¿Hay un peronismo "rigista"?

Los dilemas del peronismo ante el proyecto que propugna su división 

La discusión habitual en el peronismo parece limitarse a tres proyectos que se desarrollan, fundamentalmente, en el ámbito de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Uno es el liderado por Cristina; otro, el de Kicillof, y el tercero, el de Olmos y Massa. Sin embargo, no creo que sea el conflicto más importante del movimiento nacional. Diría que este es fácil de resolver si todos aplican un principio indiscutible: primero la patria, segundo el movimiento y, por último, las mujeres y los hombres. 

El problema de fondo del peronismo consiste en, aplicando su doctrina, identificar las condiciones materiales de desarrollo para lograr el pleno empleo, la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. 

En esa indagación, aparecen tres aspectos económicos y sociales significativos sobre los que debe tomar posición y articular. Me refiero, en primer lugar, a la economía de la industria, el comercio y los servicios de los grandes centros urbanos y el conurbano, densamente poblados; luego a la producción agropecuaria de la pampa húmeda y, por fin, al desarrollo minero e hidrocarburífero de las provincias de la cordillera. 

En una política que se provincializa cada vez más, no aparecen los proyectos ni las conducciones nacionales, y las mayores aspiraciones se limitan a una coordinación (rosca) de intereses locales, todo lo contrario de lo que pensaban Perón y otros grandes políticos cuando hablaban del movimiento nacional. 

Ante un Partido Justicialista en el que la coincidencia en la doctrina justicialista (bastante olvidada) no garantiza la unidad, cabe plantearse si los intereses económicos y políticos de cada provincia no comienzan a mostrar contradicciones entre sí. A su vez, pueden mostrar contradicciones con los de la Nación con una intensidad preocupante. 

Tal vez, la antigua y persistente aspiración de los sectores más reaccionarios de dividir al peronismo haya alcanzado en el programa de las mineras y petroleras un éxito del que habría que empezar a hacerse cargo. Las mineras influyen en la organización política y tributaria desde hace décadas, aunque pasen por debajo del radar de las noticias.    

Las primeras ideas que aparecen para solucionar el conflicto pueden ser:

• Profundizar la provincialización. Así como las provincias cordilleranas tienen el RIGI y facultades de imposición y administración sobre el “dominio originario” de los recursos mineros e hidrocarburíferos, reconocerles a las que tienen radicación industrial, comercio y explotación agropecuaria más facultades tributarias y, a la par, establecer un programa de promoción de esas actividades. La pregunta es si el fisco nacional soporta esa transferencia y la baja generalizada de impuestos si, por ejemplo, el RIGI —o un plan similar— pasa a ser el régimen general, al menos en los aspectos impositivo y cambiario, no así en los aduaneros, la cesión de jurisdicción y otros disparates de ese programa.
• Volver a lo nacional. Repensar los esquemas de promoción tributaria, aduanera y cambiaria desde una perspectiva global, nacional, considerando estratégicamente la demografía, etc. Sería lo deseable desde la doctrina justicialista y la tradicional del radicalismo, es decir, volver a ser un país serio, que planifica racionalmente.

Lo incontestable es que el peronismo, como partido nacional, se encuentra ante un conflicto estratégico entre los intereses de las provincias (o de las élites de algunas provincias) que resultan contradictorios entre sí y, en muchos casos, también chocan con el interés nacional.

El partido nacional ante los intereses locales y las multinacionales 

No es una novedad decir que el proceso de provincialización de muchas competencias que tradicionalmente estuvieron en cabeza del gobierno de la Nación, que tiene un hito en la penosa reforma de 1994, presenta un gran desafío para los partidos nacionales.

Un partido político es la reunión de personas para intentar conducir un país en función de un ideal o ideología (doctrina) y de unos intereses. De suyo, son legítimos los intereses personales en un cierto marco, pero para no complicar, consideremos sólo los intereses objetivos y generales. 

En el siglo XXI, la reunión por una doctrina, lamentablemente, no es lo que abunda. Si, entonces, el ideal de la comunidad organizada no es aquello que hoy genera la unión en el Partido Justicialista Nacional, es necesario prestar especial atención al aspecto de los intereses. 

Los intereses en contradicción

Hay dos tensiones que habría que considerar y resolver: 

1. Entre las provincias y la Nación, ya que las primeras quieren más poderes tributarios y de administración de los recursos naturales, etc.
2. Entre las provincias, pues hay una contradicción evidente entre las provincias menos pobladas con recursos mineros e hidrocarburíferos y las agrícolas e industriales, a la vez, las más pobladas. 

Los partidos populares (UCR, con Yrigoyen, aun Frondizi; y el PJ, con Perón, Sampay, etc.) siempre tendieron a concentrar el poder de decisión en la Nación. La provincialización fue la propuesta de las multinacionales para dividir y negociar con actores más débiles. El golpe del '30 es un ejemplo, dice Sampay. El éxito del programa provincialista se plasmó en 1994 en el artículo 124 de la Constitución nacional y, antes, en leyes promovidas por Menem y Cavallo. Luego, nadie lo revirtió, y a veces se profundizó (ej. con la Ley Corta en el gobierno K). 

