En The Wire, la serie que narra los entretelones del tráfico de drogas en la ciudad estadounidense de Baltimore, un policía dice: “Si seguís las drogas, vas a encontrar adictos y transas. Pero si empezás a seguir el dinero, no sabés hasta dónde te va a llevar”. En una Rosario azotada por la violencia, las balaceras y los homicidios se llevan la atención de los medios, mientras el dinero fluye en la economía –tanto formal como informal–, corrompe áreas clave del Estado y revela la impotencia de las autoridades frente a un problema que crece.

Ubicada en una zona estratégica del país, atravesada por rutas nacionales y la hidrovía y cabeza de uno de los principales nodos agroexportadores del mundo, Rosario reúne condiciones objetivas para ser una plaza fuerte en el comercio de drogas. 

Enrique Font, profesor de Criminología y Política Criminal de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), distingue dos circuitos del dinero proveniente de la venta de drogas. “Por un lado, está la conversión de pesos a dólares que hace la persona que le compra a un proveedor de mayor escala. Por el otro, los empresarios que controlan la actividad, por más fragmentada que esté, y que necesitan volver a meter ese dinero en la economía y lavarlo”, señala el especialista.

Debido a los grandes volúmenes de dinero en negro que manejan y el acceso a instrumentos como los fideicomisos, que vuelven difícil distinguir el origen de los fondos, la gastronomía, las concesionarias de autos y motos y la construcción han sido los rubros más elegidos para blanquear el dinero generado por la venta de drogas.

Para Font, secretario de Seguridad Comunitaria de Santa Fe durante el gobierno de Hermes Binner, en Rosario no existe narcotráfico, en el sentido de un fenómeno transnacional y dominado por organizaciones sofisticadas, sino un mercado local de drogas, atado a los ciclos económicos y los gustos de los consumidores. “El consumo de drogas, particularmente de cocaína, está muy vinculado al tiempo libre, a la noche. Cuando la economía crece, el consumo se expande, y cuando se retrae, cae. Es como salir a comer o ir al cine, son las primeras cosas que se cortan cuando los bolsillos están flacos. No digo que no exista consumo problemático, pero cuando vino la pandemia no vimos a zombies caminando por Bulevar Oroño con síndrome de abstinencia. Si no se puede comprar, no se compra”, resalta Font.

Más cerca de Ciudad de Dios que de El patrón del mal, el mercado de drogas rosarino aparece dominado por personajes alejados del paradigma del jefe narco cerebral y dotado de pensamiento estratégico. Se trata, por el contrario, de jóvenes que viven una vida vertiginosa, conscientes de que una muerte violenta espera a la vuelta de la esquina, y que en lugar de montar una cadena de supermercados para lavar dinero se compran un auto importado último modelo o revisten de porcelanato su humilde vivienda del Fonavi.

A diferencia de lo que sucede en otros distritos, en Rosario el mercado aparece balcanizado entre pequeñas bandas.

La excepción a este modelo de transas más orientados al consumo que a la inversión es Esteban Lindor Alvarado. El enemigo histórico del clan Cantero (líderes de la banda Los Monos), que el mes pasado intentó fugarse en helicóptero del penal de Ezeiza, se reconvirtió de ladrón de autos a uno de los jugadores fuertes del narco local y montó una red de empresas dedicadas a la logística. Un entramado de compañías que garantizaba la distribución de drogas y a la vez introducía el dinero en el circuito de la economía formal.

Los fondos del negocio de las drogas en Rosario, que el camarista federal Aníbal Pineda estima en 30 millones de pesos por día, fluyen en distintas direcciones. “Por su estructura económica, su rol en la exportación y los agronegocios, Rosario cuenta con un circuito de elusión impositiva y lavado gigantesco y muy aceitado. Cualquier investigación que siga el dinero en Rosario hace que te encuentres con el círculo rojo local”, señala Font.

En octubre de 2021, el empresario Gustavo Shanahan, ex titular de Terminal Puerto Rosario (controlada por Vicentin y la chilena Ultramar), fue detenido con 34 millones de pesos en una cueva del centro de la ciudad. Shanahan está acusado de integrar una estructura ligada al narcotráfico, como proveedor de dólares para importar cocaína que después se revendía en la ciudad.

Pero no todos coinciden a la hora de estimar el nivel de circulación del dinero proveniente de la droga en los circuitos financieros locales. Víctor Moloeznik, director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, sostiene que se trata de una hipótesis sostenida sobre todo por el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, pero no de una certeza. “Al Guille Cantero (líder de Los Monos) le secuestramos un teléfono por semana. A los narcos medianos y pequeños también, y todo el tiempo les estamos sacando información y nunca aparece eso mencionado. Es raro que los grandes tiburones de la Bolsa o de la construcción, que han hecho por ejemplo el desarrollo de Puerto Norte, estén metidos en este negocio. Hay que seguir más la trama de la economía informal”, considera Moloeznik.

