El Gobierno viene acumulando pasivos —es decir, gastos que registra contablemente, pero cuya cancelación efectiva posterga— con el objetivo de exhibir un mejor resultado fiscal. Según el último informe sobre Ejecución Presupuestaria del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), esa estrategia le permitió mostrar un superávit primario acumulado de 7,33 billones de pesos durante el primer semestre. Sin embargo, si se contabilizaran los pagos que el Tesoro mantiene pendientes y “barre debajo de la alfombra”, ese excedente se reduciría a apenas 1,73 billones de pesos. Para dimensionar la diferencia, el resultado primario objetivo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el período enero-junio era de 6,9 billones.
Proveedores acreedores
Algunos proveedores del Estado que aguardan sus pagos correspondientes son, por ejemplo, las empresas constructoras y contratistas de obra pública, los proveedores de salud y asistencia social (vinculados con el PAMI y obras sociales estatales), las prestatarias de servicios públicos (como transporte y energía), las universidades nacionales y los gobiernos provinciales o municipales.
Como consecuencia, según el análisis del IPyPP, durante el primer semestre se generó una brecha acumulada de 5,6 billones de pesos entre el gasto devengado y el pagado, equivalente al 0,54 por ciento del PBI y al 7,3 por ciento del gasto devengado del período.
El resultado primario acumulado en los primeros seis meses de 2026 alcanzó los 7,33 billones de pesos, según puede leerse en el informe. De allí que, al descontar los 5,6 billones acumulados en deuda flotante, se obtiene un saldo mucho más flaco, de apenas 1,73 billones, que no alcanza a cumplir con la meta nominal del superávit primario acordada con el FMI de 6,9 billones de pesos para el semestre.
Tanto los analistas privados como organismos internacionales siguen de cerca la evolución de este stock para evaluar si el superávit fiscal se apoya en un ordenamiento genuino o en un diferimiento excesivo de pagos. Incluso el programa acordado con el FMI establece una cota para la deuda flotante de 9,148 billones de pesos, equivalente al 0,8 por ciento del PBI.
Esta discusión excede una cuestión meramente contable. Si una parte significativa del superávit se explica por gastos ya comprometidos que permanecen impagos, el ajuste fiscal aparece menos sólido de lo que muestran las estadísticas oficiales.
