El Gobierno argentino fue, sin dudas, el gran facilitador de la fuga de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos, de la que algunos funcionarios se jactan. Más allá de la cuestión política, tres denuncias de las últimas horas advierten que quienes participaron de todo el operativo deben ser responsabilizados penalmente por esta colaboración. Las presentaciones apuntan, por empezar, al presidente Javier Milei, pero piden que la investigación abarque al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva (de quien depende Migraciones) y a Santiago Caputo, entre otros. Las hipótesis van desde el posible encubrimiento del senador y excandidato con causas por lavado y otros fraudes en Brasil, el uso de recursos públicos para ayudar a un prófugo de la justicia brasileña, haber facilitado el tránsito irregular de un país a otro —o en otros términos, se refieren al tráfico de personas—, haber ayudado a la permanencia ilegal en territorio argentino, además de la omisión de controles.
Recursos estatales
El escrito de Solano pone énfasis en el cambio repentino en la versión del gobierno de Milei: de negar, ante las primeras informaciones, que Bolsonaro hubiera ingresado a la Argentina, pasó a reconocer en un tuit publicado por la Dirección de Migraciones a las 2 de la madrugada de este miércoles que a las 22.50 del 27 de octubre el excandidato había ingresado por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves en Misiones junto a su esposa Fernanda y sus hijas Carolina y Luiza. Él utilizó un pasaporte italiano y ellas, brasileño. La dependencia que controla las entradas al país en la frontera dijo que era documentación “hábil” y que no había “ningún impedimento legal para el ingreso al país”. Agregó que “los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación”.
Paulón señaló el papel central en toda la maniobra que un sector de la Casa Rosada le atribuyó al asesor presidencial Santiago Caputo, quien, además, publicó cinco posteos con ironía en la red “X” y habría estado presente en el lugar.
El avión de Baires Fly
Las denuncias hacen referencia al avión privado de la empresa Baires Fly que estuvo esperando a Bolsonaro durante más de 24 horas. La aeronave Gulfstream G400, matrícula argentina LV-JQW, salió del Aeroparque Jorge Newbery hacia el aeropuerto de Puerto Iguazú, donde aterrizó a las 23.45 del lunes último. La empresa habría solicitado los trámites de Aduana y Migraciones para cuatro pasajeros y tres tripulantes con partida prevista para las 2 de la madrugada hacia Estados Unidos. Ya trascendió por entonces el nombre de Bolsonaro. La PSA dijo ante consultas periodísticas que el avión no salió porque faltaban algunas de las personas. Otras versiones decían que Baires Fly S.A. no obtuvo autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), además de que la Gendarmería Nacional y la PSA sostuvieron no tener registro oficial de un ingreso del senador por vía aérea o terrestre.
Otras preguntas alrededor del vuelvo apuntan a conocer quién lo gestionó y pagó. Todo apunta a un bróker de Estados Unidos y un costo de unos 140.000 dólares.
Tráfico de personas
Pagano resalta la necesidad de analizar cómo se hizo el ingreso a la Argentina y los documentos que constan, ya que la eventual falta de registro hablaría de una entrada clandestina. Ella sostiene que hay que analizar el posible delito de “tráfico ilegal de personas por los límites fronterizos”, agravado si intervinieron funcionarios, así como la “facilitación de la permanencia ilegal”: quienes alojaron (si lo necesitó) a Bolsonaro y su familia por el rato que estuvo en el país, quienes lo trasladaron y lo ocultaron. Se conoce que hubo participación de fuerzas de seguridad. Hubo una camioneta con patente brasileña y otra argentina que sería diplomática. Pide imputar abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público respecto de los organismos de control migratorio y encubrimiento en caso de probarse que funcionarios o particulares ayudaron al senador a eludir la acción de la justicia de su país. Ella no solo apunta a los posibles responsables argentinos, sino al propio Flavio Bolsonaro por su posible ingreso burlando restricciones. También le apunta Baires Fly. Pidió preservar cámaras y todo tipo de registros útiles para la investigación. Advirtió que los hechos podrían comprometer “la soberanía del Estado argentino sobre el control de sus fronteras, el cumplimiento de sus obligaciones de cooperación penal con un Estado Parte del Mercosur y la integridad de los organismos federales encargados del control migratorio, aeroportuario, aeronáutico y aduanero”.
