En medio de la última escalada de violencia en el conflicto israelí-palestino, que captó la atención del mundo con las muertes casi diarias de palestinos y el atentado en Jerusalén este que mató a siete israelíes, se coló un dato clave: los colonos israelíes que viven en los asentamientos construidos en Cisjordania, uno de los territorios que la comunidad internacional considera como ocupados y parte del futuro Estado palestino, superaron por primera vez el medio millón, según sus propias cifras. Conviven con más de 2,8 millones de palestinos en un intrincado pero explícito sistema político-legal en el que los colonos son ciudadanos plenos del Estado de Israel y los palestinos, sujetos representados por una autoridad sin poder real y completamente dependiente de la ayuda extranjera y de la cooperación de Israel (aunque sea mínima), la fuerza militar que ocupa y decide sobre el destino de ese territorio desde 1967.

Usualmente cuando el conflicto israelí-palestino se cuela en los medios y, mucho más cuando se instala en los principales titulares, es por un sangriento atentado, una escalada de protestas, represión y enfrentamientos, o una ofensiva militar masiva de Israel contra el otro territorio palestino que el mundo considera bajo ocupación, la bloqueada Franja de Gaza, como sucedió en 2008, 2012, 2014 y 2021. Se cuentan los muertos, se escarba en las historias o motivaciones personales de los atacantes o del gobernante israelí de turno y se pierde la película que viene corriendo hace más de un siglo.

Por eso, el dato que publicó en enero el portal Estadísticas de la Población Judía en Cisjordania (westbankjewishpopulationstats.com) y reprodujo la agencia de noticias estadounidense AP pasó inadvertido en medio del temor a una nueva escalada generalizada de la violencia, luego que 35 palestinos y siete israelíes fallecieran solo en enero, luego que 2022 quedara en la historia como el año con más muertos desde que la ONU comenzó a mantener un registro, en 2005. 

"Llegamos a un hito enorme. (....) Estamos acá para quedarnos", celebró el director del portal Baruch Gordon, un colono del asentamiento de Beit El, ubicado al norte de Ramallah, la ciudad palestina de Cisjordania donde está la sede del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que fundó Yasser Arafat en los 90, en el marco de los Acuerdos de Oslo. "Creo que en los próximos años de este Gobierno habrá mucha más construcción de lo que ha habido en los gobiernos de los últimos 20 años", agregó, según AP, en referencia a la vuelta del poder del primer ministro Benjamin Netanyahu de la mano de una coalición de fuerzas tan corrida a la extrema derecha que hace varias semanas cientos o decenas de miles de israelíes salen a las calles para advertir sobre las políticas xenófobas y violentas que impulsan, no tanto hacia los palestinos ocupados, sino hacia las minorías israelíes. 

Aunque todos los números alertan sobre una aceleración de la violencia, el dato que realmente desnuda cuánto empeoró el conflicto es la confirmación por parte de los propios colonos de que crecieron y se expandieron de manera constante, y que esperan hacerlo aún más rápido en las próximas dos décadas. En 2008, el número de colonos israelíes en Cisjordania -un territorio que no llega a ser la mitad del AMBA- no llegaba a 290.000. Es decir, hace solo 15 años. En ese momento, la organización israelí Paz Ahora (Peace Now) ya alertaba que el crecimiento demográfico de los colonos en Cisjordania era de aproximadamente 5% en los años anteriores, mientras que dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas como Israel, era de apenas 1,8%. 

En 2005, el entonces primer ministro Ariel Sharon, un dirigente ya fallecido pero que supo ser un referente del sector más duro de la dirigencia israelí, lideró la única experiencia de retirada masiva de colonos de un territorio ocupado. Ordenó la disolución de todos los asentamientos en la Franja de Gaza y movilizó a 25.000 policías y militares para forzar la salida de la mitad de los colonos que no aceptaron irse voluntariamente. Las escenas de familias enteras siendo removidas por la fuerza, jóvenes israelíes insultando y forcejeando con los soldados desató una crisis dentro de Israel y dejó una gran enseñanza: una desconexión (el eufemismo con el que se bautizó a la retirada, pese a que Israel siguió controlando las fronteras terrestres, aéreas y marítimas de la pequeña franja que, en los hechos, continúa bajo ocupación militar) de los otros territorios palestinos, donde la población colona es mucho más grande desataría un conflicto interno en Israel, de consecuencias impredecibles para cualquier gobierno. 

