Menos derechos, más poder empresario y ajuste previsional: qué hay detrás de la reforma laboral

El Gobierno Nacional presentó finalmente en el Congreso su proyecto de “Modernización laboral”, con el argumento de que los cambios propuestos permitirán crear más y mejores puestos de trabajo. Sin embargo, la iniciativa llega en un contexto económico que desmiente el diagnóstico oficial: lejos de expandirse, la actividad se mantiene estancada, el empleo formal se destruye y miles de empresas enfrentan una crisis de rentabilidad que pone en riesgo su continuidad. La paradoja es evidente: se impulsa una reforma laboral para “generar empleo” en un modelo económico que, hasta ahora, no hizo más que frenar el crecimiento y profundizar la destrucción de puestos de trabajo.

En ese contexto, la reforma laboral aparece como una apuesta a modificar de manera estructural las relaciones entre el trabajo y el capital. Bajo la consigna de “modernizar” las leyes laborales, el proyecto avanza sobre tres ejes principales: recorta derechos adquiridos, amplía la discrecionalidad empresarial y limita el accionar sindical, y desfinancia la seguridad social. El objetivo de fondo, advierten especialistas, es una mayor precarización, aun cuando la evidencia histórica y reciente muestra que la creación de empleo depende centralmente del nivel de actividad económica y no de la flexibilización de las normas laborales.

Los datos del propio sector empresario dan cuenta de ese escenario. El 21% de las empresas redujo su dotación de personal, crecieron las suspensiones y la reducción de turnos. Con ventas que no logran recuperarse y una demanda interna deprimida -señalada como principal preocupación de las firmas- las pymes advierten que más del 10% de las empresas podría cerrar antes de fin de año. En paralelo, el empleo registrado continúa en caída: según el SIPA, desde el inicio de la gestión libertaria ya se destruyeron más de 280.000 puestos de trabajo asalariados formales.

“No hay ningún elemento en este proyecto que permita crear empleo, formalizar el trabajo o mejorar su calidad”, sostuvieron desde el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma, que calificó la iniciativa como un ataque a las instituciones laborales de una profundidad inédita desde la última dictadura militar. En la misma línea, desde el CETyD-UNSAM remarcaron que “ninguna reforma laboral crea empleo por sí sola” y que el principal determinante del mercado de trabajo sigue siendo la dinámica de la economía real. Presentada como solución, la desregulación vuelve así a mostrar su verdadero alcance: legalizar la precariedad existente sin resolver los problemas estructurales de empleo, salarios y sustentabilidad del sistema jubilatorio.

Reforma laboral: los datos que matan el relato

El Gobierno Nacional ingresó formalmente al Congreso el proyecto de ley de reforma laboral que profundiza, en gran medida, lo iniciado con el DNU 70/2023 y por la llamada “Ley Bases”.

¿Qué dice el oficialismo del proyecto? Si se pone el foco en los argumentos oficiales, el objetivo de la reforma sería crear más y mejores puestos de trabajo. Al respecto, la gestión libertaria sostuvo en su diagnóstico público que “millones de argentinos han sido expulsados del sistema y enfrentan enormes dificultades para acceder a un empleo estable y registrado”, un análisis con el que es difícil no coincidir ya que se palpa en la cotidianidad de las y los laburantes. Sin embargo, atribuye como causales de esta situación a una “alta litigiosidad” que - como mostró El Destape en esta nota- no se corresponde con los hechos, y a una estructura laboral “rígida” que, dicho de otro modo, implica culpar a la existencia de normativa laboral y a la propia organización sindical por la falta de empleo, desconociendo el rol del programa económico en el nivel de actividad y la generación de puestos.

En ese sentido, resulta cuanto menos paradójico que el Gobierno de Javier Milei pretenda con la nueva normativa modificar lo que fue directamente potenciado por el programa económico que implementa desde diciembre del 2023. 