A su vez, la tensión entre las provincias se expresa por los intereses contrapuestos y se puede resumir en cuatro aspectos: 

1. Coparticipación, donde Buenos Aires es profundamente perjudicada y financia a provincias que tienen los recursos mineros e hidrocarburíferos, además beneficiadas con el RIGI.
2. Sobrerrepresentación de las provincias menos pobladas en ambas cámaras del Congreso, lo que explica en parte la legislación recurrentemente contraria a las provincias más pobladas, que no parecen  o fingen no darse cuenta.
3. La situación geográfica que otorga a una minoritaria parte de la población (o a las élites que la gobiernan) capacidad de administración y decisión sobre recursos naturales que afectan a toda la nación.
4. Regímenes tributarios y de propiedad del suelo y subsuelo establecidos por leyes del Congreso que benefician groseramente a las provincias menos pobladas y a la formación de enclaves productivos con beneficios extraordinarios para empresas multinacionales.

En este último punto juegan el RIGI, el Super RIGI y las leyes que permiten el cobro de regalías a las provincias por el “dominio originario” del subsuelo en los territorios mineros e hidrocarburíferos, que conviven en el país con las leyes que no les reconocen un poder análogo ni similar a las provincias que, por ejemplo, gozan de producción agrícola. 

Los representantes de las provincias perjudicadas (que financian de modo desigual a la Nación y aun a las provincias beneficiadas) no han tenido estrategias para resistir estos programas: ni siquiera para quejarse con vigor por la asimetría. 

En las provincias agrícolas y más pobladas se paga más impuesto a las ganancias y pesan los derechos de exportación, todos tributos nacionales. Y por si fuera poco, el régimen de la propiedad y la ley de coparticipación les impide a esas mismas provincias cobrar más impuestos locales. 

Es cierto que las leyes que regulan los regímenes sobre la propiedad (privada y pública) y las tributarias, en muchos aspectos, obedecen a una tradición centenaria que se remonta casi a la colonia, respecto del modo de regular el derecho de propiedad. Sin embargo, que tenga arraigo en la tradición no modifica el hecho de que son leyes, decisiones del Congreso, no reglas constitucionales, lo que puede permitir un nuevo acuerdo en el Congreso, sin necesidad de recurrir a una reforma de la Constitución ni de establecer cosas “raras” alejadas de esas tradiciones ni de un marco jurídico amigable con el capitalismo.

El régimen tributario y la propiedad minera tienen fundamento en leyes, entre ellas el anquilosado Código de Minería, que increíblemente se mantiene vigente, aunque consagra, entre otros desatinos, el derecho de apropiación por el privado o la prohibición al Estado para que sea minero. Los proyectos de reforma del Código de Minería son invisibilizados por el poder de las compañías: ni se discute el tema. ¿Cuántos políticos habrán leído y analizado el Código de Minería? Me refiero a los de las provincias mineras, pero, más aún, a los de las provincias que no son mineras, que son los que menos pueden darse el lujo de ignorarlo.     

¿Soluciones?

Dije que hay dos grandes vías para encarar estos conflictos de intereses que afectan la unidad de un partido nacional y, en suma, a la unidad nacional misma. 

Una es profundizar la provincialización. Si no fuera posible en este momento detener el movimiento centrífugo de competencias hacia las provincias, al menos propender a cierta igualdad y equidad. En palabras vulgares: que no haya provincias que hagan el papel de tonto. 

Esto se lograría permitiendo que las provincias agrícolas aumenten su poder de imposición tributaria sobre las producciones agropecuarias. Así, la Nación debería resignar recaudación, sea de derechos de exportación o del impuesto a las ganancias (como, por ejemplo, en el RIGI, en el que resignó diez puntos en favor de las empresas que siguen pagando regalías en las provincias mineras y petroleras). 

La otra es revertirla, volver a concentrar las competencias en la Nación y generar un mejor reparto, o un reparto con sentido estratégico para todo el país. 

¿Hay margen para una opción intermedia? Por ejemplo, permitiendo el aumento de la recaudación provincial en Buenos Aires, Córdoba, etc. (vía el impuesto inmobiliario o una cesión directa de unos puntos del impuesto a las ganancias a las provincias agrícolas). Y un plan de promoción industrial en esas provincias tan pobladas en un marco de acuerdo nacional, con alguna visión estratégica de desarrollo nacional y demográfico en todo el territorio, incluyendo educación y salud. Y, de suyo, corregir los desequilibrios en la representación en el Congreso entre provincias más y menos pobladas.

¿Una fórmula de Milei con un gobernador “rigista”?

Como se ve, hay soluciones más deseables, conforme a las ideas tradicionales expuestas por Perón, y otras que se adaptan a la triste situación que vivimos. 

Lo inadmisible es no hacer nada, que el Partido Justicialista finja que nada de lo acá descrito ocurre o que las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, etc., no se preocupen ni por generar un foro para defender intereses en común. 

Pero son sólo intuiciones para analizar. Lo insoslayable es que el peronismo debe tomar conciencia de estos asuntos cruciales para volver a ser un partido nacional. 

No basta con amenazar a los gobernadores que están dispuestos a votar leyes contrarias a la unidad del peronismo. En la mente de algunos analistas como Rosendo Fraga ya aparece la idea de una fórmula de Milei con un “peronista” rigista como vice.  

Reducir las discusiones del peronismo a la escasez o abundancia de candidatos presidenciales o tomar la actitud de los gobernadores amantes del RIGI como picardías personales es seguir soslayando los problemas estructurales. Estos problemas fueron generados por décadas de provincialización, de derrotas del interés nacional y de falta de estrategias nacionales para contrarrestar los programas de las empresas multinacionales de apropiación y saqueo de los recursos naturales, aun a costa de la destrucción de la unidad nacional.

Por Enrique Hidalgo / El Cohete