A partir del 12 de septiembre el Senado de la Nación implementará el Sistema de Control de Presentismo por Datos Biométricos en sus instalaciones, por el cual los empleados de planta permanente y transitoria deberán registrar su ingreso y egreso mediante lectores de huella digital. Se trata de una nueva medida de la cruzada "anti ñoquis en el Estado" que lleva adelante el Gobierno libertario. 

La titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, firmó este lunes un Decreto Presidencial que incluye esta medida "anti ñoquis" para combatir una práctica recurrente en muchas oficinas públicas que consiste en no concurrir al lugar de trabajo (o incumplir con la totalidad de la jornada laboral) sin perjuicio del pleno goce de haberes.

Ingreso con huella digital en el Senado
Según recordó Noticias Argentinas, el proceso de readecuación tecnológica se inició con la instalación de diez dispositivos de identificación de datos biométricos, en las dependencias del Senado, en virtud de lo cual entre el 10 de junio y el 16 de julio un total de 3.507 empleados registró su huella digital.

Quedan exceptuados de este nuevo sistema "los empleados de los despachos de los senadores que presten sus servicios en los bloques de cada partido político, choferes y el personal que trabaja en el área de taquigrafía", indica la mencionada normativa.

En tanto, se dispuso que en caso de que los dispositivos electrónicos de identificación para registrar el presentismo no se encuentren funcionando correctamente, los empleados deberán firmar una planilla de asistencia aprobada tanto al ingreso como al egreso de la jornada laboral.

Dicha planilla será evaluada por el Departamento Control de Asistencia dependiente de la Dirección de Administración de Personal.

La medida es un paso más del gobierno de La Libertad Avanza para reducir el gasto del Estado y el déficit, tratano de registrar los casos de empleados "ñoquis" que no concurren a trabajar pero cobran un sueldo como empleados públicos. 

Vale la pena mencionar que la primera de esas medidas fue exigir a los empleados del Estado Nacional el regreso a la presencialidad plena como modalidad de trabajo. Se suspendieron también las renovaciones de contratos de quienes trabajaban en todos los sectores desde 2023. A eso se sumaron planes de retiro voluntario en distintos organismos y empresas controladas, como Aerolíneas Argentinas, y despidos. 

En consecuencia, días atrás el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) denunció que las posiciones en el sector público habían decrecido en alrededor de 36.000. A la vez, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) denuncia que podrían llegar a 70.000 los despidos en organismos públicos.

Nota:iprofesional.com