El Presidente Milei, luego de conmocionar al país con el lanzamiento del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, reforzó esta semana la presión sobre el sistema político y judicial argentino con el envío de la denominada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

En este segundo cuerpo de leyes, que reitera el agrupamiento de una enorme cantidad de temas de muy distinta índole y jerarquía, Milei pidió que se le otorguen plenos poderes por dos años –justificados en una supuesta emergencia nacional–, que suspenden de hecho las funciones del Parlamento y por lo tanto de la democracia representativa.

En general, ambos mamotretos legislativos aparecen atravesados por expresiones extraídas de una vulgata liberal arcaica, en la que se simula estar viviendo en una sociedad del siglo XVIII, en la cual no existen la concentración económica, los grandes poderes corporativos internacionales ni la deriva rentista y financiera del capitalismo globalizado.

Los considerandos de esta última Ley Ómnibus son una mezcla muy desprolija y heterogénea de textos, realizada por alguien que no conoce el concepto de homogeneidad. Se combinan desde objetivos que pueden ser razonables, como la desburocratización y la simplificación de trámites, con detalles particulares de leyes específicas o declaraciones grandilocuentes e híper-ideologizadas.

Sin Estado y sin mercado

La derecha argentina parece haber entrado en la etapa en que ya no discute sobre el pliego de demandas empresariales que constituye su “programa de gobierno”. Quizás no lo necesite.

En los ‘80 tuvo que crear argumentos más verosímiles para explicar por qué quería reformar el Estado, abrir la economía, y liberalizar todo. En aquella época, donde todavía había un sector estatal importante, con algunas grandes empresas con capacidades de crecimiento notables, el argumento era que el Estado funcionaba mal e ineficientemente, pero también admitían que “el mercado”, en nuestro país, dejaba bastante que desear. 

El padre de Sturzenegger, Adolfo, y Domingo Cavallo, admitían que había escasa competencia en nuestro capitalismo, y por eso había que abrir la economía, es decir invitar a todas las empresas del mundo a inundar con sus productos el mercado argentino, para introducir competencia y por lo tanto dar más calidad y mejores precios a los consumidores argentinos.

Pero al menos teóricamente, en ese mundo había algún espacio para el Estado, y en el campo privado debía regir la competencia. Insistimos: teóricamente.

En la Argentina de 2023, ni eso se argumenta: al Estado hay que achicarlo porque sí, a las empresas públicas exitosas y eficientes igual hay que privatizarlas, el Estado tiene que ser sobre todo mínimo e inocuo.

Y en cuanto al sector privado, todo lo que haga está bien. No hay que presionarlo en materia de competencia, ni en materia de derechos laborales, ni en materia de protección del medioambiente, ni en materia de que su actividad ayuda a promover otras actividades privadas. Hay que dejarlo que gane plata, a costa de lo que sea, y punto.

Por eso en este esquema no hay el mínimo intento de venderle a la gente ilusiones concretas en relación al resultado de las medidas: los monopolios ya se ocuparán de generar riqueza, puestos de trabajo, si quieren. Del Estado no hay que esperar nada, y sólo pedirle que estimule e incentive a los capitales para que vengan a ganar plata.

Detalles

Los legisladores que aún conserven algún apego por lo público deberían analizar con muchísimo cuidado cada una de las propuestas incluidas en el enorme texto de la ley ómnibus, porque están plagados de iniciativas muy problemáticas, recubiertas por la consabida monserga modernizadora o eficientizadora. Damos sólo algunos ejemplos de todo lo que puede haber oculto en este pliego de negocios privados.

En materia de privatizaciones se ignora el concepto relevante económicamente de externalidades, que son los efectos económicos y sociales, positivos o negativos, que una actividad económica determinada tiene sobre otros sectores económicos. Al propugnar la venta de todas las empresas públicas sin distinción, se hace evidente que no se está pensando desde una lógica de beneficio público, para evaluar qué conviene privatizar y qué no, sino que el gobierno se hace eco de las demandas privadas por hacerse con los diversos negocios asociados a la posible desaparición de las empresas públicas.

