Siempre mirando al norte del continente, Javier Milei anunció que trabaja en una serie de reformas, entre ellas un “shutdown” (apagón) del gobierno, como el que rige en los Estados Unidos. El proyecto —que nadie vio— forma parte de un paquete de medidas para satisfacer al cada vez más reducido núcleo duro libertario y, de aprobarse, sería una nueva legitimación parlamentaria de la motosierra. Sin embargo, la verdadera agenda parlamentaria del oficialismo es bien casta: cambiar las reglas electorales para garantizar su reelección el próximo año. A todo o nada para romper al peronismo, la carta de negociación que les llegó a los aliados en las últimas horas para dar de baja las PASO incluye la habilitación de elecciones primarias para las alianzas electorales, con una mesa y una urna por circuito electoral que el gobierno estaría dispuesto a pagar. El diseño de la boleta única de papel se sobrecargaría con la inclusión de hasta tres listas colectoras. Bullrich volvió a disparar y dijo que las colectoras “deforman el sistema electoral”.
Una semana después de que el gobierno anunció sus prioridades legislativas ante su propia tropa, Milei puso en agenda otro paquete de medidas económicas que incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y un shutdown de gobierno, similar al mecanismo institucional que se activa automáticamente en los Estados Unidos cuando el Congreso no aprueba el presupuesto nacional. Las medidas buscan generar un efecto que permita al gobierno mostrarse con iniciativa política e incidir en la conversación pública, aun cuando un concepto como el shutdown es, a todas luces, inviable e inconstitucional en nuestro país.
Detrás está el asesor sin firma Santiago Caputo. Los focus groups que mira ese ala de la Casa Rosada sugieren que al votante duro del gobierno le gusta el espíritu “reformista” de la gestión libertaria. El anuncio que hizo Milei en Neura y luego en su cuenta de X es un menú a la carta para ese grupo, cada vez más reducido, que compone el núcleo duro. “Estamos trabajando en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo; en realidad, de la política”, dijo el presidente durante la entrevista.
La letra del proyecto aún no figura en ningún lado, pero ya causa rechazo en la oposición y desconcierto entre los dialoguistas. Es que, en la legislación nacional, la continuidad del Estado está garantizada por ley. A diferencia de Estados Unidos, donde la falta de aprobación del presupuesto impide autorizar nuevos gastos, en Argentina la Ley de Administración Financiera prevé expresamente la reconducción automática del presupuesto vigente. El objetivo es evitar la paralización de la administración pública.
Aún sin conocerse la letra, el proyecto ya genera reparos. Diputados consultados por este diario concluyeron que el espíritu de esa norma va en contra de la Constitución, que garantiza derechos mediante políticas públicas que no pueden ser desfinanciadas, como la salud y la educación. La diputada de Fuerza Patria Cecilia Moreau consideró que “en su obsesión por convertir a nuestro país en una copia berreta de EE.UU., estaría violentando nuestra Constitución Nacional, que establece la obligación del Estado argentino de garantizar derechos fundamentales para 47 millones de personas. No se puede bajar la persiana del Estado como si en el medio no hubiera vidas que dependen de él”. Carlos Castagnetto planteó dudas sobre el nuevo presupuesto que se debe presentar a mediados de septiembre. Para el diputado, el gobierno podría “presentar un presupuesto mínimo para dejar sin efecto actividades del Estado y usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para poder pagar la deuda que ellos generan”. La titular del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, dijo que “hay que analizarlo bien porque hay prestaciones que no se pueden cerrar, como hospitales, vacunatorios, etcétera”. Para Esteban Paulón es correcto ponerles límite a las prórrogas presupuestarias, pero “no podés comprometer salarios y servicios; el Estado no puede cerrar”.
Por su parte, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez dijo a Página/12 que se trata de “otro intento de reforma constitucional sin cumplir con el procedimiento previsto por la Constitución, que además va a perjudicar a los más vulnerables en materias vinculadas directamente con la dignidad humana”. Para Domínguez es la reedición de la Ley de Déficit Cero de Cavallo, del año 2001, que establecía que el gasto público no podía superar la recaudación. Milei lo quiso imitar a fin del año pasado, cuando anunció el envío de un proyecto de responsabilidad fiscal que preveía que las normas que violaran la regla fiscal y no indicaran su fuente de financiamiento serían nulas y los legisladores penados con hasta seis años de prisión.
Tapar la casta
Milei pasó de decir que en cuatro años se iría a leer la Torá a un campo con sus perros a obsesionarse con la reelección. Para eso, la mesa política de la Casa Rosada ensaya una desafiante ingeniería electoral que le permita al libertario reelegir, aun cuando la desaprobación de la gestión escaló al 58,2 %, según la última encuesta de Management & Fit.
El Senado no le aportó buenas noticias a Santilli y a Bullrich. Por eso, las negociaciones serán una por una con los gobernadores. El respaldo que el flamante jefe de Gabinete exhibió en su jura les dio ánimo a los libertarios.
“Sobre la suspensión de las PASO, una alternativa que evalúa el gobierno es, además de las colectoras, habilitar una primaria abierta para las alianzas, con padrón recortado, como fue la de De la Rúa-Meijide, y el gobierno está dispuesto a pagarla”, dijo a este diario una fuente al tanto de las negociaciones. Esa contienda terminó con fuertes críticas por la exclusión de votantes independientes, la desactualización de los padrones y el peso específico del aparato con mayor capacidad logística para incidir en la elección.
Las negociaciones están en curso. Para el peronismo, realizar una interna de estas características sería lapidario, justamente el objetivo que persigue el gobierno. No todas las fuerzas que conforman la alianza tienen padrones y terminaría definiendo el peso del aparato. Es decir que, finalmente, nadie legitimaría el resultado. Desde ese espacio ya lo calificaron como “un delirio total”.
Llamativamente, Patricia Bullrich volvió a marcar distancia con los planes del gobierno y reconoció que “el tema electoral está muy discutido”. Para la jefa del bloque libertario, “la idea de una colectora deforma el sistema electoral”, dijo, en desacuerdo con la ingeniería electoral que diseña la Casa Rosada.
