Nadie investigará, al menos por ahora, la maniobra para borrar o impedir el acceso al contenido de los celulares de las dos colaboradoras del diputado del PRO Gerardo Milman que estaban con él cuando un testigo lo escuchó decir dos días del atentado a Cristina Fernández de Kirchner la frase "cuando la maten yo estoy camino a la costa". Una de ellas había declarado bajo juramento que fueron llevadas a una oficina de Patricia Bullrich donde un perito vació su teléfono, mandó a su compañera a comprar otro aparato Iphone y modificar su clave y manipuló también el de Milman. La decisión de que no se practiquen medidas de prueba para esclarecer si hubo una operación para eliminar evidencias fue tomada por la Sala I de la Cámara Federal, que rechazó un reclamo de la querella de la expresidenta, con los votos de Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.

Los fundamentos del tribunal generan una encerrona. Bertuzzi dice que el borrado no implica "corroborar de forma necesaria su relación (la de Milman) con la participación en el atentado, frente a la ausencia actual de otros elementos que así lo sugieran". Vale aclarar que no hay una causa aparte donde se investigue un posible encubrimiento ni el camarista hizo ninguna denuncia. Bruglia señala en consonancia con otro planteo de Bertuzzi, que hay que terminar medidas, en referencia al análisis de un celular que aportó el diputado (en un gesto de supuesta colaboración), que es un modelo de Iphone 14 que se sabe que es posterior al atentado y que comenzó a usar dos meses después. Otro aparato dijo que lo perdió en una mudanza. La querella advirtió que no hay tecnología disponible para extraer la información del que entregó. Lo mismo pasa con el teléfono que queda pendiente de análisis de una de las secretarias, Carolina Gómez Mónaco. Llorens no quiere ninguna prueba más. Ni siquiera el celular de Milman. 

Los camaristas avalaron en esos términos la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. Este último había rechazado las medidas relacionadas con el borrado con el argumento de que en los celulares no se había hallado nada relevante, lo que era esperable si fueron vaciados o impedido el acceso y es la razón por la que la querella reclama que se investigue. Capuchetti avaló al fiscal, agregó que no está acreditado el relato de Abello y que las asesoras de Milman no confirmaron la frase. El tribunal tuvo en cuenta que la jueza denunció a Abello por presunto falso testimonio a pedido del diputado acusado.

Ante la Cámara, uno de los abogados del diputado del PRO intentó jugar como carta a su favor la existencia de ese expediente, a cargo del juez Julián Ercolini: dijo que en el celular de Abello no se halló un mensaje que le había mandado el día del atentado al exdiputado Marcos Cleri, donde le contaba la escena y la frase de Milman. Sin embargo, no dijo que ese chat está en poder de Rívolo, certificado por una escribanía, con la declaración testimonial de Cleri, a quien le dijeron en la fiscalía que no hacía falta que entregara el celular. Es más: el peritaje reveló que sí hay un audio que confirma el chat anterior. 

Pista política

Toda esta discusión está relacionada con la "pista Milman", una línea de investigación sobre el atentado a CFK que quedó en manos de la jueza Capuchetti y Rívolo, quienes elevaron a juicio oral solo a los acusados como autores materiales del hecho (Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo), que son juzgados en la actualidad. Es una posible conexión política con el hecho, no la única. Tiene relación con lo que declaró el testigo Abello que le escuchó decir al diputado y exjefe de campaña de Bullrich en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso, pero también con proyectos que había presentado Milman en la Cámara de Diputados antes del ataque a la exvicepresidenta, el mismo día del atentado y después. El eje eran pedidos de información sobre la custodia de Cristina y hasta un anuncio --dos semanas antes del intento de magnicidio-- de que habría "un falso" ataque hacia ella.  

¿Qué pasó con esta pista? Primero la jueza le dijo a los abogados que representan a CFK --Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira-- que no habían encontrado nada en las filmaciones de Casablanca. La querella se puso a buscar y encontró las imágenes del diputado en el bar a la hora señalada por Abello con dos mujeres que resultaron ser sus asesoras. Ellas mintieron: dijeron que no habían estado ahí. Cuando les mostraron el video se acordaron. Luego discreparon sobre el viaje de Milman a la costa, anunciado en sus redes sociales. Ninguna recordó que haya dicho "cuando la maten yo estoy camino a la costa". La jueza, pese a la insistencia de Aldazabal, no quiso secuestrarles los celulares. Lo hizo más de un mes después, bajo órdenes de la Cámara. 

Para ese entonces, según testificó una de las mujeres, Ivana Bohdziewcz, habían ido a borrar (en noviembre de 2022) su contenido a una oficina de Bullrich. A su colega Gómez Mónaco la mandaron a comprar un aparato y cambiar la clave para perder el acceso a la información. El teléfono de Milman, según la chica, también habría sido alterado. El perito sería Jorge Teodoro, nombrado por Bullrich en el Ministerio de Seguridad actual. Pero no fue aceptada ninguna medida para corroborar eso ni todo lo que la chica relató que habría sucedido.

