Norberto Horacio Milei tiene 81 años y según el Boletín Oficial del 30 de junio de 2016 era el presidente de la Sociedad Anónima Campo La Ponderosa, de la que Alicia Luján Lucich, su esposa, era directora. Según el libro El Loco, de Juan Luis González, Norberto también es o ha sido dueño de Teniente General Roca SA (Línea 108 de colectivos porteños), Rocaraza SA (líneas 31 y 146), Francisco Viedma SA (financiera), Buena Yunta SA (agropecuaria) y Graviar SRL (inmobiliaria). Según el mismo autor, fuera del país, y en el fabuloso mundo offshore, Norberto y Alicia han integrado los directorios de Alkary Investments LLC y Alkanor Investments LLC, radicadas en Miami.

Tal vez en esta pareja de adultos mayores, a quienes poco cariñosamente suele llamar “mis progenitores”, estaba pensando su hijo, Javier Gerardo Milei, cuando afirmó el jueves 22 de febrero, en una entrevista con la prensa groupie, que el grupo demográfico al que pertenecen corresponde a “el segmento etario que menos pobres tiene en la Argentina”.

Pero no se trata, en esta excepcional ocasión, de una burrada propia, sino de una idea ampliamente difundida que se basa en un criminal sesgo a la hora de medir la pobreza desde diversos métodos.

Cabe desmontar, antes de profundizar en las formas en que se mide la pobreza en la Argentina, el mito de que “los niños son el futuro” y los viejos el pasado, por medio de dos argumentos sencillos: por un lado, quienes leen estas líneas (así como quienes no) tienen la vejez como su (mejor) futuro y, por otra parte, se proyecta que dentro de nada más que 16 años, en 2040, en la Argentina vivirán más mayores de 60 años que menores de 16 (y en 2050 superarán a los menores de 21), por lo que (falsamente) priorizar a la niñez por sobre la vejez a la hora de asignar recursos públicos implica en el mediano plazo una forma de ajuste, al desfinanciar a un grupo creciente de la población para (decir que se va a) atender a otro segmento cada vez más reducido.

Retomando la cuestión de la medición de la pobreza, las dos formas más habituales de medición en nuestro país son el método de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el de línea de pobreza.

El primero trata de captar la pobreza estructural y se releva en cada censo nacional, mientras que el segundo se estima por muestreo a través de la Encuesta Permanente de Hogares que realiza todos los trimestres el INDEC en una treintena de grandes ciudades del país.

En el caso de NBI se considera a un hogar (grupo de personas que comparten la comida en una vivienda) como pobre, así como a todas las personas que lo integran, si se da al menos una de las siguientes condiciones: hacinamiento (más de tres personas por cuarto), vivienda inadecuada, carencia de retrete, no asistencia escolar de quienes están en edad de escuela primaria e incapacidad de subsistencia (cuatro o más personas por cada miembro ocupado y con jefe de hogar de bajo nivel educativo).

Dado que, según el censo 2010, el 57% de las personas de más de 65 años que residían en viviendas particulares vivían solas o con su cónyuge, ya no les aplica ni hacinamiento, ni inasistencia escolar, ni incapacidad de subsistencia. A su vez, el acceso a una vivienda adecuada o a un retrete refleja más un patrón histórico de acumulación patrimonial que su situación presente o, dicho en criollo, virtudes de la industria nacional: un inodoro suele durar más que una persona.

Pero la referencia presidencial, muy probablemente, dado los porcentajes que esgrimió (citando al ministro Caputo, quien afirmo que “la pobreza… dentro de la gente mayor… es del 15%”), no refiera a NBI sino a la línea de pobreza, cuya subestimación de la miseria en la tercera edad es todavía más cruel.

Para calcular cuánta gente (en este caso adulto mayor) es pobre, se comparan, por un lado, todos los ingresos de un hogar y, por otro, el valor del dinero necesario para adquirir cierta canasta de bienes y servicios, llamada en la jerga canasta básica total (CBT).

Pero, como paso previo a ello, se calcula el valor monetario de la denominada canasta básica alimentaria (CBA) de cada hogar, que representa lo mínimo que hay que ganar para poder comer y no caer en la indigencia.

Para hacer estos cálculos de lo necesario para alimentarse, se clasifica a las personas que integran cada hogar según su sexo y edad, considerando como parámetro a un varón de 30 a 60 años, al que se bautiza como “adulto equivalente”. Luego se suman todas las personas que habitan el hogar, para saber a cuántos adultos equivalente corresponden. Por ejemplo, a un varón de entre 61 y 75 años se le asigna un valor de 0,83 y a una mujer de más de 75 años uno de 0,63.

