La querella de Romeo y Osust concluyó que “la UFECI ha aportado a la instrucción la trazabilidad técnica irrefutable del fraude (la geolocalización de las IP en EE. UU., la ruta del dinero y la recuperación del tuit presidencial)”; y que por otro lado, “los registros de telecomunicaciones aportan la prueba palmaria del encubrimiento político ulterior: al advertir que la Justicia había logrado rastrear y congelar la totalidad del botín, la cúpula de la Casa Rosada no se puso a disposición de las autoridades, sino que recurrió a tácticas propias del crimen organizado” para “blindar sus comunicaciones y asegurar su impunidad”.
Ante este escenario, ¿Taiano investigará esas 10 líneas telefónicas prepagas a nombre de Milei?




























