El escenario que se planteó en 1853 resultaría impensable para la Argentina del siglo XXI. El desafío era grande: reunir en un mismo recinto a federales, algunos de ellos rosistas, con unitarios que sufrieron la persecución de los primeros; liberales sentados junto a conservadores; librecambistas debatiendo con proteccionistas y religiosos con laicos enfrente. Una gran melange que debía ponerse de acuerdo nada más ni nada menos que con la sanción de una constitución.

Todavía humeaban los campos de Caseros donde Juan Manuel de Rosas había sido derrotado el 3 de febrero de 1852 cuando Justo José de Urquiza, la estrella del momento, decidió que era la oportunidad de organizar institucionalmente el país. Se sostenía en su famoso pronunciamiento del 1° de mayo del año anterior y en el artículo 16 inciso 5° del Pacto Federal del 4 de enero de 1831: “… por medio de un congreso general federativo se arregle la administración general del país el sistema federal, su comercio interior y exterior, su navegación, el cobro y distribución de las rentas generales, y el pago de la deuda de la República…”.

El acta que firmaron los nueve miembros de la Primera Junta de Gobierno el 25 de mayo de 1810 -cuando se debatía una idea de nación- establecía, en su artículo décimo, que las provincias debían nombrar a representantes que, reunidos en Buenos Aires, debían ponerse de acuerdo sobre la forma de gobierno. Convocar un congreso constituyente entonces era una medida por demás revolucionaria ya que cambiaría el orden vigente. Era el sueño de Mariano Moreno, que insistía en la “emancipación”. Habían pasado 43 años.

Derrocado Rosas, la ciudad de Buenos Aires era un hervidero. Todos estaban a la expectativa de lo que haría Urquiza, se temían descontroles y muchos vecinos salían armados de sus casas. Se intuía que el principal obstáculo de un congreso constituyente serían los porteños, que pretendían mantener su hegemonía y especialmente los beneficios producidos por la aduana.

Bartolomé Mitre pedía la institucionalidad pero sin darle lugar al caudillismo del interior, mientras que Valentín Alsina aseguraba que Buenos Aires bien podía sostenerse por sí sola.

Luego de escuchar los consejos y opiniones de su círculo de confianza, el 6 de abril Urquiza organizó en Palermo, antiguo baluarte rosista, una reunión de la que participaron el gobernador de Buenos Aires, el general Virasoro de Corrientes y jefe de su estado mayor Manuel Leiva, delegado de Santa Fe y que además era su secretario privado. Ellos delegaron en su figura la dirección de las relaciones exteriores. Así se estableció en lo que se conoció como el “Protocolo de Palermo”.

El objeto de la reunión fue “formar el preliminar de la constitución nacional”.

Desde marzo algunos políticos instaban a Urquiza a firmar el decreto de la capitalización de Buenos Aires, sancionada por el Congreso de 1826, además de concretar una reunión del congreso y organización del gobierno provisional, pero no obtuvieron entonces consenso. El otro, de Alsina, que logró un amplio apoyo, era que en esa reunión se estableciese dónde, cuándo y cómo se reuniría el Congreso Constituyente que nos daría una Carta Magna.

Cuando se propuso mandar circulares a las provincias para llegar un acuerdo en la convocatoria de un congreso, Urquiza lo rechazó por ser un proceso muy lento. “Nos exponemos a cada uno brinde su opinión y a demoras interminables. Reunamos a los gobernadores en una conferencia y salimos pronto del paso”.

Le dio credenciales a Bernardo de Irigoyen quien, conocedor del interior, que visitase a cada uno de los gobernadores para acordar las medidas para mantener el orden, sostener la legitimidad de sus gobiernos y para que colaborasen en la organización nacional, en base al sistema representativo federal.

Tuvo éxito. La mayoría de los gobernadores acudieron a la cita en San Nicolás de los Arroyos, donde suscribieron un acuerdo el 31 de mayo de 1852. En sus 19 artículos, más uno adicional, se declaró al Pacto Federal del 4 de enero de 1831 como ley fundamental de la República; también la convocatoria a un congreso general constituyente a realizarse en San Fe y la organización de la elección de dos diputados por provincia. Ese congreso general debería dictar una constitución nacional. Se dispuso que Urquiza fuera Director Provisorio de la Confederación Argentina.

