Mirando el 2024, el ministro de Economía y candidato a presidente de las elecciones 2023, Sergio Massa, apura el debate por la separata del Presupuesto con el objetivo de que el año próximo año se arribe el superávit fiscal. Atento a que los desequilibrios macroeconómicos no pueden continuar, el ex intendente de Tigre ya apostó por la mesura en el gasto público y los distintos regímenes de excepción tributarios que le quitan caja al Estado. Jueces, grandes empresarios y apetecibles contribuyentes particulares se encuentran bajo la mira.  

Presencia y eficiencia son los dos conceptos que pretende imponer Massa como promesa de su eventual gobierno a partir del 10 de diciembre, pero las muestras pueden llegar incluso previo a la definición del balotaje. Por pedido del ministro, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados realizará este miércoles una reunión informativa para comenzar a considerar una parte del proyecto de Presupuesto Nacional 2024 enviado al Congreso el pasado 15 de agosto. Se esperan las exposiciones de altos funcionarios como Carlos Castagneto, administrador de la AFIP; Raúl Rigo, secretario de Hacienda; Guillermo Michel, director general de Aduana y Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos.

Separata para quebrar el déficit

Tal como hizo en 2022, el equipo económico incluyó como anexo una separata en la que se detalla el gasto tributario del Estado. Es decir, cuánto se deja de recaudar debido a los diferentes beneficios impositivos actualmente existentes. De eliminarse algunos de estos beneficios pueda alcanzarse en 2024 el equilibrio fiscal o incluso un 1% de superávit. El gasto tributario total del Estado es del 2,34% del PBI, del cual 1,73 puntos corresponden a normas de los impuestos y 0,61 puntos a regímenes de promoción económica. Con todo, significa una baja de 0,19 puntos respecto al 2,55% de gasto tributario del Presupuesto 2023.

Dentro de ese 2,34% hay tres sectores claramente privilegiados que reciben beneficios fiscales: los jueces, los directores de sociedades (o CEOs) y los productores rurales. Entre los tres consumen un 0,93% del PBI. Si se revierte la tendencia vía Congreso, podría alcanzarse el equilibrio fiscal el año próximo si se eliminaran los beneficios para estos grupos que se encuentran en el decil más alto de ingresos.

Uno de los objetivos es terminar con exención del impuesto a las ganancias para los jueces del Poder Judicial tanto nacional como provincial. Se trata de un privilegio histórico que se consolidó en 1996, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley 24.631 que incluía a los magistrados en el cobro de este tributo. Actualmente, según el texto de la separata, la exención de Ganancias para los jueces equivale a un 0,16% del PBI (566.877 millones de pesos). Hoy, un juez de primera instancia cobra entre 2,5 y 3 millones de pesos.

Otro grupo privilegiado con quita de impuestos son los directores de compañías o sociedades, que están eximidos de pagar el IVA sobre los honorarios que reciben. Este gasto tributario representa el equivalente a un 0,29% del PBI, es decir, 1,02 billones de pesos. Según apuntaron desde Economía, correspondería "evaluar la posibilidad de su derogación legislativa en atención a indicadores objetivos respecto del beneficio de esta dispensa y de la capacidad contributiva de sus receptores".

Persiguiendo el superávit, otro sector en la mira es el agro, ya que los inmuebles rurales están exentos de pagar el impuesto sobre los bienes personales. Se trata de un gasto tributario equivalente al 0,48% del PBI, es decir, 1,69 billones de pesos.

Hasta ahora, los segmentos apuntados parecerían "cantados" para la historia tributaria reciente, pero hay un objetivo incómodo: Tierra del Fuego. La separata también incluye la discusión del régimen de promoción industrial que hace décadas convierte al territorio austral en un paraíso impositivo.

Este régimen se encuentra vigente desde hace cuatro décadas con el objetivo principal de fomentar el incremento de la población en la isla. Para Economía la meta está sobrecumplida y por eso propone la "evaluación de política pública que fundamenta este beneficio, la identificación y cuantificación de sus impactos económicos positivos y el diseño de un curso de acción orientado a la reducción gradual del beneficio que incluya la revisión de sectores industriales alcanzados y de sus criterios de implementación". De eliminarlo, se podría ahorrar el equivalente al 0,33% del PBI.

Cómo cerrará el déficit de 2023

Con un déficit primario de  $380.000 millones en septiembre, las cuentas públicas se deterioraron tanto en su comparación mensual como interanual. Dicha desmejora se explicó tanto por una caída en los ingresos como por una moderación en el recorte del gasto.

El rojo primario acumulado en los primeros nueve meses de 2023 se encuentra en torno a los $ 2,63 billones (1,4% del PBI), mostrando un crecimiento real de casi el 15% interanual, según la consultora Ecolatina. Con estos números el Gobierno habría incumplido la meta de déficit primario acumulado acordada para el tercer trimestre en el programa con el FMI.

Distinta sería la historia de no ser por el impacto de la sequía. Por caso, si la recaudación por Derechos de Exportación se hubiera mantenido estable en términos reales, el déficit primario acumulado se ubicaría en torno al 0,8% del PIB, mostrando así una mejora respecto a lo evidenciado en 2022 (rojo del 1,3% del PBI para el mismo periodo).

Difícilmente el Gobierno cumpla con la meta fiscal para 2023 (déficit primario del 1,9% del PIB). Tanto la confirmación de que Massa haya ingresado al balotaje y que la aprobación del segundo tramo del swap con China permite contar con los dólares necesarios para cancelar vencimientos con el Fondo generan los incentivos suficientes como para que el Gobierno impulse una política fiscal más expansiva.

Por Rodrigo Nuñez / El Destape