En los últimos años, hemos sido testigos de la consolidación de una corriente de pensamiento global que se ha arraigado en el sentido común a través de las redes sociales, de economistas mediáticos, de periodistas complacientes y especialmente impulsada por una élite de multimillonarios. Estos magnates, en su mayoría vinculados a las nuevas tecnologías, como Elon Musk (Tesla-Starlink), Travis Kalanick (Uber), Jeff Bezos (Amazon) y, en el ámbito local, Marcos Galperín (Mercado Libre) son considerados “benefactores sociales” porque innovan y generan empleo. Su habilidad para acumular riqueza y aplastar a la competencia se interpreta como una influencia positiva en la sociedad. En contraposición, encontramos al Estado con sus impuestos y regulaciones siendo, para quienes abrevan en este paradigma, la raíz de todos los problemas. Cualquier intento de cuestionar esta visión se atribuye a la envidia o, simplemente, a un deseo de obtener o mantener privilegios del Estado. Sin embargo, estas ideas no son novedosas, sino que consolidan su hegemonía a partir de la emergencia liberal de fines de los ‘70 y la posterior caída de la URSS.

El laboratorio libertario argentino

Desde la asunción de Javier Milei, la Argentina se convirtió en un verdadero laboratorio libertario. Entre todas las reformas y desregulaciones planteadas queremos detenernos en las que tendrán un notable impacto en la progresividad tributaria.

La primera de ellas es la fuerte reducción del Impuesto sobre los Bienes Personales (BBPP), siendo un tributo fuertemente progresivo que grava la riqueza patrimonial de las personas físicas, mejorando la distribución e incentivando la reinversión de los excedentes de las empresas.

La reforma propuesta por el gobierno libertario va en sintonía con la política implementada durante el período 2016-2019: una reducción de alícuotas y un aumento del piso a 100 millones de pesos y la deducción por vivienda familiar a 350 millones de pesos de valor fiscal. En materia de reducción de alícuotas, la ley votada en el Congreso establece una reducción progresiva de alícuotas hasta el 2027, quedando establecida, a partir de allí, una alícuota del 0,25% para todas las escalas. Este último punto es significativo. Hasta ahora, las alícuotas iban del 0,5% al 1,75% para bienes en el país; y del 0,7% al 2,25% para bienes en el exterior. Esto significa que los cambios introducidos benefician mayormente a los segmentos más altos de quienes pagan BBPP —los más ricos entre los ricos—, que verán reducida su carga tributaria en hasta dos puntos porcentuales. En cambio, a los segmentos más bajos se les reduce la alícuota en 0,25 puntos porcentuales.

Además, la ley crea un régimen especial que permite adelantar el pago de este tributo hasta 2027 con una alícuota especial (0,45%), comprometiendo ingreso fiscal futuro y otorgando al contribuyente estabilidad fiscal por los próximos 15 años, como reaseguro ante la posibilidad de un futuro gobierno que pretenda revertir esta reforma. La frutilla del postre es la tasa preferencial que otorga el régimen a quienes adhieran al blanqueo de capitales, lo que nos lleva al próximo punto.

Pocas veces se ha visto un blanqueo de capitales con tantos beneficios para los incumplidores, entre los que se incluye tasa 0% para blanquear hasta 100.000 dólares, y sin tope en caso de mantener los fondos depositados en cuentas especiales hasta diciembre de 2025 o dirigir los fondos a inversiones determinadas por el Ministerio de Economía. Para el resto de los casos, la alícuota para quienes ingresen con más de 100.000 dólares es del 5%.

En este blanqueo no se requiere ingresar las divisas al país ni se pregunta la procedencia de los fondos, lo que puede habilitar el blanqueo de sumas obtenidas a través de actividades ilícitas. Por eso, el proyecto oficialista encendió las alarmas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo internacional cuyo objetivo es establecer un piso de regulaciones y normativas que impidan la circulación del dinero proveniente del narcotráfico y el terrorismo.

La inequidad en el desarrollo federal

Existe otra dimensión adicional en materia de equidad distributiva y es el enorme recorte que viene haciendo el gobierno en materia de transferencia a las provincias. Este ajuste tiene tres dimensiones simultáneas:

• un ajuste superior al 90% durante el primer semestre del año en la mayoría de las partidas vinculadas a la obra pública, según el CEPA (La ejecución presupuestaria de la administración pública nacional: 1° semestre 2024);
• una paralización casi total de las transferencias no automáticas del Tesoro Nacional a las provincias (Transferencias a las provincias y municipios durante el primer cuatrimestre 2024. CEPA. Mayo 2024), y
• una caída interanual real del 24% de los Recursos de Origen Nacional (RON) de las provincias, y del 20% de los recursos de la Coparticipación Federal, sobre la base de una sensible caída de la recaudación de IVA y Ganancias, según datos del CEPA (Transferencias a las provincias por recursos tributarios de origen nacional y transferencias de coparticipación. CEPA. Junio 2024).

