La Asociación de Jueces Federales (AJUFE), entidad de lobby creada por los jueces más vinculados al lawfare, no tiene sus papeles en regla. Desde que se creó en 2017 presentó un solo balance, en 2018, pero es irregular porque ni siquiera lo aprobó su asamblea de socios. Nunca presentó los balances de 2019, 2020 y 2021. Es comandada políticamente por el juez Ariel Lijo, uno de los más efectivos tejedores del toma y daca en los tribunales. Y hoy organiza un encuentro en Rosario para hablar sobre el juzgamiento del narcotráfico al que asistirán los miembros de la Corte Suprema, el procurador interino, jueces de todo el país e integrantes del Consejo de la Magistratura. Nadie se pregunta de donde saca los fondos la AJUFE para esta actividad ni cómo investigarán lavado y narcotráfico cuando ni ellos mismos cumplen con la ley.

La información surge de un pedido de acceso a la información pública que El Destape hizo ante la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo cuya tarea es el control de las sociedades y asociaciones. La respuesta fue clara: este grupo de jueces federales está en infracción por no informar sus números tal como marca la ley. Hoy darán lecciones de legalidad junto con la Corte Suprema.

La asamblea fundacional de la AJUFE fue el 19 de mayo de 2017, en pleno proceso de persecución judicial en la era Macri.Les prestaron el salón Azul de la facultad de Derecho de la UBA. Los medios que fueron parte del lawfare festejaron y le dieron amplia cobertura al grupo de jueces que fueron o mandaron su adhesión, entre ellos varios habitantes de la ciénaga de Comodoro Py. El encuentro lo presidió el juez Lijo, que desde hacía pocas semanas tenía en sus manos la causa penal contra Mauricio Macri por el caso Correo. Pasaron 4 años y Lijo ni siquiera llamó a indagatoria a Macri. Pasaron 4 años y AJUFE tampoco presentó ningún balance. Conducta.

En AJUFE no tienen los papeles en regla pero sí mucho poder de lobby. La actividad que realizarán hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario contará con una apertura de Horacio Rosatti, autovotado presidente de la Corte y autoproclamado presidente del Consejo de la Magistratura. Según informaron desde AJUFE, será con “la presencia de los Ministros de la Corte y el Procurador General de la Nación”. No aclararon que cortesanos ni que el procurador Eduardo Casal es interino. El cierre estará a cargo de Lorenzetti, titiritero del lawfare en la era Macri.

Aunque la AJUFE hizo un su lanzamiento el 19 de mayo de 2017 recién firmaron el acta fundacional (los papeles) el 30 de agosto. De la reunión germinal participaron, entre otros, los jueces:

Jorge Morán, que quedó como presidente de AJUFE
Ariel Lijo, armador de toda esta movida y que fue como apoderado de otros 10 jueces
Martin Doctrina Irurzun, autor y ejecutor de la teoría de encarcelamiento de ex funcionarios kirchneristas
Javier Leal de Ibarra, presidente de la Junta de Cámaras Nacionales y directivo de la oficina de escuchas de la Corte
Sergio Fernández, poderoso operador del fuero Contencioso Administrativo
Julián Ercolini, uno de los que se lleva podio en la competencia de lawfare
Javier López Biscayart, juez en lo penal económico
Pablo Bertuzzi, designado a dedo por Macri
Leopoldo Bruglia, también designado a dedo por Macri
Mariano Borinsky, que se juntó al menos 16 veces con Macri en Olivosmientras resolvía causas clave contra CFK y otros ex funcionarios
Jorge Gorini, uno de los jueces que sigue adelante con la farsa de la causa Vialidad contra CFK
Según el artículo 9 de su estatuto, la Comisión Directiva de la AJUFE puede sancionar o expulsar a sus socios por inconducta notoria. El problema es que se quedarían casi sin asociados.

Ese día conformaron la Comisión Directiva. Morán quedó como presidente. Hubo vicepresidentes por región, y Capital Federal quedó en manos de Doctrina Irurzun. El armador, Lijo, quedó de secretario general. Entre los vocales titulares nombraron a Fernández, Ercolini y Bruglia. Entre los vocales suplentes a Borinsky y Gorini. De tesorero a López Biscayart. De secretario de actas Bertuzzi. El 5 de octubre de 2017 la AJUFE fue autorizada a funcionar por el entonces titular de la IGJ Sergio Brodsky, que también operó para Macri al no reclamarle a Correo Argentino los balances que debía.

Una Comisión Directiva ejemplar. Irurzun fue el responsable teórico y práctico de los encarcelamientos de ex funcionarios kirchneristas así como del salvataje de Macri en varias de las causas que se mudaron a Comodoro Py. Lijo protege a Macri en el caso Correo así como protegió a Gabriela Michetti por los fajos de billetes sin declarar que tenía en su casa y fue uno de los armadores de la oficina de escuchas de la Corte cuyo trabajo terminaba siempre en los canales de televisión. Ercolini no sólo cerró la causa Papel Prensa para no incomodar a Héctor Magnetto y compañía sino que impulsó causas como Hotesur para perseguir a CFK. Bruglia es uno de los jueces designados a dedo por Macri que sigue en su cargo gracias a la Corte. Borinsky se reunía a jugar al paddle con Macri en la quinta de Olivos mientras resolvía causas como la del Memorándum con Irán o Dólar Futuro.

El caso de Morán, presidente de AJUFE, también es para destacar. Cuando Germán Garavano asumió como ministro de Justicia de Macri organizó una reunión con todos los jueces del fuero Contencioso Administrativo, un fuero clave pero con poca prensa donde tramitan las causas judiciales contra el Estado. Era algo normal, una presentación, lo mismo que con el resto de los fueros. Pero cuando el ministro llegó se encontró con una situación extraña. Lo esperaba sólo Morán, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero. A los pocos minutos se sumó el hombre fuerte del fuero, el camarista Sergio Fernández. Le dijeron que bastaba que hablara con ellos. Así funciona ahí. Y no solo ahí.

Que el único balance que presentaron, en 2018, no tiene aprobación ni siquiera de la asamblea de socios, lo revelan los propios documentos de la asociación. El 14 de septiembre de 2018 la Comisión Directiva de AJUFE hizo una reunión. Esta vez les prestaron el Salón Vélez Sarsfield de la Facultad de Derecho de la UBA. El tesorero de AJUFE, el juez penal económico López Biscayart, dijo que tenía los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018, varios meses antes, y que era “necesario convocar a Asamblea General de Asociaciados para la aprobación de los mismos”. Y ahí quedó. El balance de 2018 efectivamente existe. Según la IGJ lo presentaron el 9 de octubre de 2018 con un capital informado y ajustado de 0 pesos. Cero. Luego nada. Desde la IGJ informaron que ese balance no cuenta con aprobación de la Asamblea, por ende, no es válido.

Nunca más le hicieron honor al salón que les prestaron. El Código Civil que redactó Dalmacio Vélez Sarsfield dice en su artículo 1 que “Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República”. La ley obliga a que las asociaciones presenten sus balances ante la IGJ, pero nunca lo hicieron. Deben 2018, 2019, 2020 y 2021.

Nota: eldestapeweb.com