El empobrecimiento de la clase trabajadora se vuelve cada vez más evidente. Si bien la caída del poder de compra de los salarios no empezó en los últimos cien días de gobierno (viene cayendo desde hace casi una década) hoy sufre una magnitud inédita que lo ubicó en solo tres meses en pisos similares a la crisis del 2001. En ese sentido, un informe al que accedió este medio destacó que en la actualidad para un trabajador es prácticamente “imposible” llegar a cubrir el costo de vida básico, es decir que los ingresos son insuficientes para cubrir alimentos, salud, vivienda y tarifas de servicios. Frente a ello, las familias terminan por recortar gastos que son esenciales.

Los datos surgen de un documento presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y muestran que, como resultado del aumento sostenido y generalizado de precios que conviven con salarios atrasados y pérdida de la capacidad de consumo, “aún con actualizaciones salariales que logren empatar a la inflación la pérdida es tal que ya no hay referencia entre lo que se cobra efectivamente y lo que se necesita para vivir”.

A  este panorama se suma una problemática creciente que se vincula con el endeudamiento de los hogares que se ven forzados a tomar deuda para la subsistencia cotidiana, sumado a achicar consumos o cambiar hábitos. “Correr atrás de la inflación solo genera la perpetuación de serios límites en el poder de los salarios, y en ese sentido es central volver a pensar en términos de costo de vida de la población”, señalaron los especialistas.

Cuánta vida cubre un salario

¿Cuándo fue la última vez que el salario alcanzó para vivir bien? La pregunta resuena cada vez con más fuerza e intentar responderla permite dar cuenta del panorama actual que enfrentan las familias al momento de acceder a los bienes y servicios básicos para su subsistencia. “El costo de vida es el monto que asegura la vida en un momento histórico cultural determinado. Tiene en cuenta las necesidades de alimentación, salud, vestimenta, educación, comunicación y esparcimiento. Puede no relacionarse con el salario que las personas cobran, pero sí con el que debería establecerse como piso mínimo en cierto momento. Además, no es el mismo costo el de quienes viven en la región patagónica, por las necesidades de calefacción, que el de quienes viven en el Litoral”, explicó el informe del Observatorio Sindical de ATE. 

En relación, en un marco atravesado por la creciente desregulación de los mercados, recorte de partidas sociales y subsidios, y el impacto de la mega devaluación de diciembre con recurrentes presiones sobre el tipo de cambio, “el salario enfrenta un deterioro de proporciones inéditas, solo comparable con el piso de abril de 2003, un proceso de transferencia brutal de los ingresos de trabajadores a la verdadera casta”, añadió el documento para explicar por qué el salario “se aleja cada vez más del costo de vida”. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Convenio 135, establece la necesidad de regular un salario mínimo que asegure hacer frente al costo de vida y, de igual manera, lo fija la Constitución Nacional (artículo 14 bis), sin embargo, en la actualidad, “es un monto que no tiene anclaje en ninguna canasta de bienes específica y no cumple con su objetivo, además un tercio de quienes trabajan se encuentran en la informalidad y no son alcanzados por este salario, otro tanto de trabajadores no logran este piso por límites que impone la propia regulación: municipales, rurales, trabajadoras de casas particulares, entre otros”. 

En cuanto al salario promedio para el sector privado formal, se advirtió que desde el 2015 perdió un 40% de su poder de compra. Para ejemplificar, “si una trabajadora en 2015 ganaba el equivalente a 100 kg de carne vacuna, hoy gana el equivalente a 60kg. Si en 2015 un salario promedio cubría la canasta de pobreza y le sobraba aún el 40%, hoy le falta un 20% para llegar a esa misma canasta”. A su vez, el impacto sobre los hogares es aún mayor debido a la inflación diferencial en bienes y servicios básicos como alquileres, alimentos, servicios, y cuidados. “El aumento de precios se enmarca en un contexto de salarios que ya estaban atrasados y es por eso que el impacto inflacionario se expresa en una contracción del consumo (más del 30% en alimentos), aún cuando es necesario para vivir, la imposición para muchos hogares es la de recortar gastos básicos”, resaltaron.

A esto se suma el impacto del salario indirecto, “el ahorro que muchos hogares realizan al utilizar bienes y servicios subsidiados o políticas públicas que impactan diferencialmente en sectores con menores ingresos”, hoy también comprometido. Lo más comunes son los subsidios a las tarifas de servicios o al transporte público, pero también centros de jardines maternales y viviendas sociales frente a lo que “el corrimiento actual del Estado obliga a cada hogar a hacerse cargo de un costo que antes se asumía socialmente”. En otras palabras, “el plan de desregular la economía y reducir al máximo políticas públicas y subsidios, genera una situación de mayor empobrecimiento porque los hogares no tienen cómo afrontar estos nuevos gastos”. 

