Paulina Rojas trabajó quince años en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en la delegación de La Rioja. En 2022 rindió el examen para pasar a planta permanente. Aprobarlo le resultó un hito; después de haber trabajado más de una década con contratos transitorios, lo vivió como la conquista de un piso de tranquilidad. Necesitaba estabilidad laboral, especialmente después de haber sobrevivido a un cáncer y porque una serie de episodios en su infancia, que empezaron con el secuestro de su padre durante la dictadura, dejaron marcas en su salud mental que requieren de tratamiento. Sin embargo, dos años después de entrar a la planta permanente, el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello la pasó a disponibilidad, dejándola a las puertas de un despido y pagándole la mitad de su salario. Desde entonces vive en la incertidumbre. Podría perder su obra social, la continuidad en su tratamiento psiquiátrico, los medicamentos que necesita desde que, por el cáncer, le sacaron las tiroides.
Presentó a la Justicia un pedido de amparo, con el que consiguió extender el período de disponibilidad de seis a nueve meses, es decir, postergar el despido. Mientras da la pelea para ser reincorporada, busca otro empleo. Encontró un puesto de setter, uno de los nuevos trabajos digitales, que consiste en agendar citas, desde una computadora, a usuarios de las redes que quieren atenderse con profesionales.
Lo hizo para un médico mexicano y un cirujano plástico porteño, aunque pronto descubrió que trabajaba a comisión: no pagan por las horas trabajadas, sino con un porcentaje de los tratamientos cuya venta se concreta.
El mercado laboral, en crisis
En la Ciudad de Buenos Aires, donde vive la mayoría de los trabajadores que fueron despedidos del Estado nacional, la situación es apenas mejor que en el interior del país.
Victoria, Marcela, Mabel y Daniela son trabajadoras sociales que llevan un año despedidas. Algunas consiguieron emplearse en municipios del Conurbano -en aquellos donde gobiernos peronistas o progresistas sostienen políticas sociales- , pero lo hacen facturando como monotributistas, por salarios más bajos. Otras hacen valer su título universitario y dan clases. Pero también ganan poco. Su realidad es que deben mantener dos o tres trabajos. Como a todos los que hoy se quedan sin empleo, iniciaron emprendimientos: los fines de semana una vende empanadas; otra está haciendo productos de aromaterapia. Otros de sus compañeros intentan vender ropa.
Ser parte del Ministerio de Desarrollo Social les deparó que el gobierno usara con ellas un ensañamiento especial. “Por ejemplo, cada fin de semana largo mandaban una tanda de telegramas” con despidos, cuenta Jorgelina Fradera, delegada de ATE. Los delegados que hacían asambleas para superar el clima de temor recibían sanciones. “Buscaron quebrarnos, agotarnos mediante el hostigamiento”.
Daniela, una de las trabajadoras sociales, cuenta que aún hoy siguen recibiendo maltratos. “El ministerio, que tiene nuestros legajos con la historia laboral de cada una, nos desconoce. Contesta nuestros reclamos como si nunca hubiéramos existido. Es que para tramitar cada cosa (por ejemplo, el pago completo de sus indemnizaciones) tenés que juntar el papelito del papelito, del recibo, del contrato, de no sé qué… y el ministerio impugna lo que presentamos”. Por ejemplo, a una de sus compañeras, trabajadora social universitaria, el ministerio le mandó una notificación desconociendo que sea trabajadora social y que haya trabajado en Desarrollo Socia
“Eso hace que reclamar sea no solo difícil, sino también doloroso. Es difícil lidiar con eso cuando al mismo tiempo estás tratando de resolver tu vida cotidiana, con dos o tres trabajos”.
Junto a la Asociación de Trabajadores del Estado, los despedidos de la Ciudad de Buenos Aires organizaron una feria -la Feria Compañera-. La armaron buscando cómo generar ingresos con los emprendimientos, pero sobre todo como una estrategia de acompañamiento, para mantenerse juntos y comunicados mientras dan la pelea para ser reincorporados o cobrar sus indemnizaciones.
“Nos estaban desmembrando y nos planteamos: ‘esto no se puede romper, tenemos que poder resistir’. Como tenemos lazos construidos con mucha historia, empezamos a pensar cómo sostenernos”. Así, una vez por mes hacen la feria, un encuentro presencial donde abrazarse y volver a conversar cara a cara.
Tras recibir los pases a disponibilidad, acompañaron los reclamos para que se reubicara a los trabajadores. Un pase a disponibilidad supone abrir un período de un año en el que los afectados serán capacitados para realizar otras tareas o reubicados. “Pero el gobierno no hizo ninguna de estas cosas. No llamó a nadie durante ese año, a pesar de todos los pedidos. Fue muy perverso, muy cruel”.
Luego de los despidos, tuvieron que iniciar demandas por el pago de las indemnizaciones, porque no les reconocieron los años de antigüedad que realmente trabajaron (algunos tenían más de 20) sino sólo los dos o tres años que llevaban siendo parte de la planta permanente.
Por otra parte, se encontraron con que la ley Bases les quitó a quienes tenían edades cercanas al retiro la posibilidad de una jubilación anticipada. Ahora sostienen, además, juicios por la reincorporación de los despedidos.
Las minorías, en peor situación
Una situación especialmente crítica es la de quienes habían ingresado a trabajar en el Estado por el cupo laboral trans, en cumplimiento de la Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins.
“Nosotras fuimos las primeras despedidas… y éramos las que más necesitábamos el trabajo”, dice Vanessa Samianta, compañera de Paulina Rojas. Vanessa atendía al público en la delegación regional de La Rioja del ministerio.
Cuando entré, me sentí una afortunada, porque aunque nunca trabajé en la calle, tampoco había podido acceder a un trabajo formal. Siempre estaba el ‘pero’ de la imagen, porque acá la gente es muy prejuiciosa a veces y cree que una, porque es trans, no puede trabajar”.
“Por eso siempre había tenido changas informales, por ejemplo en una feria de ropa que pagaba dos mil pesos el día. Yo soy profesora de teatro y de inglés, estudié, tengo capacitación, pero el mercado te discrimina. Imaginate que al tener un trabajo formal mi economía cambió totalmente porque pasé a cobrar un sueldo. Puede comprarme mi heladerita, la cocina, el lavarropas, las cosas básicas para vivir. No mucho, porque entré a trabajar a finales de 2022 y me despidieron en marzo de 2024 ”
“Con el despido mi vida se destruyó en todo sentido, estoy viviendo en un rancho hecho de plástico y maderas. No les importó nada una ley que me protegía”.
Vanessa habla de un despido injusto. “No creo para nada haber hecho algo malo, no hubo ninguna razón para mi despido. Siempre me sentí merecedora de mi trabajo”.
Hoy su único ingreso son las clases particulares de inglés que da a distancia,con la computadora. Aunque ha reclamado a la gobernación por un puesto de trabajo, hasta ahora no hubo respuesta. “Me encuentro desempleada, en una vivienda precaria y sobreviviendo el día a día en una ciudad en la que, aun habiendo estudiado, no me da un espacio para tener un trabajo digno”.
