El derecho de las bestias

Actualidad 21 de enero de 2023
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El pedido del fiscal Diego Luciani de condenar a 12 años de prisión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de inhabilitarla de manera perpetua para ejercer cargos públicos, es una construcción jurídica inconsistente y persecutoria de consecuencias impredecibles. En su alegato la actual vicepresidenta dobló la apuesta e inició un contrataque, señalando a sus enjuiciadores como meros instrumentos de un poder económico que controla a las corporaciones mediáticas y judiciales. 

CFK recupera así el centro de la escena –quizás contra su voluntad– y encolumna al oficialismo en función de una disputa agónica, a un año de las elecciones presidenciales. El resultado de la confrontación es incierto pero todo parece indicar que la tensión va a escalar hasta niveles pocas veces vistos. Comienza a entrar en zona de disputa (y de sospecha) la existencia misma de la democracia.

A punto de cumplir veinte años de existencia, el kirchnerismo se enfrenta a un momento bisagra en su trayectoria. Arrinconada por un bloque de poder que ha decidido excluirla del juego con el objetivo estratégico de disciplinar a la clase política en su conjunto, la líder del peronismo procura apuntalar su vigencia y relanzar la gesta. A primera vista no parece contar con armas suficientes. De ahí la apelación a la movilización popular, factor decisivo pero imposible de digitar.

La debilidad de CFK es directamente proporcional a las transformaciones históricas que su movimiento político no logró concretar, o tal vez no se lo propuso. Los enemigos mortales de hoy,  la justicia federal y el poder económico concentrado, fueron aliados al momento de gobernar, aunque con algunos se trenzó en batallas inconclusas. Esos contrincantes avanzan ahora con un caso que, a diferencia de procesos anteriores como el denominado “dólar futuro” o la firma del Memorandum con Irán, pone el dedo en una llaga.

La corrupción en la obra pública fue una pieza clave del sistema de financiamiento de la política que el kirchnerismo hizo suyo. Es cierto que se trata de una práctica  consuetudinaria empleada por todos los actores políticos relevantes, que las pruebas presentadas en la causa no alcanzan para condenar a la expresidenta y que hay malicia judicial al poner el foco solo en una provincia, pero el debate va a teñir la contienda electoral que se avecina. Y exige un delicado balance de lo hecho.

La discusión afecta a un elemento central del legado: el modo de construcción de poder de Néstor Kirchner. Hay que remontarse al año 2003, cuando el fundador sentó las bases de una “autonomía relativa” de la política estatal respecto del conjunto de corporaciones que conciben al poder ejecutivo como subordinado gestor –y tienen con qué.

Aquel proceso de acumulación originaria de soberanía tuvo una condición de posibilidad y dos vectores de atracción centrípeta que permitieron el surgimiento del kircherismo. La circunstancia sine qua non fue la ruptura del 2001, que habilitó el reseteo macroeconómico y lanzó un cuestionamiento mayúsculo al sistema político. Los pilares para reconstruir una plataforma mínima de autoridad política, por su parte, fueron el dinero y la legitimidad popular. El “furia” dejó su vida en una carrera febril por acopiar ingentes reservas de esos dos recursos escasos, sin los cuales nunca hubiera hecho la diferencia.

La causa vialidad pone en el tapete uno de ellos: la pretensión de construir un entramado empresario propio para disputarle al poder económico concentrado el excedente de los grandes negocios. Moralmente es una estrategia indefendible. Políticamente nadie parece haber encontrado una alternativa mejor. 

Sin embargo, ética o eficacia no es el principal dilema que enfrenta Cristina Fernández de Kirchner. El peronismo siempre eligió la segunda opción, cada vez que debió optar. Por eso no es un movimiento testimonial. Tampoco revolucionario.

Allí radica el principal argumento del alegato político de la vicepresidenta: no fue solo el kirchnerismo quien financió su proyecto político desviando fondos públicos, eso lo hacen todos y todas; pero el kirchnerismo fue el único en lo que va del siglo que le mejoró efectivamente la vida a la gente. El veredicto depende del resultado. La historia es el verdadero juez. 

En ese preciso punto es donde radica la flaqueza fundamental de su propuesta, porque la pelea por el significado de aquellos “doce años gloriosos” se dirime en un presente marcado por el ajuste impuesto por la administración peronista. El mismo día que la expresidenta lanzaba su contragolpe, el ministro de Economía anunciaba salvajes recortes del presupuesto público. 

El razonamiento de repente se invierte: se trata ahora de cuidar el prestigio y la honra, aunque eso implique un resultado paupérrimo para la sociedad.

Pese al inminente peligro, hay cierta alegría en las bases oficialistas. Hay quienes incluso festejan el ataque judicial porque generó la posibilidad, gracias al arrojo de Cristina, de salir del quietismo y activar una reacción. Una buena dosis de mística puede mover montañas. El peronismo se galvanizó para defender a la Jefa. “Luciani jefe de campaña”, bromean los más cínicos.

Pero la gran pregunta es si el llamamiento épico podrá trascender al microclima intenso, incluso a las oxidadas estructuras sindicales y partidarias de agregación colectiva, para contagiar a una multitud que permanece como expectadora de la puja entre élites. Solo la emergencia de ese sujeto impredecible y magmático puede modificar las incómodas relaciones de fuerzas que hoy asfixian cualquier deriva democrática. Ahora bien: ese tipo de irrupción no se programa.

Perón no convocó a las masas el 17 de octubre de 1945 y las cabecitas negras se anticiparon a la fecha que había puesto la CGT. Chavez nunca imaginó el desborde del pueblo venezolano en 2002, luego del golpe de estado quirúrgico que había logrado secuestrarlo. Los grandes acontecimientos no tienen guionistas. En cuanto a los mitos, suelen brotar tras la muerte del héroe o la heroína y son el testimonio de una derrota con dignidad: Evita, el Che o Allende lo encarnan claramente.

Para que la estrategia de CFK tenga eficacia política debe articular la batalla judicial con el combate económico que afecta a las mayorías aquí y ahora. Al soberano le interesa poco el lawfare. Mejor que victimizarse es hacer.

Por Colectivo Editorial Crisis

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