La connivencia policial

Parte del dinero que recauda la venta de drogas se redirige a comprar voluntades en el Estado. Por ejemplo, los guardiacárceles que dejan ingresar celulares a los penales. Así, los principales jefes criminales logran seguir administrando el negocio aunque se encuentren presos. Eso implica también ordenar asesinatos, en el marco de una disputa despiadada por el control del territorio.

A diferencia de lo que sucede en otros distritos, donde la venta de drogas está fuertemente regulada desde el Estado, lo que garantiza cierto orden y menores niveles de violencia, en Rosario el mercado aparece balcanizado entre pequeñas bandas; la policía provincial no cumple el papel de árbitro sino que es un jugador central. En este sentido, la ex ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, propuso “correr a la policía de Santa Fe de las calles y que las fuerzas federales tomen el espacio”. Moloeznik coincide en que la penetración es importante. “No hay dudas de que la policía está absolutamente penetrada por el delito; cuesta encontrar áreas policiales que no lo estén, al menos parcialmente”.

Para comprobarlo basta ver que entre los condenados en los distintos juicios contra Los Monos o Alvarado aparecen numerosos efectivos policiales, ya sea como cómplices o directamente como miembros de las bandas. Un proceso que, lejos de morigerarse, se profundiza. A comienzos de marzo detuvieron a una policía con licencia médica, acusada de filtrar información sobre investigaciones judiciales y allanamientos a una célula de Los Monos que operaba en la zona noroeste de la ciudad. Esa banda, integrada por su hijo de 23 años, sería responsable de unos 50 de los 288 asesinatos que se cometieron en Rosario en 2022.

Otro ejemplo. También a inicios del mes pasado, en el marco de la investigación del asesinato de un ex jefe de la barra de Newell’s, la policía allanó el domicilio de un ex jefe de Drogas Peligrosas y un ex subjefe policial de Rosario. Ambos fueron encontrados en un galpón de la zona oeste de la ciudad comiendo un asado con otros policías retirados. Allí la Justicia provincial secuestró más de diez teléfonos celulares, un millón y medio de pesos en efectivo, un revólver calibre 38, una pistola 9 mm y un motorhome.

Las debilidades de la Justicia

Además de la policía, la Justicia Federal rosarina, donde las causas relacionadas con narcotráfico y lavado de activos avanzan lentamente, también es motivo de sospecha. ¿Se trata de connivencia o de simple escasez de recursos? El año pasado, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, señalaron al juez federal rosarino, Marcelo Bailaque, por rechazar medidas necesarias para profundizar la investigación sobre Alvarado.

A estas sospechas se suma el raquitismo crónico de la estructura judicial: 8 de los 24 cargos de jueces y fiscales de la Justicia Federal de Rosario están vacantes. A la espera de que se acuerden nombramientos, hoy trabados por la interna del Frente de Todos y la pulseada con Juntos por el Cambio en el Senado, avanza en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto, firmado por los 19 legisladores santafesinos de varios partidos, para fortalecer la Justicia Federal en la provincia.

La iniciativa, que sólo se destrabó cuando balearon el supermercado de la familia de la esposa de Lionel Messi y se desató una pueblada en el barrio Empalme Graneros después de que asesinaran a un chico de 11 años, propone crear 13 fiscalías, 4 defensorías y 6 juzgados federales. También insiste en acelerar la implementación del sistema acusatorio, que desplaza el centro de gravedad de la investigación penal de los jueces a los fiscales. Pero los resultados se verán, en el mejor de los casos, en el mediano plazo, lejos de las urgencias que impone la coyuntura. “Una vez que se sancione la ley se abren los concursos en el Consejo de la Magistratura, que está virtualmente paralizado por la crisis entre el oficialismo y la oposición”, explica Moloeznik. “Después el Poder Ejecutivo tiene que elegir los nombres y luego el Senado dar el acuerdo. Una vez que termina esa etapa hay que salir a alquilar el edificio, comprar computadoras, designar a los empleados. Estamos hablando de un proceso que puede llevar tranquilamente entre cinco y ocho años”.

La política en la encrucijada

Presa del cortoplacismo, la política santafesina repite un loop de reacciones espasmódicas, pases de facturas entre oficialismo y oposición y el intento de sacar ventaja pensando en las siguientes elecciones. A lo largo de casi dos décadas de expansión del narcotráfico, los gobiernos del Frente Progresista (integrado por el socialismo y el radicalismo, entre otros) y del peronismo protagonizaron distintas etapas de reformas policiales fallidas, ensayos de conducción negociada con la fuerza y, en los momentos de máxima debilidad civil, autogobierno policial.