Esa es la principal fuente de subestimación de la pobreza para las personas mayores porque, por ejemplo, si a un hombre de 40 años le tuviesen que bastar con $100.000 por mes para comer, entonces su padre de 74 años se tendría que poder arreglar con $83.000 y su madre de 76 con $63.000.

Como ese dinero se calcula en base a una ingesta calórica necesaria por día, pero traducida en determinados alimentos (los más baratos posibles), implica que todo el mundo come lo mismo, pero lo que cambian son las porciones.

Entonces, tomando como ejemplo a Norberto, varón de 81 años, dado que representa 0,74 adulto equivalente, por día, para no ser indigente, tendría que poder comprar (y consumir) medio kilo de pan, galletitas, arroz, harina, polenta, papa, batata, azúcar y dulces, además de casi un cuarto litro de leche (entera), 30 centímetros cúbicos de aceite y 3 gramos de sal, contra solamente 6 gramos de legumbres, 14 de yogur, 120 de frutas y 140 de hortalizas. A su vez, dentro de los 150 gramos de carne diarios previstos, predominan los cortes grasos, como carnaza, espinazo y paleta, por sobre el pollo y el pescado.

El problema surge cuando se cruza esa particular dieta con los datos referidos a la población adulto mayor argentina que provienen de la última encuesta nacional de factores de riesgo, del año 2018. De la misma surge que de cada 10 personas mayores de 65 años que habitan nuestro país, dos tienen diabetes, ocho, hipertensión, y cinco, elevados niveles de colesterol, resultando muy frecuente el sufrir en forma simultanea dos de estas condiciones, e incluso las tres.

El peligro de advertir esto radica en que, a tan ilustres y sensibles colegas como Milei y Caputo, el leer estas líneas les inspire a reemplazar el actual bono de $70.000 por la entrega, en especie, de la canasta básica alimentaria asignada por el INDEC al sexo y edad de cada actual perceptor del bono. Es claro que, dado lo exiguo de sus ingresos, pasarían a destinarlos enteramente a cubrir gastos médicos, alquileres y tarifazos varios, limitando la ingesta a los alimentos recibidos. Aunque el costo de dicha canasta y de la logística de su distribución supere los $70.000 promedio, se termina pagando solo, dada la abrupta reducción de un elevado porcentaje de los “beneficiarios” en un año, producida por el fuerte incremento en el número de bajas (obviamente por fallecimientos causados por condiciones médicas surgidas o agravadas por la dieta adoptada).

En 2019, un equipo multidisciplinario del ámbito del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, dependiente de la Universidad Nacional del Sur (UNS), estableció una canasta alimentaria para el adulto mayor, acorde a los perfiles de salud y nutrición específicos de este grupo que, por ejemplo, para Norberto, implicaría, respecto a la canasta básica alimentaria del INDEC, el aporte de la misma cantidad de calorías pero la posibilidad de consumir diez veces más yogurt, el séxtuple de queso, casi el cuádruple de frutas, casi el triple de hortalizas, el doble de huevos, un 30% más de carne (de la que la mayoría pasaría a ser pollo y pescado), que la leche sea descremada y tener que ingerir un tercio menos de hidratos de carbono y azúcares.

El valor de dicha canasta alimentaria del adulto mayor, calculado por el equipo de la UNS para febrero de 2024, fue de $136.631, es decir un 76% más que lo que estimaba el INDEC. A su vez, expandiendo esa canasta alimentaria a los demás consumos básicos, lo mínimo que necesitó en febrero de 2024 una persona mayor para no ser pobre fue de $366.171. Veamos cuántos de nuestros mayores lograron alcanzar dicho umbral.

 

Como se puede observar, dentro del conjunto de las personas de 61 años o más que viven en la Argentina, la pobreza no sería del 15% “dentro de la gente mayor”, como afirmaron Caputo y citó Milei, sino de más del 73%, haciendo que prácticamente tres de cada cuatro adultos mayores sean pobres en la actualidad.

Esconder a cuatro de cada cinco viejos pobres en la Argentina es una forma de invisibilizarlos y disfrazarlos de casta privilegiada, ingrato y amargo tratamiento para quienes han atravesado toda una vida de trabajo y padecimientos. 

Anexo metodológico (sólo para fans)

Dado que interesa conocer si la canasta alimentaria para el adulto mayor de la UNS es más o menos costosa que la que mide el INDEC, vale la pena aclarar que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimaba que la población argentina de 61 años o más era de unos 7,1 millones de personas que, por su composición, en promedio, representaban cada una aproximadamente 0,72 adultos equivalentes.

Dado que la canasta básica alimentaria del INDEC fue, en enero de 2024, en Gran Buenos Aires (GBA, aglomerado urbano que incluye a la Ciudad de Buenos Aires y al Conurbano), de $92.414,67 por adulto equivalente, ello implicaría una media de $66.538,56 por cada adulto mayor.

