La crisis política, social, económica y cultural que atraviesa la Argentina y que provocó la llegada al gobierno de una extrema derecha, tutelada por un neoliberalismo clásico y ajustador, reconoce múltiples causas. Una de ellas, que en general no resulta ser del interés común de la información periodística, ni siquiera del ámbito educativo donde realmente pertenece, es la formación de ciudadanía.

Nos referimos a la formación y construcción de lxs ciudadadnxs, durante su paso por la escuela pública, en general, y por el nivel secundario, en particular, donde los procesos de construcción de ciudadanía en la Argentina y en América Latina han sido permanentemente un ámbito de disputas políticas e ideológicas a lo largo de nuestra historia independiente.

La escuela pública, principalmente, ha conocido distintos modelos de ciudadanía, que han obrado como fundamento de diferentes estrategias pedagógicas capaces de internalizar dicha formación como herramienta política en la búsqueda de hegemonía de los distintos gobiernos y dictaduras de turno. Así, se ha buscado naturalizar un tipo de discurso, contenidos, diseños curriculares y rituales escolares, en el imaginario social. “De esta forma, se promovió, implícita o explícitamente, una imagen de ciudadano, funcional a los intereses políticos y económicos de los sectores que detentaban el poder” (Oraison, Mercedes y otrxs, Construcción de la ciudadanía en el siglo XXI).

En un artículo anterior, habíamos afirmado, la conveniencia de modificar estructuralmente el nivel secundario de la educación, por diferentes razones. Entre ellas, la formación de ciudadanía aparece como un campo escasamente apto, actualizado y competente, para la formación adecuada de una ciudadanía y valores, en marcos de globalización hegemónica y asimétrica y del impacto producido por la amplia penetración de redes sociales formadoras, con las que interactúan niños y jóvenes.

En los contextos precedentes se comienza a desarrollar, a partir de un neocolonialismo explícito, un modelo de ciudadanía que persigue el Presidente Milei, que es la de una república restrictiva, autoritaria, que reserva el ejercicio del gobierno a una minoría privilegiada, limitando y condicionando la actividad política del Parlamento y reprimiendo la participación y el reclamo del resto de la población, a partir de una justificación del principio de desigualdad social y el avasallamiento de los derechos.

Además de los aspectos precedentes, las escuelas argentinas formarán desde la niñez y la juventud a personas que se eduquen en el individualismo, la competencia entre desiguales, el comportamiento especulativo, la productividad como central y única variable para el acceso al trabajo y al salario digno y la mercadocracia. Estos son los nuevos valores para ser naturalizados por una sociedad argentina, que ya disponía, previamente a la llegada de la extrema derecha al poder, de una fracción neoliberal adicta a semejante modelo.

La estrategia planteada por el gobierno del Presidente Milei, y su ministro de Economía, Caputo, ha sido la de sobredimensionar una crisis que él mismo profundiza, hasta llegar a una depresión económica, que justifique, por un lado, la destrucción del Estado como herramienta de la inclusión social y, por el otro, la pérdida de derechos de lxs ciudadanxs. 

En dichos contextos, y frente al negacionismo de la historia y la memoria expuesto por el Presidente y la Vicepresidenta Villarruel, que atacan, a la vez, principios, valores y representaciones del campo nacional y popular, en las escuelas, a la formación de la ciudadanía se le plantea un desafío inédito para el que deberán prepararse.

Sobre todo, frente a un gobierno que propone una reforma constitucional encubierta, cuyas pretensiones “alberdianas” pasan por alto que Alberdi, filósofo y jurista argentino, inspirador de la Constitución nacional de 1853, se desempeñó, hace 170 años y en una argentina con 14 provincias y, aproximadamente, 1.800.000 habitantes, situación bastante diferente a la actual. Planteaba, además, la construcción del mismo Estado y nación, que el Presidente Milei y sus seguidorxs se proponen destruir en el siglo XXI (Halperín Donghi, Una Nación para el Desierto Argentino).

En relación con la educación, el gobierno libertario, ha eliminado, por Decreto N.º 280/24, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), garantizando, sin embargo, y con la entrega de vouchers, a lxs alumnos de las escuelas privadas, el pago de las cuotas mensuales. Dicha actitud demuestra sus claras preferencias de ampliar la subsidiariedad a la educación privada.

El Estado argentino abandona la inversión en la educación pública, protegiendo y financiando, a su vez, la clientela de las escuelas privadas, a modo de evitar que estas, deban cerrar sus puertas por falta de pago, frente a la crisis que atraviesan los bolsillos de la comunidad. No importa que la escuela pública, las universidades y sus docentes no puedan trabajar, ni completar los cuatrimestres previstos por los bajos presupuestos que el Presidente  Milei destina a la educación pública de todos los niveles de la educación.

