Hacer carrera en la política dentro del Estado es una tendencia para este gobierno. A diferencia del macrismo, que convocó a cientos de empresarios y activistas para conformar sus equipos, la mayoría de los funcionarios que trabajan en los ministerios y en otros organismos públicos nacionales se desempeñaron anteriormente en la función pública, ya sea en cargos provinciales, en universidades o en el Congreso.

El 72% de los funcionarios nacionales de alto rango, desde directores hasta ministros, tuvieron como antecedentes, antes de asumir bajo las órdenes del presidente Alberto Fernández, otro cargo en alguna dependencia del Estado. La información se desprende del análisis realizado por la Unidad de Datos de Infobae sobre 780 declaraciones juradas de antecedentes laborales previos y posteriores a la función pública de los integrantes del gobierno. Se trata de un nuevo formulario que implementó la Oficina Anticorrupción (OA) este año para evitar posibles conflictos de interés, en paralelo a las declaraciones juradas patrimoniales.

Sólo dos de los 21 ministros del gabinete que completaron su declaración jurada de interés mencionaron antecedentes en la actividad privada. El resto proviene de la función pública. Un cuarto de los ministros declaró, además, haber sido docente o directivo de alguna universidad nacional y otros informaron haber trabajado como autónomos o independientes.

El análisis sobre los ministros es apenas una muestra de lo que ocurre a nivel general en el Estado durante la administración de Alberto Fernández. Sólo el 8% de los funcionarios públicos del Gobierno, desde el cargo de director general hasta el de ministro, declaró haber tenido al menos un antecedente en la actividad privada, una cifra que marca diferencias con lo que ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri, que reclutó ejecutivos de empresas cubrir cargos estratégicos en distintos ministerios, como fue el caso de Juan José Aranguren, Marcos Quintana y Gustavo Lopetegui, entre muchos otros.

Una investigación del Observatorio de las Elites Argentinas perteneciente al Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, publicada en 2017, reveló que “los llamados CEO funcionarios alcanzaban, en promedio, el 31% de la cúpula del gabinete de ministros se distribuían por todo el Estado, desbordando el área de la gestión económica, históricamente más proclive a presentar este perfil de reclutamiento”. En algunos casos, como Jefatura de Gabinete, Secretaría de Presidencia, Energía y Comunicaciones, superaban el 50%. Según el trabajo coordinado por Paula Canelo y Ana Castellani, actual secretaria de Empleo de Alberto Fernández, “la presencia de estos CEOs se verifica en la totalidad del gabinete, y no en ministerios específicos”.

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, ratificó esta tendencia: “Está claro que el gobierno anterior tuvo más gente del sector privado, y que el peronismo históricamente convoca a dirigentes que vienen con una dedicación exclusiva a la política”. Pero aclaró que “a la política se pueden sumar desde todos los sectores. Nunca estuvimos en contra de que vayan a la política empresarios, ni dirigentes de la sociedad civil, son todos aportes positivos. Y también nos parece positivo que haya una carrera política: no tiene nada de malo que la política esté profesionalizada”.

Del análisis realizado por Infobae surge que apenas el 20% de los funcionarios declaró tener un trabajo en forma “independiente” y solo el 8% en la función privada. El total de sujetos obligados a presentarla a la fecha de vencimiento, el 20 de septiembre pasado, era de 837 funcionarios y cumplieron con el requerimiento el 93%.

A pesar de ser minoría, los funcionarios del gobierno que informaron algún antecedente en el sector privado mencionaron un total de 80 empresas u organismos en los que han trabajado, un universo muy dispar que no permite trazar un patrón general. En ese listado de trabajos previos analizado por Infobae conviven universidades privadas, fundaciones, ONGs y gremios, con cámaras empresariales, sanatorios, empresas de seguridad, concesionarias de autos y frigoríficos.

“El Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública (MAPPAP) es una herramienta que va a permitir a los organismos de control, pero también a toda la ciudadanía, conocer de primera mano las vinculaciones entre los funcionarios y empresas”, sostuvo Luis Villanueva, Subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, en diálogo con Infobae. La resolución que lo creó fue dictada en abril pasado.

Su objetivo es que los funcionarios declaren los antecedentes laborales y profesionales de los tres años anteriores al inicio de ejercicio de la función pública, y los cargos y tareas, tanto públicos, como privados, ejercidos durante el año posterior a la fecha de egreso de la función pública. Villanueva agregó que “no sólo es una herramienta de transparencia activa, también es un mecanismo que ayudará a evitar conflictos de intereses y fenómenos como el de puerta giratoria”.

Esta expresión (revolving door, en inglés) proviene de la legislación norteamericana y describe el flujo de personas que ocupan altos cargos en el sector privado y acceden a puestos relevantes en el sector público, y a la inversa, funcionarios que al dejar su cargo público, pasan a trabajar a una empresa del mismo sector. Según la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), se requieren regulaciones específicas para prevenir conflictos de interés y la “captura de la decisión estatal” por parte de sectores económicos o grandes empresas, cuando los funcionarios privados pasan a ocupar posiciones públicas; o el traspaso de información privilegiada, contactos y know-how cuando se pasa del Estado a una organización privada.

Las nuevas declaraciones juradas

En el debut de estas nuevas declaraciones juradas quedaron alcanzados por la obligación las autoridades políticas jerárquicas, como jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios. También las autoridades de igual rango en todos los organismos de la Administración Pública Nacional, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, Fuerzas Armadas y de Seguridad, instituciones de la seguridad social del sector público, bancos y entidades financieras oficiales y de todo otro ente estatal.

Desde la OA admitieron, sin embargo, que hubo fallas en la carga de estas nuevas declaraciones juradas de antecedentes laborales. “Hubo quizás un problema de comunicación y muchos funcionarios las completaron mal. Tienen una lógica diferente a las patrimoniales, cuya carga está vinculada a la AFIP, y quizás se generó confusión ya que coincidieron las fechas de vencimiento”, reconocieron.

Si bien en las declaraciones patrimoniales los funcionarios deben consignar trabajos inmediatamente anteriores, no siempre lo hacen, y por otro lado, las declaraciones de interés no incluyen participaciones societarias o antecedentes financieros. Los nuevos formularios dependen del área de Innovación, bajo la órbita Jefatura de Gabinete, y la información que contienen es toda pública, no tienen una parte reservada como las declaraciones patrimoniales. “La idea es que a futuro se unifiquen”, señalaron en el organismo que recibe y controla ambos formularios.

Del análisis hecho por Infobae surge que pese a que el objetivo de estas declaraciones es poner la lupa sobre quien llega a la función pública desde el sector privado para detectar posibles conflictos de interés, el formulario no incluye una pregunta general sobre si el trabajo anterior era en ese sector o el Estado. Las respuestas sobre las que había mayor cantidad de datos mal cargados era la referida a si tenía “relación de dependencia” en el trabajo anterior.

“Con el paso del tiempo se irá mejorando y ampliando las funcionalidades, también esperamos que sean incorporadas en una futura ley de ética pública, tal como propusimos en el proyecto elaborado en la OA y remitido al Presidente de la Nación”, aseveró Villanueva. Si bien la información suministrada por los funcionarios y procesada en formato de Datos Abiertos estaba previsto que sea publicada en el portal de transparencia activa, siendo accesible desde el sitio web de la Oficina, aún no está disponible online.

Visualización de datos: Andrés Snitcofsky