¿Qué muestran los datos? Mientras el argumento liberal sostiene que “nadie contrata” debido al actual sistema laboral, y que la solución pasaría por una reforma "modernizadora" lo cierto es que las cifras oficiales muestran que la mayor desregulación laboral no crea empleo: un antecedente claro es entre 1990-2001 cuando la reforma menemista redujo las Contribuciones Patronales y privatizó la Seguridad Social pero la desocupación pasó del 7,5% al 20% y la informalidad llegó al 43%. A diferencia, entre 2003-2015 (reactivación económica, estatización AFJP) se generaron 3,1 millones de puestos de trabajo registrados privados y la desocupación se redujo (6%). Más cerca en el tiempo, entre 2016-2019 en el macrismo (destrucción aparato productivo, beneficios impositivos para grandes empresas y fomento de contrataciones precarias) se perdieron 276 mil puestos de trabajo registrados privados y el desempleo pasó de 5,9% a 10%, mientras que luego de la pandemia por Covid, en 2022 la reactivación económica permitió la creación de 360 mil puestos de trabajo (desocupación del 6,9%).

A su vez, en lo que va de la gestión libertaria el mercado de trabajo alcanzó un nivel de desempleo más elevado, se consolidó un mayor subempleo, el empleo no registrado tocó niveles históricos y se generalizó el pluriempleo.  De hecho, tras los cambios laborales implementados con la “Ley Bases” en 2024 (mayor periodo de prueba, categoría de colaboradores “independientes”, fondos de cese laboral optativos) lejos de crear fuentes de trabajo, el último dato oficial difundido recientemente (SIPA, sep/25) indicó que se perdieron más de 280.000 puestos de trabajo asalariados registrados, con particular destrucción en el sector privado (-187.000 puestos), seguido del empleo público (-70.000) y en casas particulares (-27.000). Solo este año la pérdida ascendió a 86.000 empleos registrados.

Asimismo, el cierre de empresas no encuentra freno y en los últimos 22 meses llegó a 19.114, según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. De acuerdo a las estimaciones del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) “la actividad industrial –principal generadora de empleo registrado- aún se encuentra estancada (en los mismos niveles del cuarto trimestre 2024 y en torno a un 10% por debajo de 2022 y 2023)”. Un dato clave de dicho relevamiento exhibió que 21% de las empresas redujo su dotación de personal, aumentó el uso de medidas como reducción de turnos (23,5%) y las suspensiones (7,7%).

¿Qué es lo que más preocupa a las empresas?  Según la propia UIA, la demanda interna es mencionada como principal preocupación de las firmas (40% del total), muy por arriba de costos. Un informe de la consultora C-P refirió sobre ello que el salario real del sector privado registrado muestra un estancamiento en 2025. “Sin modificaciones en el costo no salarial, los costos laborales disminuyeron sensiblemente respecto a 10 años atrás, aún así, la dinámica del empleo, lejos de mejorar, empeoró”, precisaron.

Esto ocurre en un escenario donde si bien la economía volvió a mostrar crecimiento en septiembre: 0,5% mensual y 5% interanual, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC, lejos de señalar una recuperación, la cifra confirmó la instalación de una tendencia que ya atraviesa buena parte del 2025: una economía que no cae, pero tampoco avanza, sostenida en pocos sectores ganadores mientras el resto se hunde.

¿Cómo se explica entonces la mejora económica? La clave está en la composición: más del 65% del crecimiento del EMAE proviene de Impuestos e Intermediación Financiera, dos sectores que no crean empleo y que compensan la profunda caída del aparato productivo. Los sectores de mayor intensidad laboral siguen en terreno negativo, mientras que las ganancias se concentran en petróleo, minería, servicios financieros y ramas exportadoras. “Sacando intermediación financiera e Impuestos netos de subsidios, la actividad económica estaría en los mismos niveles de noviembre de 2023”, señaló un informe de C-P que analizó el impacto en la actividad si se excluyen ambos sectores. 

De hecho, el economista y ex asesor de Milei, Carlos Rodríguez, coincidió en que “los datos del INDEC demuestran que los sectores básicos de la economía- Comercio, Industria y Construcción- están retrasados respecto del promedio (EMAE) y el sector más favorecido es la Actividad Financiera”, según publicó en la red social “X”.

