. Ambos objetivos, sostiene, forman parte explícita de la orientación de la política oficial.

Por Juan Garriga / P12

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