Detrás de la guerra, los negocios

Actualidad - Internacional 14 de octubre de 2022
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Como el dolor de espalda y el clima, “el fin de la globalización” es una de esas noticias “recurrentes” que florecen regularmente en la prensa. Ensayistas y periodistas le pusieron los clavos al féretro de la liberalización planetaria después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, luego en ocasión de la crisis financiera de 2008, y una vez más cuando se produjo la crisis del euro a mediados de los años 2010. Con el caos mundial de las cadenas de abastecimiento causado por las políticas anti-Covid, por el aumento de las tensiones chino-estadounidenses, por la guerra en Ucrania y por la crisis energética, llegó el momento de un nuevo informe de autopsia. En 2022, el jefe de los forenses se llama Larry Flink, presidente ejecutivo del fondo de inversión BlackRock. “La invasión rusa puso fin a la globalización que conocíamos desde hace tres décadas”, escribió el pasado 24 de marzo en su carta anual a los accionistas. No hacía falta más para provocar una catarata internacional de artículos sobre la “desglobalización”, las relocalizaciones, el “desmultilateralismo”, el retorno del proteccionismo, etc., que cayó como un balde de agua fría sobre los congresistas del Foro Económico Mundial reunidos a fines de mayo en Davos.

¿Cómo resucitar esta vez a la Esfinge y aclimatarla a un contexto geopolítico inflamable? La globalización de los años 2000 se pretendía inclusiva: sus arquitectos admitían a China en el seno de la Organización Mundial del Comercio (2001), e incluso a Rusia (2012), convencidos de que la interdependencia económica civilizaría a estos socios ideológicamente mal instruidos. “Dos países que tienen McDonald’s jamás se hicieron la guerra”, sostenía en 1996 el ensayista Thomas Friedman (1). La idea era buena, pero fracasó. Entonces, es necesario ser más selectivos. Deslocalizaciones sí, pero entre amigos. Una idea tan brillante no se podía enunciar sino en inglés: friendshoring, en oposición a offshoring, que designa las deslocalizaciones clásicas.
Identificado por un informe de la Casa Blanca de junio de 2021 como un remedio a las convulsiones del comercio internacional (2), el friendshoring dispone de influyentes evangelistas. “Profundicemos la integración económica –abogó el 13 de abril de 2022 la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen–, pero hagámoslo con los países con los cuales sabemos que podemos contar.” Rusia, explicó en ocasión de un viaje a Corea del Sur el pasado 19 de julio, “instrumentalizó la integración económica con eficacia”; por lo tanto, es preciso aislarla. Además, “no podemos permitir a países como China que utilicen su posición en el mercado de las materias primas, las tecnologías o los productos clave para perturbar nuestra economía o ejercer una influencia geopolítica indeseable”. Conviene entonces “modernizar nuestro enfoque de la integración comercial teniendo en cuenta estos problemas […] en lugar de concentrarnos exclusivamente en los costos”. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, se muestra también muy favorable a esta idea. En el marco de una conferencia en Washington, admitía que la interdependencia “puede convertirse rápidamente en vulnerabilidad cuando la geopolítica cambia y los países con objetivos estratégicos diferentes de los nuestros se convierten en socios comerciales más riesgosos” (3). Conjurar este espectro implica, según Lagarde, privilegiar un abordaje más regionalista. Vista desde este ángulo, la penetración conceptual del friendshoring aparece como más limitada: en Europa, en las Américas o en Asia, las zonas de libre comercio regionales proliferan desde hace décadas (4). ¿Acaso la Comunidad Económica Europea no tiene por fundamento una unión aduanera en perpetua expansión?