Encargado además de las relaciones exteriores, debía reglamentar la navegación de los ríos, las postas y correos y la supresión de las aduanas interiores y los derechos de tránsito.

Cuando Juan B. Alberdi, que por entonces vivía en Chile, se enteró del acuerdo, le envió el 30 de mayo una copia de su trabajo “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, que había escrito en pocas semanas. El tucumano le propuso a quien “ha sabido restablecer la libertad de la patria”, trabajar por la sanción de una constitución.

El contraste de la alegría de San Nicolás era la ciudad de Buenos Aires. “Se ha creado una dictadura irresponsable, que le permitirá al vencedor del tirano (Rosas) actuar con todo discrecionalismo, además de que los poderes que le otorgan lesionan y humillan la autonomía bonaerense”, denunciaron.

El 21 de junio, la legislatura porteña rechazó en pleno que todas las provincias tuviesen el mismo número de representantes, que le impedía imponer su posición y se opuso al nombramiento de Urquiza. También se opuso al punto que indicaba que cada provincia debía aportar para el mantenimiento del gobierno un porcentaje de lo recaudado en su comercio exterior. Argumentaron que el gobernador Vicente López y Planes, que había sido nombrado por Urquiza el 4 de febrero, había asistido a San Nicolás sin la autorización de la legislatura.

El cuerpo rechazó el acuerdo, y Vicente López y Planes renunció. Entusiasmados, los porteños entregaron la gobernación al presidente de la legislatura, Manuel Guillermo Pinto. La alegría les duró un día cuando el entrerriano les informó que haría cumplir con la primera de sus obligaciones, que es “salvar la Patria de la demagogia, después de haberla libertado de la tiranía”. El Director Provisorio asumió el mando de la provincia, cerró la legislatura y repuso a López, quien terminaría renunciando en julio.

Los porteños aprovecharon que Urquiza dejó la ciudad y el 11 de septiembre lanzaron una revolución, en la que rechazaban el acuerdo de San Nicolás y el llamado a enviar representantes al congreso y asumió nuevamente el gobierno el general Manuel Pinto. Urquiza no quiso ir a un enfrentamiento si no lo atacaban.

Pero en octubre fue nombrado gobernador Valentín Alsina, quien intentó sin suerte invadir Entre Ríos y Santa Fe. Producto de desacuerdos entre los líderes revolucionarios el coronel Hilario Lagos se levantó contra Buenos Aires y Alsina, en la búsqueda de que Buenos Aires se reincorporase a la Confederación.

El 6 de diciembre Lagos comenzó un sitio de la ciudad y Alsina renunció. Urquiza mandó tropas a Lagos y bloqueó el Río de la Plata.

Luego de varios meses y por desacuerdos de Lagos con sus pares, Urquiza se puso al frente del sitio hasta el 20 de junio de 1853 cuando el jefe de la flota sitiadora, el norteamericano John Halstead Coe exigió cinco mil onzas de oro para pasarse a los porteños, cambió de bando y levantó el bloqueo. Antes de irse a su país quiso saludar al general Paz, quien lo rechazó por ser un traidor.

El 13 de julio Urquiza acordó con los porteños su salida de la ciudad en tres barcos que le cedieron. En la esquina de Scalabrini Ortiz y Soler, cuando iba en dirección al puerto, planeaban asesinarlo, pero el jefe de la policía coronel Pelliza, abortó el intento.

Cada una de las 14 provincias debía designar dos diputados, que se reunirían en Santa Fe a partir de agosto. Solo unos pocos sabían que Urquiza había enviado emisarios de su confianza para terminar de convencer a algunos gobernadores que se mostraban remisos.

El 8 de noviembre ya estaban los representantes de 12 provincias; los de San Juan llegarían el febrero de 1853. Buenos Aires, que no mandaría a nadie, sostenía que las provincias eran “13 ranchos federales”.

El 20 de noviembre Urquiza, que en más de una vez debió luchar contra el propio desánimo ya que tanto unitarios como algunos federales lo miraban de reojo, dejó abierto el congreso constituyente con la celebración de un tedeum en la iglesia matriz.