Esto implica un triple golpe a las finanzas provinciales que no puede ser subestimado dado que, en promedio, la suma de la coparticipación federal y el resto de RON implica el 70% de los ingresos provinciales. Sin embargo, la dependencia de los recursos nacionales es mayor entre las provincias con un menor desarrollo económico. De esta forma, por ejemplo, la provincia con mayor dependencia es Formosa, ya que el 92% de sus ingresos totales son de origen nacional, y el distrito con menor dependencia es la Ciudad de Buenos Aires, con tan sólo 12% de recursos nacionales.

Así, a pesar de una gran necesidad de nueva infraestructura, las provincias más rezagadas no recibirán inversión privada ni pública ante el retiro del Estado nacional, lo cual no hará más que profundizar las desigualdades en el desarrollo de las distintas provincias del país.

Como decíamos, estas políticas que implementa el gobierno libertario no son nada nuevo, sino que están basadas en una serie de mitos liberales con más o menos arraigo. En todo caso, el mérito que le cabe a Javier Milei es haber logrado popularizarse entre los sectores que son justamente los más perjudicados; es decir, construir legitimidad política convirtiendo a los mitos liberales en políticas viables. Veamos algunos de ellos.

El mito de la austeridad

El liberalismo afirma que el Estado es como un hogar donde en tiempos difíciles hay que apretarse el cinturón. Sin embargo, los gobiernos no son hogares porque tienen opciones de política que van mucho más allá de la gestión personal del presupuesto y la reducción de gastos en este. Además, la recaudación del Estado no puede determinarse independientemente del nivel de actividad económica y del gasto. Los recortes en el gasto público en este contexto conducen a un aumento del desempleo y a una reducción de la actividad económica, lo que a su vez disminuye los niveles generales de demanda del consumidor y los ingresos gravables derivados del trabajo, desencadenando más rondas de recortes de gasto público.

El mito de los impuestos y la inversión

Muchos gobiernos presentan las rebajas de impuestos para los ingresos altos y las ganancias corporativas como algo que impulsa la actividad económica y la inversión. Esta noción se basa en la hipótesis de la “Curva de Laffer” y en la noción teórica popularizada como “teoría del derrame” de que, si se bajaban impuestos a los ricos, se acabaría beneficiando también al resto de la población porque ese dinero se invertiría, impulsando así la economía, el empleo y los salarios. La curva relacionaba la recaudación con la tasa y dejaba como enseñanza que niveles impositivos altos tienen efectos contraproducentes en la recaudación. Reagan, Nixon y Trump adoptaron el argumento para justificar las rebajas de impuestos afirmando que, de esa forma, los ingresos aumentarán.

Sin embargo, no solo es un argumento utilizado por gobiernos de derecha, sino también otros como José Luis Rodríguez Zapatero, quien afirmó en 2003 que “bajar impuestos es de izquierdas”. Quizás Margaret Thatcher tenía razón al decir: “Mi mayor logro es que hemos obligado a nuestros oponentes a cambiar de opinión”.

Los economistas británicos David Hope y Julian Limberg realizaron un estudio longitudinal para la London School of Economics (LSE) sobre las reformas impositivas que habían realizado casi dos decenas de países entre 1965 y 2015. Así surgió que la tasa máxima del impuesto sobre los ingresos de los más ricos de Estados Unidos pasó del 91% al 37% y en el Reino Unido del 95% al 40%. Los efectos que detectaron fueron cercanos a cero. Es decir, las economías de los países que bajaban impuestos no habían generado un mayor crecimiento económico añadido ni habían creado más empleo. La evidencia de que menores impuestos al capital estimulan la inversión es también muy escasa: lo que observamos, más bien, es que el periodo de reducción de impuestos ha sido también un periodo de estancamiento de la inversión. Simplemente, hicieron más ricos a los ricos.

Un mito similar está relacionado con la imposición de impuestos a los inversores extranjeros; no hay evidencia de que la reducción temporal de impuestos afecte las decisiones de inversión. A los inversores les preocupan mucho más los factores económicos generales, como la disponibilidad de mano de obra calificada, la infraestructura, los recursos naturales y los mercados de consumo, que los incentivos fiscales temporales. En términos de tributación, lo que más les preocupa a los inversores es la previsibilidad del sistema tributario general —como la base imponible o las alícuotas impositivas—, más que las exenciones fiscales, que pueden aparecer y desaparecer, y afectar con su volatilidad la rentabilidad y las operaciones de año en año.