A su vez, considerando que la inflación total esperada para febrero de 2024 por las diez consultoras privadas con mayor nivel de acierto, relevadas en enero por el Banco Central de la República Argentina, fue en promedio de 16,6%, y suponiendo que la canasta básica alimentaria siga el mismo sendero, el valor de lo que un adulto mayor, para el INDEC, habría necesitado para comer en febrero, sería en el GBA de $77.517,42.

Si se compara eso con la estimación que realiza del valor de su canasta alimentaria para el adulto mayor de Bahía Blanca (dado que el INDEC, para la media simple de 11 alimentos seleccionados no encontró diferencias significativas de precio entre el GBA y la Región Pampeana) el precitado equipo de la Universidad Nacional del Sur, para el mes de febrero se advierte un nivel de subestimación del orden del 43% en lo necesario para que una persona mayor pueda comer todo el mes y no morir en el intento, dado que el equipo bahiense ubica dicho monto en $136.631.

Ahora, si expandimos ese valor por un coeficiente de 2,68 (promedio simple de los dos escenarios alternativos, correspondientes a distintas ediciones de la Encuesta de Gasto de los Hogares, que considera el equipo de la UNS), entonces una persona adulto mayor habría requerido de ingresos no menores a $366.171 para no ser pobre en febrero de 2024.

Conviene entonces considerar un dato adicional: el peso de las jubilaciones y/o pensiones en los ingresos totales de las personas adulto mayores en nuestro país. Respecto a ello, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su análisis de ingresos por fuente del tercer trimestre de 2023, calcula que en el casi medio millón de hogares porteños en los que alguien cobra jubilación y/o pensión, tales ingresos representan 72,2% del ingreso total del hogar. A su vez, el tamaño del hogar promedio en estos casos es de 1,31 personas. Suponiendo entonces que, dado que la mayoría de la población adulto mayor vive sola o con su cónyuge, se trate de 1,31 adulto mayores por hogar, en los que el ingreso previsional representa el 72,2% del ingreso total del hogar (para el 69% de los adultos mayores porteños, su prestación previsional es su único ingreso), correspondiente a 1,31 adultos mayores, puede extrapolarse que las jubilaciones y pensiones proveen un 95% de los ingresos con los que cuenta, en promedio, cada adulto mayor porteño para sobrevivir.

Si bien proyectar este dato a todo el país puede resultar aventurado, es de utilidad en este primer análisis, que puede ser complementado con un estudio más profundo de los micro-datos de la Encuesta Permanente de Hogares, por parte de quien desee refutarlo.

Así, dado que en diciembre de 2023, según datos oficiales, la ANSES pagó jubilaciones y/o pensiones a poco más 5,4 millones de personas de 61 años o más, y que el 87% de los beneficios se encontraban por debajo de los $340.000, puede estimarse que unos 4,7 millones de adultos mayores percibieron (contando jubilación y/o pensión, incluyendo los bonos que paga ANSES) menos de esa cifra.

A su vez, considerando incluso que el haber previsional represente el 93% del total de los ingresos con que cuenta cada hogar con personas adulto mayores para proveerles de lo básico y que no hubo aumento previsional por movilidad o incremento de bono alguno en enero ni febrero de 2024, puede concluirse que esos 4,7 millones de personas eran pobres en febrero de 2024, en tanto no pudieron reunir los $366.171 necesarios para subsistir con un mínimo de dignidad.

A tal grupo corresponde añadir 0,3 millones de mayores de 65 años de edad que perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo valor en febrero de 2024, con bono incluido, era de $139.570 (apenas superior a la canasta alimentaria del adulto mayor, estimada por el equipo de la UNS en $136.631 para dicho mes).

Asimismo, corresponde sumar a los 0,2 millones de mayores de 61 años que cobran una pensión no contributiva nacional asistencial. Cabe destacar que un tercio de esas prestaciones corresponden a madres de siete o más hijos (que cobran el haber mínimo de $165.713, con bono, en febrero de 2024) y los dos tercios restantes a beneficios por invalidez, cuyo monto, en febrero de 2024, con bono, fue de $128.999, es decir un 6% MENOS de lo que una persona adulto mayor promedio, sin discapacidad, necesita para comer.

Si sumamos estos tres grupos, se totaliza un piso de 5,2 millones de personas de 61 años o más que son pobres. La referencia es a un piso, porque se pueden contemplar otros grupos, no cuantificados en el presente ejercicio, tales como buena parte de quienes cobran prestaciones (de cajas provinciales y municipales) derivadas del empleo público municipal, muchas veces de valores particularmente bajos; quienes perciben, como único ingreso, retiros parciales de fuerzas armadas y de seguridad o quienes, directamente, carecen de prestación previsional alguna.

Por Carlos Martinez * El autor integra el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Mail: [email protected]