La unidad nacional

Actualidad 02 de marzo de 2024
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Los últimos acontecimientos políticos relacionados con la agudización del enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo –particularmente el presidente de la Nación– y el conjunto de los gobernadores, tanto oficialistas como opositores, y también con el Congreso nacional, van generando un cuadro de crisis política altamente preocupante.
A la par de esta situación, está en pleno crecimiento la conflictividad por el deterioro de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Pruebas al canto son los resultados del trabajo de la Universidad Católica Argentina, que muestra un cuadro social dramático de 27 millones de pobres y 7 millones de indigentes. Se debe hacer la salvedad en este punto de que no hay indigentes sino hambrientos, porque con este término se habla de personas que no cubren la canasta básica de alimentación. Dicho esto, a partir de la devaluación y la política del Gobierno, hemos tenido un crecimiento de 3 millones de pobres en dos meses.

Todo eso va generando un aumento de las tensiones y de la conflictividad. Varios gremios, por ejemplo, están en estado de conflicto en su disputa por no perder las más elementales condiciones de vida frente al proceso inflacionario, que está generado por el «ajuste doloroso» que pusieron en práctica el ministro de Economía y el presidente. Los casos más emblemáticos fueron el paro de trenes y el de los docentes. La otra cuestión de gran impacto es el tema de los aumentos en el transporte, que para cientos de miles de ciudadanos se transforma en un verdadero impedimento para concurrir a sus trabajos.

Republicana y federal

Como parte de este escenario está la otra pata del plan económico del oficialismo, que desató una crisis política con los gobernadores a partir del retiro de los recursos que la Nación está obligada a entregarles a las provincias. Situación que está llevando no solo a la resistencia obligada de los mandatarios provinciales que deben atender las necesidades de sus propios ciudadanos, sino a un verdadero enfrentamiento de carácter institucional que está poniendo en juego la unidad nacional. Este punto puede parecer meramente enunciativo, pero no lo es.
En el siglo XIX ya sufrimos grandes tensiones y también enfrentamientos militares en las disputas interiores entre las provincias y la capital conocidas como guerras civiles y, más adelante, el momento de la capitalización de la Ciudad de Buenos Aires en 1880, que generó un conflicto entre fuerzas federales y tropas bonaerenses. Esa vez, el Congreso de la Nación y la sede provisoria del Poder Ejecutivo, a cargo de Nicolás Avellaneda, se trasladaron al Palacio Municipal del partido de Belgrano, que entonces no formaba parte de la ciudad. En ese edificio funciona hoy el Museo Sarmiento.

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Nuestro país vivió luego todo tipo de situaciones políticas, sociales y culturales, pero ya no tuvimos peligro de una ruptura de la unidad nacional, más allá de que el concepto de federalismo siempre estuvo en debate por su sentido, sus alcances y contenido.
Por lo tanto, estas respuestas provinciales o regionales a las políticas cruelmente restrictivas del Gobierno nacional están conduciendo a perspectivas rupturistas y autonomistas de las provincias, incluso con la amenaza de administrar fuera del ámbito nacional sus recursos económicos y naturales, que son la base de la unidad nacional.

Un documento que firman los gobernadores de las provincias patagónicas –representados por todas las tendencias políticas nacionales y locales– en apoyo del mandatario chubutense se titula, no inocentemente, «Las Provincias Unidas del Sur».

El presidente, a todo esto, redobla la apuesta y no se muestra dispuesto a dialogar y negociar, contesta con descalificaciones y brulotes en las redes sociales contra parlamentarios y gobernadores.

De cualquier manera, hay gran expectativa en el protagonismo popular en el mes que comienza, particularmente por los días emblemáticos del 8 y el 24 de marzo, una gran tradición en la democracia argentina, en la que el pueblo gana las calles y plazas mostrando su compromiso con la democracia y los derechos humanos.  

Por Juan Carlos Junio / Acción 

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