De esta manera y pese a que resulta evidente que el modelo económico no logra crear empleo, la administración libertaria buscará ahora profundizar aún más el esquema vigente con una nueva reforma laboral que, si bien es presentada como “modernizadora” en la práctica profundiza problemas estructurales que ya existen: destrucción de puestos formales, caída del salario, precarización y debilitamiento del sistema jubilatorio.

Objetivos de fondo: ajuste en derechos, accionar sindical y seguridad social

“Un ataque del capital contra el trabajo en toda la línea”, así definió al proyecto de reforma un documento presentado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma. Según entienden el objetivo central es “avanzar sobre todas las dimensiones de las relaciones laborales y fortalecer la posición de los empleadores”. ¿Qué busca realmente el gobierno de Milei? Es posible destacar tres ejes principales que moldean el proyecto libertario. 

• Primer eje: eliminación de derechos laborales y una mayor transferencia de recursos del trabajo al capital

A través de cambios en la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744) se fomenta una mayor flexibilización laboral. Por ejemplo: establece bancos de horas –en reemplazo de horas extras- definidos de manera unilateral por los empleadores, el fraccionamiento de vacaciones, otorga mayores facilidades para la tercerización, habilita la reducción salarial de trabajadores que se reincorporan luego de una enfermedad o un accidente inculpable, reduce la indemnización por despido y limita acciones judiciales. El periodo de prueba se extiende de un mes a seis para empleadas domésticas. Por el lado de los trabajadores de plataformas, se los excluye de la Ley de Contrato de Trabajo por lo que no podrán gozar de derechos laborales. Asimismo, el proyecto elimina el Estatuto del Periodista, la Ley de Viajantes, y la Ley de Teletrabajo. Se invierte la regla que presume la existencia de contratos de trabajo para que el uso del monotributo y los contratos de locación sean considerados legalmente relaciones civiles, aunque se trate objetivamente de relaciones de trabajo. Se limita el principio de “norma más favorable para el trabajador”.

“No existe evidencia de que la flexibilización de las condiciones de trabajo genere mejoras en los niveles de empleo. Más bien, todos los cambios propuestos llevan a un empeoramiento de los derechos individuales y así la calidad del empleo formal”, planteó sobre ello un informe de los economistas Federico Pastrana y Pablo Moldovan, directores de C-P consultora.

Un punto clave tiene que ver con la creación del Fondo de Asistencia Laboral que recupera la idea de Fondo de Cese laboral, pero a diferencia de la Ley Bases, lo instituye con carácter obligatorio. En este caso los empleadores deberán aportar un 3% de la masa salarial que será financiado por el Sistema Previsional, es decir que se redirecciona el porcentaje de las contribuciones patronales que iba a la Seguridad Social para tal Fondo que se utilizaría para el pago de las indemnizaciones por despido. En otras palabras, el Estado deja de recaudar recursos y se hace cargo de los costos de los despidos que ahora corresponden a las empresas. El proyecto también incluye una reducción del aporte patronal a las obras sociales (pasa del 6% al 5%), por lo que de un día a otro cambiarán de manos 4 puntos de la masa salarial total. 

“Una primera aproximación indica que se trataría de entre 2000 y 2500 millones de dólares al año que los trabajadores les transfieren a los empleadores. Además, quienes administren los recursos del Fondo de Asistencia Laboral podrán cobrar una comisión que será determinada por la reglamentación. Una verdadera AFJP de los despidos” alertaron los investigadores Luis Campos, Jimena Frankel y Mariana Campos del IEF-CTA. A su vez, de acuerdo con estimaciones del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD-EIDAES-UNSAM) esa rebaja de contribuciones patronales alcanzaría para cubrir el haber mínimo más el bono de alrededor de 500 mil personas jubiladas durante un año a valores de diciembre de 2025.

