A raíz del avance del proyecto de extracción de petróleo que llevan adelante la empresa de capitales israelíes Navitas Petroleum, junto a la británica Rockhopper Exploration, en las Islas Malvinas, diputados del bloque de Unión por la Patria (UxP) piden explicaciones acerca de las actividades de exploración y búsqueda de hidrocarburos autorizadas, de manera ilegal, por el Reino Unido en el área circundante al suelo malvinense. El pedido de informes pone de manifiesto que toda actividad de exploración o explotación de recursos naturales autorizada unilateralmente por Gran Bretaña constituye un desconocimiento de la jurisdicción argentina y una afectación directa de los derechos soberanos de las provincias. Además, se vulneran el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas. La inacción del Gobierno ante la decisión británica alerta a la oposición. “La pérdida de recursos que está teniendo la Argentina producto de autorizaciones ilegales que está dando el Reino Unido es alarmante”, aseguró Guillermo Michel a Página/12.
La iniciativa fue presentada por los diputados del peronismo federal Guillermo Michel, Kelly Olmos y Moira Lanesan Sancho, quienes requirieron al Poder Ejecutivo que detalle la estrategia oficial para responder al avasallamiento del Reino Unido, que habilitó actividades hidrocarburíferas en una zona en disputa, ya que lo que alerta a la oposición es una inacción del gobierno de Javier Milei.
En los fundamentos expuestos, los diputados sostienen que las actividades impulsadas unilateralmente por el Reino Unido constituyen una nueva acción sobre un territorio y espacios marítimos cuya soberanía continúa en disputa y que es reconocida como tal por la comunidad internacional.
“Hacemos este pedido de informe, más profundo, vinculado justamente al tema de la extracción ilegal de petróleo por parte de empresas que el Reino Unido estaría autorizando”, detalló Michel a este diario y agregó que considera “ilegítimas” esas actividades porque las Malvinas son argentinas.
La Ley 26.659, sancionada en 2011, establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. Su objetivo principal es proteger la soberanía y los recursos naturales del país en el área del Atlántico Sur y, para ello, prohíbe de forma taxativa cualquier actividad petrolera en el mar territorial que no cuente con la autorización previa y formal del Gobierno argentino.
Existe un antecedente. En 2021, el Estado argentino aplicó esta ley, justamente contra Navitas Petroleum, la misma empresa que hoy lidera Sea Lion. El Gobierno la inhabilitó por explorar sin autorización en la Cuenca de Malvinas Norte. En aquella oportunidad también se sancionó a las británicas Chrysaor Holdings y Harbour Energy. Específicamente, la Secretaría de Energía tramitó el expediente, dictó la resolución y aplicó la sanción. El gobierno de Milei tiene a mano, ahora, ese antecedente que funcionó contra la misma empresa y en la misma cuenca.
Pero hay otro antecedente más antiguo aún que tener en cuenta. En abril de 2015, el gobierno de Cristina Kirchner impulsó una causa judicial general contra varias empresas petroleras que exploraban de forma ilegal en la cuenca de las Islas Malvinas. Esa causa tramita en el Juzgado Federal de Río Grande, donde la ex jueza Lilian Herráez ordenó una multa por 156,4 millones de dólares y el secuestro de barcos, plataformas y equipamiento, lo que logró que varias empresas se retiraran. Esa causa no avanzó en las administraciones siguientes.
La inacción parece no ser un hecho aislado, sino un favor hacia quienes considera sus aliados. Otra muestra de esto es el Decreto 590/26 que el Gobierno firmó mientras los argentinos ponían atención en la semifinal mundialista. Ese decreto instruye a la Secretaría de Energía a convocar un concurso público internacional para explorar hidrocarburos en el Mar Argentino, específicamente en el área CAN_200, y autoriza el arbitraje internacional ante conflictos. Lo que significa que le abre la puerta a la exploración petrolera de la empresa británica Challenger Energy Group en el Mar Argentino continental, con una cláusula que cede jurisdicción a tribunales arbitrales extranjeros. Esto da cuenta de que Sea Lion no parece ser un descuido, sino más bien un plan de fondo de una política exterior que pone en riesgo la soberanía argentina.
“Esto tiene que ver con una constante por parte del Gobierno de no cumplir con el mandato constitucional de que primero la Argentina, primero el trabajo argentino, primero la industria argentina y primero el territorio argentino”, sintetizó Michel.
En una misma línea, el excanciller Jorge Taiana explicó, en declaraciones radiales, que el yacimiento Sea Lion permitirá extraer “centenares de miles de barriles”, lo que, según estimó, “va a triplicar los ingresos para las islas” y fortalecerá la posición británica en el Atlántico Sur. “Lo que quiere hacer el Reino Unido es robarse el petróleo que corresponde a los argentinos”, denunció.
