Una ola intenta barrer con los privilegios de la Iglesia en la Argentina. El aporte directo de dinero del Estado a los curas y seminaristas católicos puede ser enorme o mínimo, según los ojos con que se lo mire. Pero tiene pocos argumentos para sostenerse en un país que se autopercibe laico. Y aún más, si los subsidios fueron otorgados por la última dictadura.

Las Organizaciones Laicistas Argentinas (OLA) promueven un proyecto de ley para terminar con seis decretos leyes de la dictadura que obligan al Estado a pagarles sueldos y jubilaciones a los curas de la Iglesia Católica. Cuatro llevan la firma de Jorge Rafael Videla:

• El 21.540 dispone que los obispos y arzobispos eméritos –retirados– reciban una asignación mensual equivalente al 70% del sueldo de un juez nacional de primera instancia: 506.000 pesos en septiembre pasado (cuando el sueldo de esos jueces era de 722.456 pesos según el Consejo de la Magistratura);
• El 21.950 dispone que obispos y arzobispos reciban por mes el 80% del sueldo de un juez nacional de primera instancia: unos 578.000 pesos;
• El 22.162 les da a curas de parroquias de frontera o “zona desfavorable” un sueldo “equivalente al de la categoría 16 de la administración pública nacional”;
• Y el 22.430 les otorga una jubilación mínima a curas mayores de 65 años que hayan ejercido al menos cinco años en el país.

Pero hay más leyes de la dictadura vigentes:

• Según el decreto-ley 22.552, firmado por Leopoldo Galtieri, “los vicarios capitulares o administradores apostólicos que cubren vacantes en arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías y exarcados” cobran también 578.000 como los obispos;
• Y finalmente, Reynaldo Bignone, a través del decreto-ley 22.950, le otorgó un salario a cada seminarista católico “equivalente al sueldo de la categoría 10 de la administración pública nacional”.

Hasta ahora nadie tuvo la iniciativa o la fuerza para derogar esas leyes y el Estado vino pagando calladito. Es más, en mayo de 2003 Eduardo Duhalde se preocupó por aclarar que, para calcular el sueldo de los obispos, se debía tomar el sueldo de un juez con 30 años de antigüedad. Lo hizo mediante el decreto 1.216.

«No buscamos el ateísmo, eliminar la religión ni la fe: simplemente tener un Estado laico que no privilegie a ningún culto en especial”, explica Jeremías Antelo, de la Federación Argentina LGBT y miembro de OLA.

Hija natural de las luchas por los derechos de género y el aborto, OLA nació hace un año con medio centenar de organizaciones que militan el laicismo: grupos políticos, sociales, de derechos humanos, feministas, LGBT, víctimas de abusos eclesiásticos. Participan agrupaciones como Identidad, el movimiento liderado por Victoria Donda y María Rachid asociado al Frente de Todos, pero también la UCR Diversidad, el MST, Católicas por el Derecho a Decidir y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Aunque la cantidad de curas que cobran del Estado es difícil de precisar, según OLA son 153 obispos y arzobispos, 640 sacerdotes y 1.100 seminaristas, por un total de 202.072.246 pesos estipulados en el Presupuesto 2023.

Los laicistas quieren asociar el proyecto al festejo por los 40 años de democracia. “Sabemos que ese no es el gran financiamiento de la Iglesia, sino los impuestos que no se le cobran, los terrenos que se le ceden y los subsidios a colegios religiosos, que no están estipulados en ningún presupuesto –admite Antelo–. Les pagamos hasta los pasajes a los miembros de la Iglesia católica”. Sin embargo, decidieron concentrarse en los pagos directos, más difíciles de defender.

El tema hizo bastante ruido en 2018, cuando Marcos Peña, jefe de Gabinete, fue cuestionado en el Congreso por estos subsidios o, más bien, aportes directos. Le siguieron varias reuniones del segundo de Macri con la Conferencia Episcopal Argentina, que en noviembre de ese año afirmó: “Los obispos reunidos en la 116° Asamblea Plenaria han confirmado aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado (asignaciones a los obispados, becas para los seminaristas y parroquias de frontera) por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles”, es decir, donaciones.