¿Cuál es la relación entre la dirigencia santafesina y el mundo de la venta de drogas? “Puede haber sospechas e indicios en algún caso puntual, pero no hemos tenido señales de que un partido político o sector proteja o esté ligado directamente a un grupo criminal”, afirma Moloeznik. Lo cierto es que el problema se hace cada vez más grande y obliga a todos los gobiernos a ensayar algún tipo de respuesta. Forzados por las urgencias que impone la violencia y el calendario electoral, el gobierno nacional de Alberto Fernández, el provincial de Omar Perotti y el municipal de Pablo Javkin pusieron en pausa la disputa por las responsabilidades, sellaron una tregua en un conflicto en el que perdían todos y se apuraron en anunciar medidas: además de reforzar la presencia de Gendarmería en el territorio ante la disparada de los homicidios –un hilo rojo entre las administraciones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández–, el Presidente dispuso el envío de integrantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para colaborar con la urbanización de los barrios populares y la apertura de una delegación de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El gobierno provincial, por su parte, sumó escanners para evitar el ingreso de elementos indebidos a los penales, sobre todo celulares, y firmó un convenio con la Nación para incorporar 500 cámaras de vigilancia en Rosario y el uso de sistemas biométricos para identificar a personas con pedido de captura. Por su lado, el municipio puso en marcha una agencia contra el lavado de activos y creó una empresa pública de desarrollo urbano.

Ambos proyectos fueron impulsados en el Concejo Deliberante por Ciudad Futura, una fuerza política que nació de la militancia territorial post 2001. El proyecto de crear una empresa pública para impulsar el desarrollo urbano tiene antecedentes en Medellín y Bogotá, dos ciudades que alcanzaron niveles de violencia aun más dramáticos que los de Rosario y que con este instrumento pudieron generar transformaciones sociales y económicas que lograron mejorar las condiciones de vida. La estrategia de fondo contra el narcotráfico es atacarlo por arriba, yendo por la ruta del dinero y contra el delito de guante blanco, y por abajo, urbanizando los barrios populares. “Cuando uno ve los casos de América Latina es fácil darse cuenta de que, cuando el enfoque es equivocado, se termina generando más violencia”, señala Juan Monteverde, concejal y referente de Ciudad Futura.

Aunque el combate –por arriba– sigue siendo débil, Rosario tuvo experiencias exitosas de intervención barrial a través de los llamados “operativos multiagenciales” implementados por los gobiernos de Miguel Lifschitz y Omar Perotti. Luego de una primera avanzada de las fuerzas de seguridad, las distintas áreas del Estado se concentran en un cierto territorio. Es lo que sucedió el año pasado, por ejemplo, en Ludueña, uno de los barrios más golpeados por el crimen, donde desembarcó un ejército de trabajadores estatales que gestionaron DNI y partidas de nacimiento, el Boleto Educativo Gratuito, la Billetera Santa Fe (un programa de reintegros al consumo similar a la Cuenta DNI bonaerense), además de aplicar vacunas contra el Covid y del calendario obligatorio, realizar test de HIV y tramitar derivaciones directas por consumos problemáticos.

La violencia, por un tiempo, se aplacó, pero cualquier solución de fondo requiere sistematicidad, la extensión a otros barrios, coordinación horizontal y vertical en el Estado, la inyección permanente de recursos y, sobre todo, ofrecer a los jóvenes una alternativa a la vida efímera –pero cargada de placeres y reconocimiento– que promete el narco. Ese es justamente uno de los principales desafíos en una ciudad fragmentada, en la que el mapa de la violencia coincide con el mapa de la desigualdad. La tasa de homicidios de Rosario –22 asesinatos cada 100.000 habitantes– quintuplica la tasa nacional –4,6 cada 100.000–, pero en realidad enmascara diferencias abismales. Según indican en la Justicia, la tasa de homicidios en –por ejemplo– el Barrio Martin, una zona residencial de clase media-alta lindera al Monumento a la Bandera, es similar al de una ciudad escandinava, mientras que en los barrios más castigados los niveles trepan hasta los que se registran en las zonas más calientes de México o Centroamérica.

A las puertas de un nuevo ciclo político en el que una de las tareas centrales será la reconstrucción de la autoridad y la capacidad del Estado, Font se muestra escéptico. “Se necesitan acuerdos transversales para construir políticas de Estado que se sostengan más allá de los vaivenes electorales. Esto implica una decisión madura de la dirigencia de reconocer que si esto sigue así vamos a regalar la democracia a alternativas autoritarias. Es lo que pasa cuando se acumulan los homicidios y hay una insatisfacción muy grande: te aparece un Bukele. El problema es que en Santa Fe tenemos un abroquelamiento para que no suceda nada”, alerta.

 
Por Mariano D'Arrigo/ Periodista. * le Monde Diplomatique