Argentina encabeza el ranking de la crisis habitacional: alquilar cuesta comida, ahorros y más trabajo

Dentro de ese universo, casi 4 de cada 10 argentinos se vio en la urgencia de recortar alimentos y compras esenciales, a la vez que un número similar tuvo que echar mano de sus ahorros y 1 de cada 3 aumentó las horas trabajadas para reforzar ingresos golpeados por la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. 

“La inseguridad habitacional en Argentina a menudo se desarrolla mucho antes del desalojo o la falta de vivienda”, alertó el informe internacional. De hecho, al observar la situación puntual de las personas que no son propietarias y que tampoco esperan llegar a comprar una vivienda, 6 de cada 10 identificó como los motivos principales los ingresos demasiado bajos y que las propiedades son muy costosas hasta para poder hacer un pago inicial. 

Argentina, peor que el promedio global

En Argentina, más del 20% de los hogares vive en una vivienda alquilada (+70% desde el censo previo en 2010). Sin embargo, ese crecimiento se dio en un contexto de fuerte deterioro en la accesibilidad: desde fines de 2023, los precios de los alquileres aumentaron por encima de la inflación y, sobre todo, de los salarios, al punto de que alquilar se volvió inaccesible incluso para sectores con empleo formal. Esto ocurrió en un escenario en el que la derogación de la Ley Nacional de Alquileres (N°27.551) en diciembre de 2023 vía el DNU 70/2023, aceleró el ritmo de suba de precios, acortó la duración de los contratos e impuso mayor frecuencia a las actualizaciones mensuales.

En este contexto, un informe internacional que comparó la situación de una veintena de países evidenció las consecuencias concretas de la desregulación del mercado inmobiliario en Argentina: el 83% de las personas encuestadas en nuestro país aseguró haber reducido al menos un gasto durante el último año para poder afrontar los costos de la vivienda, una cifra que incluso superó al promedio global (75%).

En el caso de nuestro país, los recortes alcanzaron hasta lo más básico: el 38% gastó menos en alimentos y compras esenciales, el 37% recurrió a sus ahorros o fondos de emergencia y el 35% asumió trabajos adicionales o más horas laborales. Además, el 34% tuvo que elegir entre pagar la vivienda o cubrir necesidades como alimentación, vestimenta o medicamento, y el 19% limitó el uso de calefacción o aire acondicionado en sus hogares (casi el triple del promedio mundial de 7%). “Estos sacrificios demuestran que el costo de la vivienda afecta no solo el lugar donde viven las personas, sino también su comodidad, nutrición y estabilidad financiera a largo plazo”, destacó el informe al que accedió este medio. 

Asimismo, el relevamiento subrayó que el 57% de los argentinos teme que un “problema inesperado” pueda poner en peligro su capacidad para mantener su vivienda, en comparación con el 48% en los 22 países encuestados. “Estos hallazgos sugieren que la inseguridad habitacional en Argentina a menudo se desarrolla mucho antes del desalojo o la falta de vivienda. Los hogares conservan su vivienda solo a costa de sacrificar su estabilidad financiera, su salud, su comodidad y sus oportunidades futuras”, agregaron. 

Entre quienes alquilan, además, el 49% aseguró tener dificultades frecuentes para afrontar los costos de la vivienda (la proporción bajó al 31% entre propietarios) en tanto que el 66% de quienes alquilan consideró que el costo de los servicios hace que la vivienda resulte inasequible y 6 de cada 10 afirmó que la suba de tarifas, sobre todo en energía, afectan la posibilidad de pagar la vivienda. “Estos hallazgos reflejan desafíos más amplios en el mercado de alquileres de Argentina, donde los costos de la vivienda y los ingresos familiares a menudo han evolucionado en direcciones opuestas”, indicó el documento internacional. 

También se analizó la particular situación de quienes viven en condiciones habitacionales más vulnerables. Solo el 53% de dicha población declaró a nivel local tener suficiente espacio habitable en comparación con el 88% a nivel nacional. Un dato no menor es que 7 de cada 10 de dichos hogares declaró que el sistema de vivienda en Argentina “no funciona”, unos 10 puntos más que el promedio nacional.

“El desmantelamiento de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y la suspensión del financiamiento a través del Fondo de Integración Social y Urbana (FISU) han detenido muchos proyectos de mejora en los barrios populares. Para los hogares que ya enfrentan una peor calidad de vivienda y una tenencia insegura, la pérdida de estos programas corre el riesgo de agravar las desigualdades existentes”, alertaron desde la organización Hábitat para la Humanidad.

Si se pone la lupa puntualmente en las personas que no son propietarias y tampoco esperan comprar una vivienda, 6 de cada 10 señaló que sus ingresos son demasiado bajos, casi la mitad dijo que las propiedades son demasiado caras y 4 de cada aseguró que no cuenta con ahorros suficientes para un pago inicial.

Otro aspecto de relevancia tiene que ver con las percepciones sobre la política pública en la materia. Casi la mitad (48%) cree que Argentina va por “mal camino” en materia de vivienda, y apenas el 20% sostuvo que se aborda eficazmente el problema, en comparación con el 34% a nivel mundial. Por otro lado, el 70% opinó que las políticas de vivienda no son suficientes para apoyar a quienes compran una vivienda por primera vez, y casi 8 de cada 10 vería con buenos ojos la existencia de más viviendas de “interés social”.

En términos generacionales, entre los más jóvenes (entre 18 y 45 años) el deseo de tener una vivienda propia sigue siendo alto, pero también es mayor la preocupación por los costos (64% versus 51% del resto) y por la posibilidad de construir un proyecto familiar (63% versus 49%). 

“La encuesta sugiere que el desafío de la vivienda en Argentina no se trata simplemente de aumentar el acceso a la vivienda, sino de garantizar que esta brinde seguridad, resiliencia y oportunidades duraderas, sin que las familias tengan que sacrificar su bienestar ni sus aspiraciones futuras para conservarla”, agregó el informe. 

Entre las conclusiones principales se destacó que el 75% recortó al menos un gasto para pagar la vivienda, al tiempo que el otro tercio de las personas encuestadas gastó menos en comida y compras esenciales para poder cubrir un techo. Además, el 32% utilizó ahorros o fondos de emergencia.

Se suma que una de cada diez personas encuestadas retrasó o evitó recibir atención médica por motivos económicos vinculados con la vivienda y la mitad consideró que un contratiempo inesperado podría comprometer su capacidad de permanecer en el lugar donde vive. Entre quienes habitan en condiciones informales, la proporción llega al 68%. Asimismo, el 31% sumó más trabajos para intentar afrontar los costos. 

En definitiva, los resultados pusieron sobre la mesa cómo los crecientes costos de la vivienda obligan a reorganizar toda la economía familiar, especialmente en países como Argentina donde la política oficial fomentó la desregulación total del mercado inmobiliario y desmanteló las pocas políticas que existían para atender el cada vez más urgente problema de acceso a la vivienda. Como consecuencia, la población se vio obligada a ajustar en otros consumos esenciales, a trabajar más y hasta a postergar decisiones importantes como formar una familia y proyectar el propio futuro.