El 2023 empieza con un déficit histórico en el Poder Judicial: las vacantes de jueces. Este año se inicia con un 24% de cargos de magistrados nacionales y federales -de todas las instancias- que no tienen titulares. Es un número que en las últimas dos décadas osciló entre el 20 y el 30 por ciento y que nunca se logró bajar.

Así surge de información oficial del Consejo de la Magistratura de la Nación -el órgano encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales- a la que accedió Infobae. Hay 988 cargos de magistrados de primera instancia, de cámaras y de tribunales orales federales y nacionales en todo el país, de los cuáles 242 están vacantes, sin sus titulares y ocupados por subrogantes que son magistrados que ya tienen sus tribunales. De esos 242, 13 corresponden a tribunales que están creados por ley pero que todavía no funcionan.
Esas 242 vacantes se encuentran en distintos procesos: 166 forman parte de concursos que está haciendo el Consejo, de los cuáles la mitad ya está en condiciones de ser aprobados; 51 están en el Poder Ejecutivo y 24 en el Senado de la Nación. La distribución corresponde a cómo es el proceso de selección de un juez. Es decir que casi la mitad están en la etapa de definición y no se aprueban.

Cuando un cargo queda vacante, el Consejo llama a un concurso público para cubrirlo. Los postulantes se anotan y comienza el proceso que consta de un examen escrito, el análisis de los antecedentes laborales y académicos y una entrevista personal. Con eso se elabora una terna con los mejores candidatos que el Consejo aprueba.

Luego se pasa a la segunda etapa. Ahí interviene el Poder Ejecutivo que debe elegir a uno de los postulantes y proponer su nombre al Senado de la Nación. Y la cámara alta es quien finalmente aprueba el nombramiento del nuevo magistrado.

El proceso es técnico pero tiene un alto contenido político que es en definitiva lo que traba muchas de las designaciones y así que hay un 24 por ciento de vacantes.

Radiografía de las vacantes

De las 242 vacantes, 166 están en el Consejo. Forman parte de los concursos que el organismo tiene abiertos. De esas, 84 están en etapa de plenario. Eso quiere decir que el concurso ya terminó y solo resta que los consejeros lo aprueben para enviarlo al Poder Ejecutivo. Para aprobar una terna se necesita los dos tercios de los votos de los 20 integrantes del organismo, la composición que rige desde abril pasado cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la integración de 13 miembros. Sin embargo, desde noviembre pasado que el Consejo no está integrado. Faltan los representantes del Senado que está trabado por la disputa por uno de los lugares entre el Frente de Todos y Juntos para el Cambio que la reclaman para sí. Además, por esa pelea y la que hay entre el gobierno nacional y la Corte Suprema -su presidente Horacio Rosatti es también el titular del Consejo-, el organismo no se reúne desde junio del año pasado.

Entre los concursos que están en condiciones de ser tratados por el plenario algunos tienen más de un año sin resolverse. Son los casos de las vacantes en el juzgado federal 1 de Corrientes, en el Tribunal Oral Federal de Formosa, las seis vacantes en los Tribunales Orales Federales de Comodoro Py o en tres juzgados de primera instancia y la Cámara Federal del edificio judicial que más mira la política. También en juzgados, cámaras y tribunales orales federales de Bariloche, Mar del Plata, San Martín, General Roca, Posadas -claves para las causas por el crimen organizado.

Lo que frena esos tratamientos es la falta de acuerdo político en el Consejo. La disputa entre el oficialismo y la oposición impide que se avance. El gobierno tiene como objetivo central aprobar las ternas de Comodoro Py y condiciona sus votos a otros concursos. Mientras que Juntos por el Cambio no da los votos por desconfianza en que el gobierno cumpla los acuerdos en las etapas del Poder Ejecutivo y el Senado y a la espera de que este año pueda ganar las elecciones y el escenario cambie a su favor.

Así fue en la integración hasta noviembre. La expectativa está puesta en qué ocurrirá cuando el Consejo comience a funcionar. Aunque ante un año de elecciones presidenciales y por el pedido de juicio político del gobierno a la Corte las esperanzas de que el Consejo sea productivo son pocas.

Esos desacuerdos hicieron que el 2022 sea uno de los peores años en materia de concursos para el Consejo: aprobó 10. Se lograron destrabar con la llegada de Rosatti a la presidencia con muestras de buena voluntad del oficialismo y la oposición que luego no continuaron. El peor año había sido el 2021 cuando solo se aprobaron 5 concursos. En 2011 habían sido 6, en 2013 7 y en 2000 10. El Consejo supo tener años dorados: en 2018 aprobó 154 concursos; en 2010, 119 y en 2017, 93.

De los restantes 82 concursos que hay en el Consejo se encuentran en distintas etapas, algunos incipientes y otros más avanzados.

En el Poder Ejecutivo hay 51 concursos ya terminados por el Consejo que esperan la elección de uno de los integrantes de la terna. Allí la demora en resolver algunas ternas viene desde el gobierno de Mauricio Macri. En el gobierno están desde de 2018 las ternas para cubrir seis cargos en Tribunales Orales Criminales de la ciudad de Buenos Aires que son los que juzgan delitos como homicidios, robos y violaciones.

La situación de los tribunales orales es particular. Son 28 y cada uno está integrado por tres jueces, por lo que debería haber 84 magistrados. Sin embargo, falta el 30 por ciento: solo hay 59. El déficit era mayor y se acortó en septiembre del año pasado cuando fueron nombrados 15 magistrados. Y la Cámara Nacional de Casación Penal -que, entre otros temas, revisa los juicios orales- debería tener 10 jueces y solo tiene seis. El concurso para cubrir las vacantes en Casación está aprobado desde septiembre de 2019.

También desde el 2018 el Poder Ejecutivo no define las ternas para el juzgado federal 1 de Mar del Plata, para el 1 de San Nicolás, para el 2 de Lomas de Zamora y para dos lugares en la Cámara Federal de la Plata, entre otros cargos que se encargan de las causas de crimen organizado.

Por su parte, el Senado tiene pendientes la aprobación o el rechazo de 24 magistrados. La mayoría están en la cámara alta desde junio del año pasado. Pero hay otros desde junio y diciembre del 2021. Y los más antiguos son de 2020. En el Senado se replica la lógica de disputa política entre el oficialismo y la oposición que en el Consejo para no aprobar los pliegos de jueces.

En 2022 fue uno de los años en los que menos jueces se nombraron: 25. Desde el 2000 -cuando se comenzaron a designar magistrados con este sistema- solo hubo cuatro años peores. En 2010 se nombraron 6, en 2003 10, en 2013 11 y en 2016 22.

Nota: infobae.com