El ordenamiento político generado tras la designación de Sergio Massa al frente del nuevo (viejo) Ministerio de Economía, que absorbe los antes ministerios de Economía, Desarrollo Productivo; y Agricultura, Ganadería y Pesca, permitirá unificar la visión del gobierno y hacer que las medidas económicas ganen en efectividad. Pero esto depende del quehacer diario de la gestión y de las herramientas de política económica que se utilicen en el corto plazo. Tergiversando la obra del economista John Maynard Keynes, en este caso, “es en el corto plazo que estamos todos muertos”.

A nuestro juicio, la política fiscal ha sido el motor del crecimiento económico del gobierno actual. El –para muchos, vil- gasto público permitió solventar problemas de liquidez a los privados durante el confinamiento estricto en tiempos de COVID-19, y una vez instaurada la nueva normalidad, ofició de variable de apalancamiento del ciclo que indujo a la inversión privada -que como sabemos no es autónoma, sino que es endógena al ciclo, se invierte si las ventas efectivamente se están realizando-. Como resultado, la economía nacional recuperó lo perdido (y más) por la pandemia en 2020 y en el presente año continúa un crecimiento de alto ritmo.

En la actualidad, la tasa de crecimiento del gasto público tendrá que desacelerarse, dada la escasez de divisas imperantes en la coyuntura nacional. Y este juicio no es en aras de las cuentas sanas, sino que, de continuar en los actuales niveles se recrudecería aún más la restricción externa (falta de dólares) y con ello, la presión devaluatoria se tornaría agobiante.

Este aterrizaje suave de la economía va a traer conflictos sociales que el gobierno deberá arbitrar. En este marco, una alternativa es desacelerar la tasa de crecimiento del gasto público para no incrementar -o más bien reducir- las importaciones y, al mismo tiempo, modificar el destino de ese gasto para que el ajuste no recaiga sobre los más débiles. A modo de ejemplo simple (no riguroso): si hoy se gasta 100, de los cuales 50 son gasto social (jubilaciones y programas sociales) y 50 son consumo público (compras del gobierno al sector privado. Por ej. cemento, muebles, actos, publicidad, etc.), de lo que estamos hablando (aterrizaje suave) es de pasar a gastar 90, y cuya distribución sea: 60 (expansión) en gasto social y 30 (ajuste) en consumo público.

Tal como lo indica la teoría consistente y por los intereses que defiende un gobierno peronista, en este contexto es preferible un ajuste del gasto público antes que el escenario más temido: una devaluación. Ya que un salto del tipo de cambio solo producirá un recorte en los salarios reales, es decir, una profunda pérdida del poder adquisitivo de los ingresos. Para nosotros, dada la situación actual del salario real, esa opción no debería ser la salida.

En este sentido, una alternativa podría ser bajar la tasa de crecimiento del gasto en obra pública y, al mismo tiempo, expandir los fondos hacia programas sociales, o incluso modificar la política de ingresos complementarios para instaurar un Ingreso Universal.

El problema de la inflación también tiene restricciones

La lucha contra la inflación con controles de precios o ley de abastecimiento, son herramientas que podrían implementarse, pero que no resolverán el problema de fondo. Hoy sería más efectivo, trocar la política cambiaria (disminuir el ritmo de minidevaluaciones del tipo de cambio) y monetaria (aumentando la tasa de interés para que invertir en moneda doméstica sea rentable) generando un incentivo para que los privados no recurran a los dólares paralelos para colocar sus excedentes, y a su vez presionar sobre la brecha y las expectativas de devaluación.

Frente a esto último, es recurrente escuchar argumentos en contra de utilizar distintas herramientas de política económica como la tasa de interés con el objetivo de estabilizar el mercado cambiario. Se argumenta que el diferencial nominal positivo de tasas tendría efectos negativos sobre la actividad económica y el nivel de inversión. Otros sostienen que esto ya ocurrió con el gobierno de Mauricio Macri y no resultó. Nuestra respuesta es que no hay que tirar al bebé con el agua de la bañadera.

En suma, estas posturas desconocen o niegan las paradojas de la política monetaria en la periferia. En primer lugar, porque para que haya aumento de inversión privada tiene que haber demanda autónoma y no hay relación alguna con la tasa de interés si la rentabilidad es positiva. Se puede tener inversiones con diversos niveles de tasas, mostrando así una asimetría en el comportamiento de la inversión. En segundo y más importante, porque fomentar la entrada o impedir la salida de dólares de la economía nacional con el arbitraje del diferencial nominal positivo de tasas de interés es condición necesaria para evitar procesos inflacionarios ante shocks devaluatorios. Lo anterior implicaría alejar los límites de la restricción externa para tener márgenes de maniobra sobre la política fiscal. En definitiva, se debería apelar a una política monetaria contractiva y fiscal expansiva.

Sin embargo, somos conscientes de la existencia de restricciones: por un lado, los controles cambiarios, el nivel de brecha por encima del 100% y la escasez relativa de divisas dificultan la efectividad de lo dicho en el párrafo anterior; por el otro, el acuerdo con el FMI impone un tipo de cambio real constante a niveles de febrero del 2022, lo que implica un ritmo de devaluación al menos igual a la evolución de la inflación. Sin espacio para planchar el tipo de cambio, la política cambiaria vigente resulta ser recesiva en términos de actividad e inflacionaria por su ritmo devaluatorio. En síntesis, estas restricciones son tareas que deberá abordar el nuevo ordenamiento político dentro del FDT.

Comunicar y clarificar con teoría coherente

Nos resulta inentendible como dentro de la narrativa heterodoxa resulta imposible hablar de ajuste, sintonía fina, desaceleración y/o aterrizaje suave, (sin ser considerado un hereje) cuando la oposición no solo hace campaña con brutas políticas de ajuste, sino que también gana elecciones.

La heterodoxia debe ser clara al comunicar: resulta ser que tenemos una deuda externa y un acuerdo con el FMI que tomó el gobierno anterior, una política económica desacertada que hipotecó nuestro futuro y limitó los grados de libertad de la política económica del gobierno del FDT. La actual gestión de gobierno tuvo que rediscutir ese acuerdo, logrando uno mejor (menos peor), pero el acuerdo existe y el FMI todavía está. Cuando la economía crece a un alto ritmo como en 2021 y en estos meses, se necesitan más dólares para funcionar (importaciones de energía, insumos estratégicos, maquinarias, etc.) y hoy día (por impericia propia y por efecto de los precios internacionales) no los tenemos.

Con el intento de ser coherentes, sin prisa pero sin pausa, debemos entender que el corto plazo nos urge y para ello es necesario recurrir al banco de herramientas de políticas. Debemos realizar un ajuste del gasto público y establecer un diferencial de tasas de interés nominales positivos para solventar el torniquete de la restricción externa imperante, generando un aterrizaje suave en términos de actividad. Ya que, para nosotros es preferible crecer a una tasa inferior a la vigente, que seguir igual, chocarnos contra la pared de la falta de dólares y realizar el ajuste más temido: la devaluación.

Por Fernando Córdoba * Economista político y docente de la Universidad Nacional de Moreno. Para El Destape