El proceso elegido por la Iglesia es la renuncia voluntaria. “Se van dando de manera progresiva, como se arregló con Peña”, afirmó una fuente del Episcopado, pero no precisó cuántos religiosos renunciaron en estos cuatro años. Por otro lado, como el fondo total bajó de 203.572.246 pesos en 2018 a 188.736.068 para 2023, estimó que “ahí hay un congelamiento, una rebaja”.

Para los laicistas, el método es similar a cuando el gobierno de Cristina Kirchner propuso renunciar a los subsidios a la energía: nadie deja de ganar algo por motu proprio.

La primera diputada que recibió a OLA fue nada menos que Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara, en un gesto fuerte a fines de septiembre pasado. “La recepción fue buenísima –recuerda Antelo–. Nos explicó el funcionamiento de la cámara y se puso a disposición. No podría firmar el proyecto porque al ser presidenta, en caso de empate, debería desempatar”.

“Esperamos poder reunirnos con diputados de todas las fuerzas”, contó Antelo a El Cohete. Hay algunos proyectos similares de distintas bancadas pero los integrantes de OLA quieren reunir apoyos de todos los partidos detrás del suyo.

“Sabemos que es una iniciativa polémica para la política. Les puede dar miedo agarrarlo ya que, como la mayoría del pueblo es católico, podría ser piantavotos. Ese es un mito: la mayoría de la gente está a favor de la separación de la Iglesia y el Estado”, afirma Antelo. “El radicalismo fue precursor en la militancia laicista y, por historia, el peronismo también: la Iglesia hizo el golpe de Estado del ‘55, con los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo con la leyenda ‘Cristo Vence’. Los partidos más grandes deberían acompañar, y la izquierda tiene esta idea en su plataforma”, se entusiasma el militante.

Antes de ir al Congreso, las ONGs intentaron llevar a cabo una iniciativa popular. Pero… la Argentina no tiene Defensor del Pueblo desde hace 13 años. La figura creada por la Constitución de 1994 funcionó hasta 2013, cuando renunció Eduardo Mondino.

Entre otras cosas, la Defensoría es la que habilita una iniciativa popular, que juntando un 1,5% de firmas del último padrón electoral (unas 500.000) obliga al Congreso a tratar un proyecto de ley.

La acefalía en la Defensoría fue la excusa que le pusieron a OLA para no habilitar la iniciativa popular. OLA llevó el reclamo a la Justicia. Aunque la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal 8, a cargo de Fabián Omar Canda, dictaminó a favor de OLA, se presentó un amparo sobre el que debe decidir la Cámara.

El próximo paso será discutir las subvenciones del Estado a las escuelas religiosas. “Si está subvencionada, la educación privada debería dar enseñanza laica –sostiene Antelo–. Tendría que dar la ESI y no lo hace. Si no, estamos financiando el sostenimiento de un culto con materias religiosas. Muchos nos plantean también que estos subsidios ayudan al trabajo de los curas villeros, que hacen un laburo re importante: es verdad, pero lo debería hacer el Estado, que podría destinar esa plata para ayuda social, abrir escuelas”.

Del pañuelo verde al pañuelo naranja

“En todas las iniciativas para conquistar derechos, como el aborto, el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, el principal enemigo fue la Iglesia, que militó en contra y puso presupuesto para eso –dice Antelo–. A les alumnes los subían a micros y los obligaban a marchar contra el matrimonio igualitario, por más que estuvieran a favor. Los amenazaban con quitarles las becas”.

El militante recuerda que “cuando ocurrieron los dos debates por el aborto fue cuando más se impulsó la militancia laicista. Un montón de gente veía cómo operaba la Iglesia y se volcó a militar el pañuelo naranja”, símbolo de la separación de la Iglesia y el Estado.

Por eso, concluye que “esta es la madre de todas las luchas en relación a la conquista de derechos. Para decir ‘nunca más’ hay que terminar con ellos”.

Por Martín Mazzini