Pero la población colona también sacó una enseñanza de esos traumáticos días de 2005. Aumentó su poder e influencia política, se volvió un sector importante de la sociedad israelí en la movilización electoral y se aseguró que el Estado nunca más atentara contra sus intereses. Y lo logró. Como deslizó Gordon cuando celebró llegar al "hito" de los 500.000 colonos en Cisjordania, "con este Gobierno" de Netanyahu el avance de la expansión de los asentamientos, que ya venía siendo importante y sostenido, será aún más rápido. 

Este es el corazón del conflicto actual porque cuanto más crecen los asentamientos más carcomen cualquier sueño de continuidad territorial de un futuro Estado palestino, un punto esencial si se quiere alcanzar una solución de dos Estados -uno israelí y otro palestino-, como pide la mayoría de la comunidad internacional, Argentina incluida. Hoy, cuando uno recorre Cisjordania, ve asentamientos que ya se convirtieron en ciudades de miles de habitantes, para cuya conectividad se construyeron modernas rutas a las que los palestinos no tienen acceso y que obligan a que estos últimos tengan que hacer viajes de varias horas para ir de un pueblo o de una ciudad a otra que no está muy lejos, pero que debe esquivar las colonias y sus alrededores, por razones de seguridad.

En el mapa, se ve como un queso roquefort, en el que las llamadas áreas A, donde se encuentran las principales ciudades palestinas y supuestamente la Autoridad Nacional Palestina (ANP) tiene completo control (una ilusión bajo una ocupación militar), están todas separadas entre ellas, a veces unidas por las áreas B, en donde la ANP ya no controla la seguridad, y en gran parte rodeadas de las áreas C, completamente bajo dominio del comando israelí de la ocupación. Las áreas A representan el 18% de Cisjordania, las B, 21% y las C, alrededor del 60%, según se definió en los Acuerdos de Oslo. 

Además de ser el corazón del conflicto, la expansión de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados es un tema que genera un consenso total en la comunidad internacional. Ningún país los reconoce como legales porque, entienden que el derecho humanitario -las reglas que rigen en los conflictos armados- prohíbe que una fuerza ocupante traslade a su población al territorio ocupado, mucho menos que utilice esa colonización para expulsar a la población local, como ha sucedido una y otra vez en el último siglo en Cisjordania y Jerusalén este. Sin embargo, los sucesivos gobiernos israelíes han conseguido convertirlo en una verdadera política de Estado, sin grieta, desde el inicio de la ocupación, en 1967. 

Lo consiguieron por dos razones, principalmente. Por un lado, lograron imponer dentro de su sociedad y en el mundo su versión de cómo se debe discutir el conflicto, es decir, en términos de dos partes en pie de igualdad. Esta versión de la realidad permite a Israel argumentar que está defendiendo su defensa nacional como cualquier otro país, aunque no existe ningún otro país en el mundo que mantenga bajo ocupación militar durante más de 50 años a su vecino, no le reconozca ningún tipo de soberanía territorial real o derechos de ciudadanía a sus habitantes. Por otro lado, cuando este paradigma comenzó a resquebrajarse, contó con el apoyo incondicional de su mayor aliado internacional, Estados Unidos. Pese a que el Gobierno de Barack Obama intentó presionar, incluso públicamente, a sus socios israelíes para frenar la expansión de los asentamientos al punto de tensar la relación bilateral, en 2011, cuando todos los otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se pusieron de acuerdo para emitir una resolución histórica que condenaba la ampliación de las colonias con las mismas palabras de Estados Unidos -literalmente, utilizaron las mismas declaraciones pasadas de la Casa Blanca-, Washington aplicó su poder de veto y salvó a su aliado. 

La entonces embajadora de Obama, Susan Rice, dijo tras votar que su veto no era un apoyo a las colonias israelíes en territorios ocupados palestinos. "Por el contrario, rechazamos en los términos más fuertes la legitimidad de la continua actividad de los asentamientos israelíes. La continua actividad de los asentamientos viola los compromisos internacionales de Israel, destruye la confianza entre las dos partes y amenaza las perspectivas de paz", sostuvo y agregó: "Con esta resolución nos arriesgamos a endurecer las posiciones de ambas partes". 

Doce años después, nadie pone en duda que la posibilidad de un diálogo de paz está más lejos que nunca. En cambio, los asentamientos israelíes siguen creciendo año tras año, gracias a incentivos directos del Estado y sin ninguna consecuencia para una dirigencia y una sociedad israelí que ya casi no discuten el conflicto ni cómo llegar a una futura paz. 

Por María Laura Carpineta