• Segundo eje: se limita el accionar sindical y amplia la discrecionalidad empresarial

En concreto, el gobierno pone en el centro de la discusión el modelo sindical y busca limitar su accionar, para evitar resistencia al recorte de derechos. Por una parte, casi todas las actividades son consideradas servicios esenciales o de importancia trascendental, lo que implica que, durante una huelga, los trabajadores tengan que garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75% del que corresponda para un día normal. Sin importar si el conflicto surge por un incumplimiento patronal de las condiciones de trabajo. El proyecto expresa que lo mismo aplica en caso de una huelga nacional. Como consecuencia, según estimó el CETyD, el porcentaje de asalariados registrados con derecho a huelga restringido pasa del 7% al 43% del total. 

Asimismo, por el lado de la negociación colectiva, se otorga primacía al convenio por empresa o región, por sobre el convenio por actividad o nacional. “El objetivo es obligar a renegociar todos los convenios desde cero y en los ámbitos más descentralizados que se pueda”, advirtieron desde la CTA Autónoma. “En lugar de promover la actualización de los convenios que no han sido actualizados mediante ámbitos tripartitos (Estado, cámaras y sindicatos) se propone su debilitamiento y la eliminación de su vigencia como mecanismo de obligar su renegociación, con el Ejecutivo con poder de veto”, agregaron desde C-P.

En esa línea, se pretende eliminar un piso de salarios que ya está muy bajo. "La descentralización de la negociación colectiva que promueve la reforma permite que a nivel de las empresas se fijen salarios inferiores y condiciones laborales peores a las acordadas a nivel sectorial”, señalaron desde la UNSAM. El texto de la reforma permite el pago de aumentos salariales "por mérito" por fuera de la negociación colectiva y prevé la posibilidad de que el salario "debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera” y hasta “en especie, habitación o alimentos”. También habilita la posibilidad de que el sueldo se deposite en entidades no bancarias.

Además, se debilita la ultraactividad -que es la vigencia del convenio anterior hasta la firma de uno nuevo- ya que solo quedan ultra-activas las cláusulas normativas (las que refieren a las condiciones de trabajo) pero cuando vence el convenio, caen todas las cláusulas obligacionales (las que refieren a la organización sindical). El panorama se complementa con cambios en la regulación de las asociaciones sindicales a partir del castigo a las asambleas, descuentos salariales por participar de acciones sindicales y penalización de la acción sindical. En la mayoría de los casos será necesario contar con autorización del empleador y se deja claro que durante su realización no se devengan salarios, ni siquiera cuando son la reacción a un incumplimiento patronal.

Por el lado de los empleadores dejan de estar obligados a ser agentes de retención. En relación, sólo podrán retener las cuotas de afiliación (no incluye los aportes de solidaridad -trabajadores no afiliados que aportan por el hecho de beneficiarse de los salarios y las condiciones laborales que negocia el sindicato- a menos que los trabajadores den su expresa conformidad). Así, se impide el mecanismo de recaudación, que requerirá consentimiento del trabajador y acuerdo colectivo. Además, el Estado debe convalidar cada afiliación. Llamativamente, el consentimiento del trabajador no afiliado no se exige cuando los aportes se establecen en convenios colectivos de empresa, lo que implica una invitación a ir hacia este nivel de negociación. De esa manera promueve también la formación de sindicatos de empresa.

Además, del lado empresarial, se insiste en mecanismos que no tuvieron efectos positivos en el pasado como la condonación de deudas por empleo no registrado (blanqueo) pese a que en 2024 sólo logró formalizar al 0.003% del empleo no registrado (alrededor de 16 mil puestos sobre un total de 5.8 millones de asalariados informales), según el documento realizado por Matías Maito, Juan Ottaviano, Carlos Tomada, Lilia Alonso, y Julián Hofele del CETyD. De igual modo, “la baja del Impuesto a las Ganancias empresariales e Impuestos Internos afectará la recaudación, con dudosos resultados en la actividad económica”, sumaron desde C-P.