Bajo las arcadas del cabildo de Santa Fe, Luis José de la Peña leyó, en nombre de Urquiza, el discurso inaugural. “Olvido de todo lo pasado, fusión de todas las opiniones, organización nacional bajo el sistema federativo”, fue la consigna.

El 24 de diciembre quedó armada la comisión que tendría la responsabilidad de redactar un proyecto de constitución. Ellos fueron Manuel Leiva, Juan María Gutiérrez, José Benjamín Gorostiaga, Pedro Díaz Colodrero y Pedro Ferré. Con el correr de las semanas, se irían agregando otros constituyentes.

Para la redacción, se tomaron en cuenta el proyecto de Juan Bautista Alberdi de 1852, la constitución norteamericana de Filadelfia de 1788, definida como “el único modelo de verdadera federación que existe en el mundo”; la chilena de 1833 y la suiza de 1844; las resoluciones de la Asamblea del Año XIII, las constituciones unitarias de 1819 y 1827, los pactos federales de 1822 y 1831, entre los principales.

El 18 de abril se presentó el proyecto, en el que se notaba la inspiración política de la Asociación de Mayo, entidad fundada en 1837. Gorostiaga y Gutiérrez tuvieron la responsabilidad de defenderlo.

Sostenía el sistema republicano, representativo y federal. Contemplaba la libertad de conciencia y de cultos. Establecía un modelo bicameral para el poder legislativo con representantes del pueblo en la Cámara de Diputados y de las provincias en la de Senadores, de acuerdo al modelo norteamericano.

El congreso era el juez político del presidente, del vice, de los ministros, de jueces nacionales y de los gobernadores.

El poder ejecutivo era unipersonal, conforme al modelo chileno. Establecía cinco ministros, mientras que el poder judicial seguía al de Estados Unidos de una Corte Suprema de nueve jueces y dos fiscales.

El 20 de abril comenzó a discutirse el proyecto. El salteño Facundo Zuviría había pedido el aplazamiento de la sanción hasta lograr la pacificación del país, pero no prosperó.

Los principales debates giraron en torno a la cuestión de la libertad religiosa, a la formación del Tesoro Nacional y a la determinación de Buenos Aires como capital de la Confederación Argentina, temas que monopolizaron las sesiones que celebraron entre el 21 y el 27 de abril.

Se aprobó el 1 de mayo de 1853. Urquiza la promulgó el 25 de mayo en San José de Flores y se juró el 9 de julio.

Uno de sus sermones más famosos de Fray Mamerto Esquiú fue el del 9 de julio de 1853 en Catamarca, en el que alentó al pueblo a acatar la Constitución. “Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin leyes no hay patria, no hay verdadera libertad: existen solo pasiones, desorden, anarquía, disolución guerra y males…”.

Buenos Aires la rechazó. “Es un arreglo entre gobernadores, no es un acuerdo entre provincias”, denunciaron. Mitre dijo que era un pacto entre caudillos y no entre pueblos. Del Carril, Gorostiaga y Zapata viajaron a presentarla. Primero quisieron hacerlo con el general Hilario Lagos, quien no alcanzó a leerla. Las autoridades de la ciudad se negaron a recibirlos “para ahorrarse el trabajo de ahorcarlos en las trincheras”.

Mientras la prensa porteña la atacaba, en la Sala de Representantes se decía que el proyecto debía arrojarse a la calle “para que lo recoja quien fuera”.

Pero no se dió marcha atrás. Luego se definieron algunas leyes orgánicas relativas a la capitalización, a la ley de aduanas, a hacienda y a navegación entre otras.

Al año siguiente Urquiza fue el primer presidente constitucional por un plazo de seis años. Y también supuso la separación del Estado de Buenos Aires de la Confederación -el 18 de abril de 1854 dictó su propia Constitución- situación que se mantuvo hasta 1860 cuando Mitre fue derrotado en Cepeda y se firmó el Pacto de San José de Flores, también llamado de Unión Nacional.

Pero entre 1854 y 1860 la situación fue diferente: el país estuvo partido en dos.

Fuentes: Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, por Juan B. Alberdi; Documentos constitucionales argentinos, por Maria L. San Martino de Dromi;

Nota:infobae.com