Un estudio de AccessNow refleja que hubo hasta ochenta cortes prolongados del servicio de internet en distintos territorios provocados por los gobierno de varios países entre enero y mayo de 2023, un número muy preocupante porque demuestra que cada vez son más los países que optan por este método para intentar resolver sus conflictos internos.

Enormemente destacada entre esos países aparece India, que con 84 cortes de servicio a lo largo del pasado 2022 excedió la suma combinada de todo el resto de países. El gobierno de Narendra Modi lleva varios años interpretando la posibilidad de suprimir el acceso a internet en determinadas partes de su territorio como una forma de control para tratar con problemas internos, y lo ha utilizado con profusión y de manera muy prolongada en el tiempo en varios territorios considerados conflictivos.

El problema de interrumpir la conexión a internet en todo un territorio en nuestros días como respuesta a un conflicto es, lógicamente, la dimensión que adquieren los daños económicos colaterales para ese territorio. Un abuso de poder que conlleva la interrupción de muchísimas actividades en compañías que utilizan la red para comunicarse, para vender o para muchas otras funcionalidades que, hoy en día, resultan prácticamente imprescindibles.

En el caso de India, la cuestión es aún más paradójica debido al gran empuje que su gobierno ha llevado a cabo para la inclusión y la transformación digital del país: ¿cómo desarrollar una verdadera economía digital en el país más populoso del mundo, cuando su gobierno priva sistemáticamente del acceso a internet a algunos de sus territorios como reacción a cualquier problema interno? Algunas estimaciones calculan el coste para los negocios de las zonas sin acceso en miles de millones de dólares, y narran casuísticas de todo tipo en las que los más perjudicados suelen ser trabajadores cuyas compañías son incapaces de vender el resultado de su trabajo a través de la red.

En el caso de Cuba, cuyo gobierno respondió a protestas internas con un corte de treinta y dos horas hace aproximadamente dos años que afectó a siete millones de usuarios, se calculan pérdidas de trece millones de dólares tan solo en ese período. Otros países, como Irán o Birmania, hacen un uso también habitual de este tipo de medidas de desconexión, e incurren también en importantes impactos económicos derivados de ello. En el caso de Ucrania, cuyos cortes del acceso han sido debidos a la intervención de los invasores rusos, buena parte de los impactos posibles han logrado controlarse debido al uso de conexiones por satélite a través de Starlink, una opción cada vez más accesible y popularizada, que sin embargo fue interrumpida arbitrariamente por la compañía para evitar una acción militar.

Resulta difícil desde la perspectiva de un país desarrollado, plantearse en nuestros días la posibilidad de que la conexión a internet se interrumpa y permanezca cortada durante un tiempo significativo. Este tipo de medidas, sin embargo, son tristemente habituales en otros países, y suponen cada vez más impactos más importantes ya no solo a nivel económico, sino también educativo, social y de otros tipos. En el verano de 2016, la Asamblea de Naciones Unidas condenó este tipo de acciones de control como una violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos y consagró el derecho al acceso a internet como tal derecho fundamental. Sin embargo, todo parece indicar que en muchos países, aún queda mucho por hacer para garantizarlo.

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