La Confederación General del Trabajo (CGT) acordó con las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTAs) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) un plan de lucha escalonado que comenzará con movilizaciones que arrancará el próximo 22 de julio donde se plegarán a la protestas de los jubilados frente al Congreso y continuará el 7 de agosto en la tradicional peregrinación de San Cayetano mientras que tampoco se descarta ponerle fecha a un nuevo paro general contra la política económica del gobierno de Javier Milei.
La coordinación de las centrales obreras y movimientos sociales se concretó antes que se conozca la decisión de la Sala IV del fuero Contencioso Administrativo Federal que desestimó la medida cautelar con la que la CGT buscaba congelar la aplicación de 81 artículos de la ley de reforma laboral impulsada por el gobierno que barrió con derechos conquistados durante largas décadas por los trabajadores.
Plan de lucha
Las centrales sindicales decidieron volcarse nuevamente a las calles para enfrentar las políticas económicas y sociales de la Casa Rosada que impactan duramente contra los trabajadores. El acuerdo con la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la UTEP se alcanzó en el primer encuentro de la comisión creada por la CGT para coordinar la ejecución del plan de lucha unificado junto a otras organizaciones.
Allí se definió y se puso fecha a cuatro movilizaciones conjuntas que prometen extenderse en lo que queda del año. La primera de ellas será el próximo 22 de julio para acompañar la protesta que todos los miércoles los jubilados y jubiladas realizan frente al Congreso Nacional. Allí se exponen los reclamos de los pauperizados ingresos del sector pasivo hasta la quita de medicamentos, pasando por la crítica situación del PAMI y el desguace del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema previsional.
El cronograma continuará el 7 de agosto con la celebración religiosa anual de San Cayetano junto a los movimientos sociales, que en las últimas peregrinaciones han hecho propia la consigna de “Tierra, Techo y Trabajo” que enarboló como reivindicación de los sectores populares el fallecido papa Francisco. Un reclamo que toma mayor dimensión en medio de una catarata de cierre de fabricas y la perdida de ciento de miles de fuentes de trabajo.
Las centrales sindicales volverán a movilizarse cuando el Gobierno convoque a una nueva reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que desde la llegada de Milei a la Casa Rosada se resolvió a la baja y por decreto. La cuarta medida acordada será una movilización al Ministerio de Economía durante la tercera semana de agosto, en rechazo al rumbo económico del Gobierno.
En el debate también se planteó la posibilidad de sumar al plan de lucha la convocatoria a un nuevo paro general. Aunque prevaleció la postura de evaluar primero los alcances de las medidas acordadas para luego decidir como continuarán las protestas que unifican a las tres centrales sindicales y movimientos sociales. Si bien no tiene fecha, el paro nacional no fue descartado.
Revés judicial
La CGT decidió avanzar con un plan de lucha antes que empezara a desvanecerse la estrategia de su mesa chica de intentar revertir la regresiva reforma laboral en el Poder Judicial. La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal asestó otro revés el reclamo cegetista al ratificar el rechazo al pedido de la central que solicitaba suspender de manera provisional la aplicación de 81 artículos de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral hasta resolver los cuestionamientos de fondo contra la nueva legislación.
La resolución, que lleva las firmas de los camaristas Rogelio Vincenti y Jorge Eduardo Morán, convalidó el criterio adoptado previamente por la magistrada de primera instancia del mismo fuero judicial Macarena Marra Giménez. El fallo del tribunal de alzada determinó de forma unánime que la presentación efectuada por los abogados de la central obrera excede los límites técnicos y los requisitos procesales exigidos para el dictado de una medida de carácter urgente. Por lo que los camaristas dictaron la vigencia en todo el país de las modificaciones estructurales al sistema laboral impuestas por el Gobierno y avaladas por el Congreso que barre con múltiples derechos laborales.