Algo de eso se filtra cuando el texto se refiere al sector de la energía: textualmente “se propician reformas sobre la legislación vigente, cuyos vectores generales consisten en: (i) una visión integrada e internacional del sector energético, conforme los recursos naturales existentes y por desarrollar de la República Argentina”, y sigue. ¿Qué quiere decir una visión internacional del sector energético? ¿Un gobierno argentino no debería tener una visión nacional del tema, por supuesto considerando el escenario internacional? ¿Existirá en Estados Unidos o en Francia una ley cuyos considerandos hablen desde una visión internacional sobre las decisiones estratégicas locales? Imposible. Son países soberanos. Este gobierno refleja la erosión completa de la noción de soberanía nacional.

Cuando se habla de los contratos, en algún momento aparece el criterio de “la supletoriedad de las normas legales, imperando así la voluntad de las partes”, es decir que las leyes que se han hecho para proteger a los más débiles puedan quedar sin efecto por la “libre” voluntad de las partes. Así se igualan banqueros y ahorristas, grandes empresas y trabajadores, inmobiliarias e inquilinos.

Se habilita mediante modificaciones a la Ley de Glaciares la actividad económica en la zona periglacial, lo cual ya es un peligro ambiental considerable. Pero además queda sujeta a “los informes ambientales exigidos por la normativa”. ¿Quién hará esos informes? ¿Los fanáticos de los intereses corporativos, para los cuales el único criterio válido es si existe algún gran interés que tenga los ojos puestos en un negocio ultra-rentable?

También “se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente a tal fin”. Nuestro país ya viene transitando, desde hace rato, un intenso proceso de deforestación. Pero ahora queda sujeto directamente a quienes les simplifican los procedimientos para que se acelere la tala y el desmonte.

Un punto peligrosísimo del mamotreto se refiere al “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” que se establece “para proyectos nuevos o ampliaciones de existentes”, para los cuales se ofrecen todo tipo de ventajas, para que tengan “incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y protección eficiente”.

De eso ya sabemos un montón en la Argentina, debido a las privatizaciones de los ‘90 y a los juicios que nos llovieron, a pesar de todos los incumplimientos que efectuaron las empresas extranjeras y locales que se beneficiaron con las privatizaciones. Se habilita una serie de sectores estratégicos donde podrían hacerse las “grandes inversiones”, que gozarían de múltiples beneficios, y se las define como “proyectos que involucren adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de actividades” en los sectores promocionados. Hay que tener muchísimo cuidado con cada palabra, porque se menciona la posibilidad de adquisición, lo que significa que pueden venir capitales de afuera –locales o extranjeros– a comprar algo ya existente, gozar de privilegios, exenciones y protecciones internacional, aunque no agreguen nada en materia productiva. En economía eso se llama “fusiones y adquisiciones”, y abre la puerta a que no se amplíe un dólar la capacidad productiva y exportadora del país.

Igual atención hay que prestarle al traspaso propuesto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad –hoy en manos del ANSES– a la órbita del Tesoro de la Nación. Esto podría involucrar la venta a precio vil de las acciones en su poder a las empresas interesadas en recuperar su tenencia accionaria, y la utilización de esos fondos para nuevas aventuras financieras, características del actual ministro de Economía.

En otras partes, se generan cambios legislativos que muestran una omisión completa sobre la existencia de relaciones de poder en el mercado. Precisamente ese es otro de los supuestos fantasiosos de la teoría neoclásica, que finge que no hay asimetría de poder, por ejemplo, entre un propietario y un locatario. Justamente por eso la legislación del siglo XX adoptó criterios y normas para morigerar esas diferencias, que son reales. Ahora, con la excusa de la “libertad”, se propone desde el gobierno favorecer la expresión de la asimetría en el mercado en toda su magnitud.