La situación actual es que: no avanza el análisis pendiente de los celulares de Milman y sus colaboradoras, no se secuestraron otros dispositivos de Milman y la Cámara dice que no hay que investigar por ahora como se borró la prueba existente. "Los fundamentos de la resolución muestran lo que hemos planteado por mucho tiempo desde la querella: hay una reticencia a investigar las pistas que van más allá de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo. La Cámara arguye que es necesario esperar al resultado de los peritajes de los celulares de Milman y Gómez Mónaco para avanzar con la pista Milman, pero es de público conocimiento que, además de que son posteriores al atentado, no es posible desbloquearlos con la tecnología actual. Además, que una prueba esté pendiente no obsta a que se pueda avanzar con otras. De lo contrario, cualquier peritaje paralizaría un caso penal", dijo Aldazabal a Página/12. 

El tribunal, además, reprendió al abogado Ubeira quien había dicho en la audiencia, entre otras cosas: "No hay voluntad, no hay interés, es casi pornográfico que tengamos que venir por cuarta vez a pedir que se hagan medidas de prueba que debían haberse hecho sin ningún tipo de consulta". "Lejos de advertirme, los camaristas deberían comprometerse con la averiguación de la verdad, nunca les falté el respeto. ¿Cómo afirmar si Milman está o no implicado si no lo quieren investigar? Frente a las manifestaciones de Bohdziewicz es natural que se identifique al perito que menciona y se investiguen las conductas de todos, pero el tribunal rechaza algo elemental", dijo Ubeira. La querella irá con un recurso ante la Cámara de Casación Penal.

Sabag Montiel y "otros partícipes"
 
Sabag Montiel cumplió dos años preso el domingo último, el tiempo transcurrido desde que intentó matar a CFK. Con el argumento de que es el plazo máximo para las prisiones preventivas --aunque puede ser prorrogable-- le pidió al Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), que lleva adelante el proceso oral, su excarcelación. Los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, rechazaron el reclamo porque consideran que hay peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. No solo es que el juicio está en pleno desarrollo y quedan unos 200 testigos. Fueron categóricos al señalar que "están pendientes algunas medidas de prueba relevantes como ser un peritaje consistente en una operatoria de rooteo y posterior extracción física del contenido del teléfono celular" de Sabag Montiel. Hasta ahora solo se conocen conversaciones suyas halladas en otros celulares, pero no se sabe qué hay en el que usaba él. El tribunal también hizo hincapié en que hay "líneas de investigación pendientes", además de "aquellas que eventualmente pudieran surgir (...) orientadas a comprobar la existencia de otros posibles partícipes y/o autores intelectuales de la maniobra investigada”. 

Cuando todavía la representaba el abogado Carlos Telleldín, Uliarte presentó un escrito sobre el que no se avanzó, donde vinculaba a Sabag Montiel con la organización violenta Revolución Federal y sugería que se comunicaba con una mujer del entorno de Milman. La chica sostuvo que hacían pagos de poca monta a quienes fueran a insultar y provocar violencia contra el kirchnerismo y la entonces vicepresidenta. La causa sobre Revolución Federal jamás se unificó con la del atentado (Capuchetti y la Cámara lo rechazaron). Algunos de sus miembros están procesados por incitación a la violencia: desplegaban acciones agresivas en las calles y sus integrantes hablaban en Twitter Spaces sobre cómo matar a CFK. Pero no hubo una definición sobre los pagos por más de 15 millones de pesos que hizo Caputo Hermanos a uno de los referentes, Johnatan Morel, desde el día que la organización salió a la calle con antorchas hasta el atentado. 

En su propia indagatoria en el juicio Sabag Montiel dijo que había ido con Brenda a una marcha de las antorchas de esa organización frente a la Casa Rosada. Es más: contó que él le había sacado una foto que ella subió a Instagram allí. Este diario revisó filmaciones de esa manifestación y salta a la vista que hay participantes que hasta ahora no fueron identificados/as y que sobresalen por su papel activo en arrojar pirotecnia, como una llamativa mujer de larga colita de pelo rubia y gorra negra con visera, que prende bengalas de distinto tipo mientras explota adelante suyo un tacho del estilo de los fuegos artificiales conocidos como "50 tiros". Una persona que filma se sorprende por el material que utilizan: "eso cuesta una fortuna". En la misma secuencia aparece Morel y enciende antorchas de gente que se pone en ronda, que son arrojadas a la explanada de la casa de gobierno sin que ningún policía detenga el peligro.

Por Irina Hauser / P12