Componentes del costo de vida

A cien días del inicio de la gestión libertaria, el informe relevó qué pasó con los principales componentes del costo de vida de la población. Por un lado, los alimentos “fueron uno de los rubros que más aumentó con el proceso inflacionario que atraviesa el país, lo que hace que la inflación sea mucho más profunda en los hogares que menos ingresos tienen y que dedican un porcentaje mayor o todo a la compra de comestibles”. En concreto, las variaciones interanuales de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) para febrero de 2024 fueron del 301,1% y 290,2% por sobre la inflación total (276,2%), que se usa como referencia para las paritarias. Asimismo, se agregó que uno de los problemas más importantes vinculados con los alimentos, es la disparidad de precios que presentan en diferentes provincias, barrios, o inclusive entre una cuadra y la otra. “Conseguir el precio más barato implica caminar, recorrer, buscar y comparar y eso lleva tiempo. Este tiempo extra se suma a la doble jornada que, principalmente las trabajadoras, deben llevar adelante para reproducir la vida (cocinar, limpiar, comprar, cuidar, entre otros). Así, cuanto más pobres son de dinero, más pobres son de tiempo”, subrayaron.

Otro eje tiene que ver con el acceso a la vivienda. Según el Censo 2022, el 21% de los hogares del país son alquilados y ese porcentaje crece en los centros urbanos más poblados del país (AMBA, Rosario, Río Cuarto y Córdoba) donde se concentran más de seis millones de inquilinos. “A partir del DNU 70/2023 los derechos de quienes alquilan se desregulan, negando la desigualdad existente entre quienes alquilan y quienes son propietarios, condenando a los inquilinos a aceptar condiciones más desfavorables y con mayor nivel de incertidumbre y vulnerabilidad”, analizaron desde el Observatorio y detallaron que cubrir un alquiler se lleva una porción cada vez más grande de los ingresos mensuales: “en el 2021, el 24% de los hogares destinaba más de la mitad de sus ingresos y en 2022 esa proporción de hogares ya aumentó al 32%. Esto tiene como contraparte un endeudamiento de los hogares (63%)” e incluso si se analiza la problemática fuera de las fronteras de Argentina, el país tiene la mayor cantidad de inquilinos y además “los alquileres en dólares más caros”.

En relación, otro componente clave tiene que ver con “el gasto en tiempo y dinero que implican los cuidados, un trabajo sumamente feminizado”. En ese sentido, se evaluó que “cuanto más retraído está el Estado, más gasto generan las familias en estas tareas”. Según el costo de la canasta de crianza para niñas, niños y adolescentes que publica el Indec (incluye costo de bienes y servicios y valorización del tiempo de cuidado) a febrero de este año se registraron subas mensuales por arriba de la inflación de ese mes. Así, el costo de crianza de un niño menor de un año fue de $247.322, lo que implica una suba mensual de 18,6% (la inflación fue de 13,2% ese mes) y un valor 37% por arriba de un salario mínimo que se ubica en $180.000. A su vez, para infantes de 1 a 3 años la canasta se ubicó en $294.266, un alza mensual de 18,5% que lo pone 64% arriba de un ingreso mínimo, para la franja de 4 y 5 años la canasta es de $249.458 (+17,8% mensual y +39% que el mínimo) y en el caso del lapso de 6 a 12 años, el costo escala a $313.672 (+17,8% mensual, y 74% más que el mínimo).

A los gastos básicos en alimentos de primera necesidad, alquiler y cuidados indispensables, todo lo que supera el millón de pesos de ingresos necesarios para una familia, hay que sumarle el costo de servicios (luz, gas, agua) y transporte que impactan en la vida y el trabajo diario en tanto la gran mayoría de los trabajadores tienen que desplazarse para cumplir con la jornada laboral, con lo cual ese transporte constituye un gasto fijo. “El aumento de boletos en AMBA se quintuplicó aumentando un 410%, sin certezas aún sobre cuál es su techo. En el resto del país, la disputa con los gobernadores cerró con la quita del fondo compensador con el cual se subsidia en las provincias, y algunas ya admiten subas de más del 300% en boletos, difíciles de costear”, alertaron y aseguraron que hoy las familias se enfrentan a “la paradoja de empezar a evaluar si el salario percibido compensa el gasto monetario que implica salir a trabajar (transporte, cuidados de infancias, ropa y zapatos)”. 

Se agrega finalmente el alza en telefonía y la conectividad, servicios totalmente desregulados, que también “impacta en la posibilidad de conseguir un empleo o sostenerse en él, y hasta viabiliza en la actualidad sostenerse en el sistema de asignaciones universales, en cualquier trámite escolar o del sistema de salud” por lo que “la digitalización de las instituciones debe estar acompañada de políticas públicas en ese sentido, de lo contrario la exclusión producto de una brecha digital que se ensancha cada día se vuelve irreversible”.

Por Eugenia Rodríguez / El Destape