 
Un equilibrio inestable

Desde hace unos quince años, Bruselas ensalza los méritos de la deslocalización de cercanía a un gran país situado en las fronteras de Europa, provisto de mano de obra calificada y poco onerosa, pero gangrenado por la corrupción y lastrado por una arquitectura jurídica atrasada respecto de las normas europeas: Ucrania. El friendshoring adquiere en este caso la forma de un acuerdo de asociación política y de integración económica (5) entre Bruselas y Kiev, cuyas negociaciones comenzaron a fines de los años 2000. El episodio desempeñó un papel crucial en la genealogía del conflicto entre Rusia y Ucrania. A fines de 2013, las dos partes se aprestaban a firmar el texto, cuando el entonces presidente ucraniano, Viktor Yanukovitch, renunció a ello inopinadamente por presión de Moscú. Este rechazo desencadenó los motines de la Plaza Maidán y luego, algunas semanas más tarde, la caída del gobierno y su reemplazo, en febrero de 2014, por un equipo pro-europeo que, finalmente, firmaría el acuerdo. Se produjeron luego la anexión de Crimea por parte de Rusia (febrero-marzo) y la proclamación de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk (abril-mayo).

A primera vista, el acuerdo de asociación no tiene nada de novedoso. En el transcurso de las dos últimas décadas, la Unión Europea concluyó varios acuerdos con numerosos Estados, entre ellos los de la ex Yugoslavia, candidatos a la integración europea –contrariamente a Ucrania a fines de los años 2000–. Pero el documento rubricado en junio de 2014 por el entonces nuevo presidente ucraniano, Petro Poroshenko, es de un nuevo tipo. Se inscribe en el marco de la “asociación oriental”, una política de influencia europea impulsada por Polonia para intensificar la cooperación con países del ex bloque soviético y anclarlos más firmemente al rompeolas occidental: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. Sólo los tres últimos iniciarían las conversaciones con determinación y concluyeron en 2014 un acuerdo de asociación. Entre ellos, Ucrania representa con seguridad el pez gordo. Su política exterior y su economía descansan sobre un equilibrio inestable entre Rusia y Europa (6).

Desde el lanzamiento de esta “asociación oriental” en 2009, en un contexto de tensiones con Moscú en torno al gas, y un año después del conflicto ruso-georgiano, Polonia contaba con que desembocaría en la adhesión de Kiev a la Unión Europea: la voluntad de arrancar a Ucrania de la influencia rusa guía desde hace décadas la política de Varsovia (7). Al punto de que, incluso antes de su propia integración a la Unión Europea en 2004, Polonia abogaba en favor de la de Ucrania. Por el contrario, París y Berlín se mostraban más prudentes.

Acompañado de un programa de apoyo que se elevaba a 11.000 millones de euros entre 2014 y 2020, el Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la UE finalmente entró en vigor el 1º de septiembre de 2017. ¿Cuántos europeos leyeron sus 2.135 páginas o –al no estar nadie obligado a lo imposible– franquearon los obstáculos introductorios dedicados a la paz, el desarrollo durable, la transparencia, la sociedad civil y el “diálogo intercultural”? Raspar esa coraza es descubrir aquello que perfectamente se puede llamar un tratado de anexión voluntaria. Se compone, en primer lugar, de un “acuerdo de libre intercambio profundizado y completo” calcado del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994. De manera bien clásica, los capítulos consagrados al comercio ordenan a Ucrania suprimir la mayor parte de los dispositivos que falsean la libre competencia (subvenciones, normas, etc.).

 
Pero lo esencial está en otra parte: con el fin de instaurar “relaciones sustentadas en los principios de la economía de mercado” (art. 3), Ucrania “se esforzará […] por aproximar gradualmente sus políticas a las políticas de la UE, ateniéndose a los principios generales de estabilidad macroeconómica, solidez de la Hacienda pública y sostenibilidad de la balanza de pagos” (art. 343). En suma, la única opción autorizada será la austeridad.

Kiev “procede a las reformas administrativas e institucionales necesarias para la puesta en marcha del presente acuerdo” e “implementa el aparato administrativo eficaz y transparente necesario”. Desde el etiquetado en el comercio hasta la congelación de las verduras, pasando por la liberalización de los servicios públicos, la libre circulación de capitales, la protección del Roquefort, etc., los funcionarios de Bruselas dictan a su “socio” el marco jurídico europeo –hasta la obligación de legalizar el “lobby”–: “Las partes convienen en la necesidad de concertarse periódicamente y en el momento oportuno con los representantes del comercio sobre las propuestas legislativas”, estipula el artículo 77b. Para decirlo claramente, todo el edificio legislativo ucraniano será remodelado, aun cuando la candidatura de Ucrania a la UE todavía no figura en el orden del día.