Construir ciudadanía

Los modelos vigentes de una formación de ciudadanía no están alcanzando, como tampoco los tiempos que les dedica nuestra educación pública. Dicha formación debe estar estrechamente asociada con la estimulación de pensamiento crítico y deberá apuntar a la formación en capacidades, como para ejercer un acompañamiento y legitimación de la práctica permanente de la política, así, como aspirar al ejercicio de la participación de la sociedad civil en la propuesta y diseño de las políticas públicas.

“Desde 1983, la democracia argentina se reconstituyó, sobre el modelo representativo y partidocrático, que había consolidado en el período de formación del Estado nacional. Se mantuvieron, en consecuencia, diferentes mecanismos de restricción de la participación, delegando en diversas instancias de representación, la mayor parte de las decisiones públicas. A medida que se avanzaba en el proceso de consolidación democrática, dichos mecanismos de intermediación se fueron aceitando, y perfeccionando en su función de limitar la participación de las bases” (Oraison, Mercedes y otrxs, Construcción de la ciudadanía en el siglo XXI). Por supuesto que hubo brevísimas excepciones, en términos de proceso, como fueron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, aunque la movilización del ciudadano/a militante no alcanzara a revertir el planteo precedente.

En los últimos años, a juzgar por el 57,4% de pobreza en la Argentina, y por el arribo al gobierno de la ultraderecha política, este modelo de participación no ha funcionado, y es necesario plantear desde distintos ámbitos alguna posibilidad de cambio.

Es necesario construir, desde la escuela, una ciudadanía ampliada, diversa, que evite la consolidación, de la sociedad, en una masa obediente, tutelada y dócil a cualquiera de las expresiones políticas conocidas o no.

Desde la escuela pública, nos ha parecido que la construcción de una ciudadanía diferente a la actual debe apuntar a la formación de sujetos participantes y defensores de la soberanía, que dispongan, además, de competencias éticas y comunicacionales, por ser la comunicación, el medio para resolver conflictos y producir normas para una convivencia democrática, de permanente búsqueda de consensos, cooperativa, solidaria y en marcos de inclusión y justicia social.

En este sentido, el diálogo, el discurso argumentativo y fundado, aparece como la clave para la práctica de la intersubjetividad y de la interculturalidad, aspecto, este último, con los que la escuela argentina está en deuda.

La Argentina atraviesa momentos que exigen a la totalidad de la ciudadanía contar con posibilidades reales como para legitimar el discurso político, no solo a partir del voto, sino abriendo canales de participación, formales e informales, capaces de vincular a lxs ciudadanxs comunes con la sociedad política, algo que hoy no se verifica, por lo menos, suficientemente.

La sociedad participante requiere de ámbitos que se constituyan en cajas de resonancia de la sociedad civil y la opinión pública, para la democratización de la praxis política. Espacios, públicos y políticos, dotados de la permeabilidad necesaria como para producir ámbitos de encuentro, desde donde se puedan emitir las señales de alerta, que sean percibidas por lxs ciudadanxs comunes y tenidas en cuenta por quienes se encuentren a cargo de la gestión política.

La institución educativa es uno de los ámbitos de aprendizaje de la participación. Aunque, también ella debería relajar estructuras y prácticas, para permitir que los centros de estudiantes, los consejos de convivencia o bien sus inevitables vínculos con la comunidad de la que la escuela forma parte, encuentre otros ámbitos de intercambio, como por ejemplo, asambleas barriales, locales políticos, sociedades de fomento, clubes de barrio, medios de comunicación, etc.

Finalmente, a la formación de la ciudadana/o no le alcanza, al menos en la escuela secundaria, con la escasa cantidad de horas de educación cívica semanales que se le dedica, ni le sirve el loteo de materias aisladas unas de otras. La ciudadanía se forma transversalmente a la escuela y al diseño curricular y ningún docente puede permanecer ajeno a ella.

Sobre la base de la democracia participativa, la convivencia democrática, la preservación de la memoria, en marcos de diversidad cultural y de justicia social, es que planteamos estos principios a modo de iniciativa de formación ciudadana y frente a las limitaciones expuestas por las políticas que exhibe el actual gobierno argentino, que nos alertan sobre los caminos a seguir.

Por Raúl Moroni es docente supervisor, ex director de Educación Media y Técnica de CABA. Integra el Grupo de Apoyo Técnico Pedagógico de la Secretaría de Educación Media UTE CTRA.