El mito de la economía como un hogar

Un lugar común en el discurso de la economía mainstream consiste en afirmar que la economía es como un hogar y que, si los ingresos se reducen, también deben hacerlo los gastos. Este argumento siempre olvida mencionar que, a diferencia de un hogar, los gobiernos pueden cambiar las políticas fiscales y, por lo tanto, la cantidad de ingresos que reciben en impuestos; y también impulsar políticas que eviten la fuga de capitales y los Flujos Financieros Ilícitos (FFI) que privan a la economía tanto de financiamiento como de impuestos para financiar el gasto público. Estos argumentos evitan mencionar el hecho de que la Argentina junto con México son los dos países que más financiamiento en forma de FFI pierden. Según el FMI, “estos flujos pueden drenar las reservas de divisas, (…) disminuir los ingresos tributarios y reducir los ingresos públicos. Desvían recursos del gasto público y pueden reducir el capital disponible para la inversión privada. Los flujos ilegales también pueden incentivar nuevas actividades criminales, socavar el Estado de derecho, erosionar la confianza en las instituciones públicas y amenazar la estabilidad política de un país”.

Un estudio realizado por la CEPAL (Flujos financieros ilícitos en América Latina y el Caribe, 2017) estimó que las salidas financieras ilícitas, originadas en la manipulación de los precios de transferencia, desde la región latinoamericana han ido aumentando con el tiempo. El acumulado de diez años hasta 2013 representó el 1,8% del PIB regional y el 3,1% del valor total de comercio exterior, lo que implica 765.000 millones de dólares. Una aproximación a los ingresos fiscales que se podrían percibir en caso de controlar y gravar estas actividades ronda el 0,5% del PIB regional. Además, las estimaciones arrojan que América Latina y el Caribe es la segunda región, después de África, donde mayores pérdidas se registraron.

El bimonetarismo y los flujos ilícitos

También, se encuentra poco explorada la relación entre la demanda de dólares, el carácter bimonetario de las economías latinoamericanas y los flujos ilícitos. Existe evidencia de que los flujos de evasión impositiva y salida de capitales se derivan a circuitos económicos alternativos o informales. Un ejemplo es el mercado inmobiliario, donde las operaciones se realizan triangulando con cuentas extranjeras o en dólares físicos. Basta consultar simplemente en inmobiliarias para verificar que se pueden realizar estas operaciones muy fácilmente, por lo cual no debería resultar llamativo que la Argentina ostente el récord regional en términos de evasión impositiva, y el cuarto lugar mundial en los casos de sobre o subfacturación de importaciones y exportaciones.

Nada nuevo bajo el sol….

En su versión de economista trash-mediático, como diputado y luego candidato presidencial, Javier Milei propuso un cóctel de dolarización, rebaja de impuestos y liberalización de todos los aspectos de la economía. Estas medidas, por sí mismas, generarían un shock de confianza, un impulso e incentivos tan grandes que la economía comenzaría a crecer inmediatamente. Sin embargo, su implementación es mucho menos innovadora: puede establecerse un claro hilo conductor entre la política monetaria de Martínez de Hoz, la convertibilidad, la economía macrista y el actual plan de Milei-Caputo.

Tanto la “tablita” de Martínez de Hoz, la convertibilidad y la política económica de Macri dependieron del ingreso de capitales especulativos, lo que llevó a un aumento significativo de la deuda externa. Lejos de atraer inversiones productivas, los modelos impulsaron procesos de apreciación cambiaria, con tasas de devaluación sistemáticamente por debajo de la tasa de interés, causando crisis significativas cuando los capitales se retiraron ante la reversión de los flujos. La imposición de un discurso, que en sus aspectos económicos se resume en una serie de mitos, es parte de la manipulación necesaria de las grandes mayorías que resultan sumamente perjudicadas. En definitiva, más allá de la viabilidad de su implementación, la construcción de este discurso tiene una función: generar legitimidad alrededor de la implementación de políticas que incrementen la rentabilidad del capital, atacando lo que queda de los Estados de bienestar, a nivel macroeconómico, y las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora, a nivel microeconómico.

Por Matti Kohonen * Director del Financial Transparency Coalition (FTC). Eva Sacco es directora del Área de Justicia Distributiva y Fiscal de la Fundación SES. Juan Pablo Costa es director del Observatorio de Economía Urbana del CEPA e investigador de la Fundación SES.