No es necesario ser un fino estratega para discernir la intención geopolítica del texto: evocar la “convergencia gradual en el ámbito de la política exterior y de seguridad, incluida la Política Común de Seguridad y Defensa” (art. 7), alentar la “cooperación energética, incluidas las cuestiones nucleares”, recomendar “diversificar las fuentes de energía, los proveedores, las rutas de transporte y los métodos de transporte” (arts. 337-338) a un país ampliamente dependiente de Rusia suena como un desafío lanzado a Moscú. Otros artículos se muestran aun más ofensivos: “Ucrania incorporará progresivamente el corpus de normas europeas (EN) como normas nacionales […] Simultáneamente a dicha incorporación, Ucrania retirará las normas nacionales que entren en conflicto, incluida su aplicación de las normas interestatales (GOST) desarrolladas antes de 1992” (art. 56-8), es decir, el conjunto de normas heredadas del Bloque del Este. Dicho de otro modo, Bruselas intima a Kiev a que “desrusifique” su economía.

La administración Yanukovitch (2010-2014), que negoció el acuerdo, pretendía arrojar un anzuelo hacia Occidente para equilibrar su dependencia de Rusia, pero sin enojar a esta última y menos aun romper con ella. No fue así: Moscú se opuso vigorosamente a la “asociación occidental” y, a fines de 2013, obligó a Ucrania a renunciar a él para unirse a su propia unión aduanera con los países de Asia Central, la Comunidad Económica Euroasiática (2000-2015). Como descansan sobre fundamentos opuestos (por un lado, economía de mercado competitiva; por el otro, capitalismo oligárquico) y como suponen normas diferentes, estos dos modelos de friendshoring eran incompatibles. Geográficamente situada en la intersección de la Unión Europea y del espacio euroasiático, Ucrania, tironeada por los intereses contradictorios de sus poderosos vecinos, no podía mantener el equilibrio. El ultimátum de Moscú y el putsch contra el gobierno de Yanukovitch que siguió a las manifestaciones de la Plaza Maidán cortarán el nudo gordiano: Ucrania irá hacia el Oeste.

Una balanza trucada

 
Si las consecuencias geopolíticas y militares de esta elección no se le escapan a nadie, el costo social del Acuerdo de Asociación sigue siendo un tema tabú. Sin embargo, se esboza en él un concentrado de las décadas de desindustrialización padecidas por la clase obrera europea en los años 1980 y 1990: “modernización y reestructuración de la industria” (art. 379), “reestructuración del sector del carbón” (art. 339) –crucial para la economía del Donbás–, “reestructuración y modernización del sector del transporte ucraniano” (art. 368), supresión de los recursos estatales “que falseen o amenacen con falsear la competencia” (art. 262)… ¿Cuánto pesaban los negociadores ucranianos frente a los ejércitos de juristas de Bruselas sobreexcitados ante la idea de “garantizar una protección efectiva y adecuada de los inversores” (art. 383)? Entre una entidad de veintisiete Estados capitalistas avanzados y una nación “considerada país en desarrollo” (art. 43), la balanza estaba trucada de antemano. Cuando se leen los 44 anexos que detallan las renuncias de Ucrania a su soberanía económica, los gritos de amor europeos lanzados después de la invasión rusa a este “país hermano” que “defiende nuestros valores” aparecen de súbito un poco hipócritas. “Estos acuerdos de asociación reflejan, de alguna manera, un espíritu colonial”, había reconocido en 2013 un diplomático occidental que cumplía servicio en Kiev (8).