En algunos casos se declaman metas o principios razonables, como modernizaciones, desburocratizaciones innecesarias o eliminación de restricciones arcaicas, pero luego la implementación indefectiblemente lleva el sello corporativo, y devela la existencia de algún sector interesado en alguna prebenda específica.

El cuerpo legal presentado es un gran campo minado por los intereses empresarios expresados en el sentido más ramplón del término. 

Conclusiones

El propio título de la ley –“Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”– expresa la clásica visión liberal, ya que no se refiere a un colectivo (la Argentina) sino a individuos que habitan este territorio. La ley propone que se las arreglen como puedan, con la menor interferencia estatal posible. En economía es el equivalente a lo que se denomina ley de la selva.

Los criterios que se reiteran en este cuerpo de legislación son:

• Favorecer la concentración económica, minando la competencia en el mercado (por ejemplo, en el sector farmacias, o librerías).
• Favorecer y proteger la extranjerización de la economía, en la lógica más pura de la globalización liberal –hoy en crisis–.
• Debilitar al mundo del trabajo de todas las formas posibles, lo que contribuye también a la concentración económica.
• Eliminar todas las regulaciones públicas que perturben a los empresarios o restrinjan sus márgenes de rentabilidad, aunque destruyan la naturaleza y no tengan ningún impacto social positivo.

El Presidente Milei ha sugerido que si le traban en el Parlamento sus proyectos es porque los legisladores buscan coimas. Presenta sus propuestas como desinteresadas y completamente orientadas por el bien común, y a los que pretendan oponerse como los indecentes que están detrás de los peores negociados. La decencia está del lado del Presidente inmaculado, y sólo cabe pensar que si alguien disiente con él es porque se trata de un coimero.

Milei recurre a un argumento tradicional y exitoso de la derecha argentina: en realidad, no hay política, sino decentes y corruptos. Y es un verdadero desafío para la gran disidencia existente con esa visión poder presentar argumentos eficaces, frente a una sociedad que ha sido llevada a habitar un espacio público con un nivel de argumentación política bajísimo.

Pero lo que tiene que quedar claro es que la decencia o indecencia de un proyecto político no está definida por ciertos hechos de corrupción que lo atraviesen, sino por los grandes procesos económicos y sociales que pone en marcha en la comunidad: su mejora y progreso, o su deterioro y degradación.

En ese sentido, el proyecto del actual gobierno es francamente indecente, porque está concebido y diseñado para beneficiar a una ínfima minoría a costa de la degradación de la vida de las mayorías nacionales.

Cuando en la Ley Ómnibus se explica la eliminación de las PASO se dice textualmente que “le quita el peso al contribuyente de tener que estar financiando de manera compulsiva la actividad política, que es, en esencia, un interés particular de un sector de la sociedad”.

Repiten allí, y educan también, en que la política sería una actividad de algunos, como un hobby o un curro, pero que se trata en un interés particular. El resto de “la gente” no se ocuparía de hacer política, se dedicaría a cosas productivas, y no tiene por qué estar gastando en esa actividad plena de mezquindades que es la política.

Aquí se ve cómo el capital concentrado está profundamente interesado en la prédica anti-política, que es la mejor forma de fomentar el bajo involucramiento de lxs ciudadanxs en la vida pública. Mientras mandan un cuerpo de leyes tremendas a su favor, máxima cristalización de la política corporativa, le cuentan a la pobre gente que la política es sucia, y los empujan a que se alejen de ella.

Mientras el sistema político procesa estas gigantescas demandas de todo el espectro corporativo, hay una mayoría que está siendo sometida a un nivel de agresión económica que se irá acumulando severamente en los próximos meses, y que provocará fuertes desplazamientos en la opinión pública en relación a la actual administración.

También es bueno que los legisladores tomen este panorama en cuenta, cuando consideren su actitud en relación a aprobar o no esta legislación inconstitucional.

 

 Por Ricardo Aronskind