• Tercer eje general tiene que ver con el desfinanciamiento de la Seguridad Social

La reducción del 3% de las contribuciones que los empleadores realizan a ANSES afectará la capacidad para mejorar las prestaciones que otorga (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, entre las principales). Para los especialistas el IEF, “esto sienta las bases para una futura privatización del sistema con el argumento que es deficitario, estrategia similar a la impulsada antes de la creación de las AFJP”.

El antecedente de las AFJP enciende varias alarmas. “Los elevados gastos en comisiones y la volatilidad de los fondos en una macro inestable, especialmente respecto a los títulos públicos y otros activos locales, podrían atentar contra la estabilidad de los fondos por empresa.  Al mismo tiempo, los mayores beneficiarios de esta herramienta son las empresas que cuentan con mayor cantidad de despidos (mayores incentivos a la rotación laboral). Tampoco acá diferenciación entre grandes y MiPyMES, quienes serían las principales perjudicadas del sistema actual”, consideraron Pastrana y Moldovan.

Es la economía, estúpido

La apuesta por la reforma laboral no ataca los problemas actuales de actividad, empleo e ingresos que afronta nuestro país. “La informalidad está relacionada con el estancamiento y la baja productividad. La precariedad laboral reproduce la pobreza. La experiencia de rebaja de costos laborales muestra elevado costo fiscal con resultados nulos o limitados en el empleo. En los últimos años el costo laboral cayó y no mejoró el empleo registrado. Esta reforma no sirve para los problemas de la Argentina actual”, advirtió el documento de C-P al que accedió este medio.

Por su parte el economista Juan Graña integrante del Grupo Paternal, analizó en la red social "X" que “solo con crecimiento económico sostenido, fiscalización intensa y negociación colectiva se genera empleo privado de calidad y se distribuyen sus beneficios”. Para el especialista, “la solución no es legalizar lo que ya ocurre o convalidar lo que las empresas proponen porque hoy los ingresos están muy deprimidos, el pluriempleo abunda y la calidad no deja de empeorar. Necesitamos un debate amplio y honesto sobre nuestros problemas que son complejos y entrelazados con cuestiones impositivas y previsionales que aquí ni se debaten. Un debate a las apuradas -cómo pidió el Ejecutivo- y en este contexto económico solo busca consolidar el deterioro”, sentenció.

Por ultimo desde el CETyD señalaron que “los problemas del mercado de trabajo argentino no se resuelven con más desregulación. Para abordar ese desafío es preciso diseñar e implementar un entramado de políticas económicas, productivas y laborales que tengan como principal prioridad la generación de empleo de calidad. Y si bien ninguna reforma laboral podrá resolver por sí sola los problemas del mundo del trabajo, sí es necesario promover una actualización que contribuya a impulsar la productividad y la innovación tecnológica a través de la protección a los trabajadores y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales.”

La evidencia más clara al respecto es la salida de la crisis de 2001. En efecto, como una forma de minimizar los despidos y propiciar la recuperación del empleo, en enero de 2002 se instauró la doble indemnización (ley N° 25.561), que estuvo vigente hasta septiembre de 2007 (decreto 1224/2007), momento en el que el INDEC informó que la tasa de desempleo había caído por debajo del 10%.

En definitiva, detrás del discurso de la “modernización” laboral vuelve a imponerse una verdad tan simple como incómoda para el oficialismo: es la economía, estúpido. La frase, popularizada en una campaña presidencial estadounidense en 1992, sintetiza una idea clave que la evidencia argentina confirma una y otra vez: el empleo, los salarios y la formalización no dependen de la flexibilización de derechos, sino del nivel de actividad y del modelo de desarrollo. Sin crecimiento sostenido, sin recuperación del consumo y sin un aparato productivo que traccione a los sectores intensivos en trabajo, ninguna reforma laboral puede crear empleo de calidad. Persistir en la desregulación en un contexto de estancamiento y caída del salario no resuelve los problemas del mercado laboral argentino, por el contrario, los consolida y los vuelve estructurales.

Por Eugenia Rodríguez / El Destape