Así como las naciones de Europa Central que se integraron a la Unión Europea en 2004 (Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría…) habían suministrado un ejército de reserva industrial al Moloch manufacturero alemán, cuyos subcontratistas se expandían en esos países (9), los nuevos desempleados ucranianos irán a trabajar a las fábricas hongo que habrán de eclosionar sobre los escombros de las acerías bombardeadas por los rusos. Desde la caída del Muro, Bruselas organiza las deslocalizaciones entre amigos con un objetivo siempre idéntico: organizar una “pequeña China” a sus propias puertas para alimentar sus florones industriales con brazos y nuevos mercados. Aviso a los trabajadores de la Vieja Europa: “Las normas laborales no deben utilizarse con fines de proteccionismo” (art. 291), advierte el acuerdo. En 2022, el salario mínimo mensual ucraniano no supera los 180 euros…

La insistencia de Bruselas en legalizar el trabajo independiente a mediados de los años 2000 se vuelve a encontrar en la forma en que el acuerdo impone a Kiev “la liberalización recíproca y progresiva del establecimiento y del comercio de servicios” (capítulo 6), servicios manuales pronto provistos por refugiados ucranianos en los territorios comunitarios de mayor poder adquisitivo, pese a que Ucrania recibirá a las grandes empresas francesas, alemanas, polacas ávidas de operar la distribución postal y las comunicaciones electrónicas, los servicios financieros y de seguros, ahora abiertos a la competencia. Un año después de la firma, en marzo de 2015, las partes se ponían de acuerdo en un calendario de implementación. En la lista de prioridades figuran, junto con las reformas anticorrupción, la “desregulación”: “reducir la carga reglamentaria de las compañías, y en particular de las pequeñas y medianas empresas”. En su última reunión a fines de enero de 2020 el Consejo de Asociación, órgano encargado de supervisar que se concreten los compromisos ucranianos, se felicitó por los progresos realizado, al tiempo que presionaba a Kiev para que apurara el paso.

“Reinicializar” el modelo social

La guerra precipitó las cosas: el 23 de junio de 2022, Ucrania obtuvo el estatuto de candidato a la integración. Los anhelos de Polonia se concretan finalmente y el futuro de las deslocalizaciones de cercanía se anuncia radiante. “Estoy a favor de la ampliación de la Unión Europea para incluir a los Estados de los Balcanes occidentales, Ucrania, Moldavia y, a largo plazo, Georgia”, declaró el canciller alemán Olaf Scholz el pasado 29 de agosto. Doce días antes, el Presidente ucraniano ratificaba una ley que autorizaba a las pequeñas y medianas empresas (hasta 250 asalariados, es decir, que dan trabajo hasta a un 70% de trabajadores ucranianos) a no aplicar más el Código Laboral. Sólo prevalecerán, de ahora en más, las reglas fijadas por el empleador en el contrato de trabajo. Por muy poco, los sindicatos obtuvieron la restauración del statu quo ante apenas se levante la ley marcial. Pero el partido de Volodimir Zelensky, “servidor del pueblo”, que intentaba “reestructurar” la legislación laboral desde fines del año 2020, no cuenta con detenerse ahí. 

“La extrema ‘sobrerregulación’ del empleo contradice los principios de la autorregulación del mercado [y] de la gestión moderna del personal”, explicó Hanna Lichman, diputada del partido en el poder (10). Según OpenDemocracy, un medio de comunicación pro-europeo, otro proyecto de ley “introduciría un día de trabajo de 12 horas como máximo y permitiría a los empleadores despedir asalariados sin justificación”. Halyna Tretyakova, presidenta de la comisión parlamentaria sobre políticas sociales, marcó el rumbo: “Tenemos que ‘reinicializar’ el código de trabajo y el modelo social, lo cual no se hizo en ocasión de la transición del país desde el socialismo hacia la economía de mercado”. El diputado del partido presidencial Danylo Hetmantsev justificó lacónicamente este programa: “Así sucede en un Estado libre, europeo, y de mercado (Telegram, 9 de julio)”. El pasado 29 de agosto, la ovación de los patrones a Zelensky, invitado a pronunciar en línea el discurso inaugural del Encuentro de Emprendedores de Francia, no saludaba únicamente su combatividad frente al invasor ruso…

Por Pierre Rimbert

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