Cuando allanaron su casa en Beccar, en octubre del año pasado, José Luis Espert tenía lo que parecía una escenografía preparada para la ocasión: había papeles sobre su escritorio, como si fueran los materiales de una supuesta consultoría económica para la empresa de Guatemala Minas del Pueblo S.A., ligada a Federico “Fred” Machado. Luego se supo que la justicia de Estados Unidos la asociaba con su estructura delictiva. El exdiputado invocó ese trabajo del que no habría rastros al reconocer que había recibido 200.000 dólares —que de todos modos nunca declaró— de una cuenta vinculada a Machado en Estados Unidos. Para el fiscal de San Isidro Fernando Domínguez, es solo la punta del ovillo y pidió citar a indagatoria a Espert por lavado de activos con la convicción de que habría recibido dinero de origen ilícito y adquirió bienes muebles, inmuebles y tuvo gastos que no se correspondían con sus ingresos.
El juez Lino Mirabelli hizo lugar a un pedido de Domínguez para renovar la medida de no innovar sobre bienes de Espert, su esposa y el hijo de ella, de modo que no puedan realizar ninguna clase de movimiento patrimonial ni operaciones. Pero todavía no respondió al pedido de indagatoria de la fiscalía, que espera hace cerca de veinte días, según pudo saber Página/12 por allegados a la causa.
Como informó este diario, hay una enorme masa de dinero que habría movido Espert, ya desde la época en que era candidato a presidente en 2019 —cuando recibió apoyo económico de Machado—, pero en especial después entre 2024 y 2025, cuando comenzó a introducir miles de dólares en efectivo en el mercado informal, que recuperaba bancarizados en pesos y que le permitían afrontar gastos con tarjeta que llegaban a 15 millones de pesos por mes. Con ese método ingresó alrededor de 225 millones de pesos. Es una de las razones por las que los investigadores pidieron mantener el bloqueo patrimonial vigente.
El pedido de indagatoria de la fiscalía corresponde a una primera etapa de la investigación penal que hace foco en el cobro de al menos 200.000 dólares, algo detectado en la causa en la que se juzgaba a Machado en Estados Unidos. Allí surgió el giro que recibió Espert desde una cuenta del Bank of America, por lo que no le quedó otra que admitir aquel pago y, ante el escándalo, bajar su candidatura a diputado en octubre último. En la casa en Viedma donde Machado estuvo detenido desde 2021 hasta que fue extraditado el año pasado, apareció un aparente contrato con Minas del Pueblo que hacía referencia a 1 millón de dólares para “El Profe”, como le dice Javier Milei. La investigación señala variaciones patrimoniales que tuvo el exdiputado ya desde la época de la campaña presidencial.
Machado hizo un acuerdo con la fiscalía de Texas y se declaró culpable de los delitos de lavado de activos y fraude. El pacto incluyó que le levantaban la acusación por narcotráfico, más allá de las pruebas que hubiera. Respecto de la empresa de Guatemala que atañe a Espert, los fiscales estadounidenses y organizaciones ambientalistas guatemaltecas sostenían que se trataba de una pantalla para actividades ilícitas de distinto tipo (como tráfico de drogas y de oro). El punto es que, al admitir el delito de lavado, Machado reconoció el origen ilícito de sus propios fondos. En 2019, vale recordar, puso a disposición de Espert dos aviones suyos para que hiciera su campaña, una camioneta blindada y, según él mismo dijo, también le habría dado dinero para moverse.
Cuando en marzo la justicia renovó la medida de no innovar sobre Espert y su familia, la fiscalía y el juzgado señalaron elementos llamativos: como que el exdiputado había retirado 80.000 dólares del banco apenas comenzó la investigación, cuyo destino se desconoce. Pero además fueron identificados un fondo común de inversión y un fideicomiso millonarios. En febrero de 2025, fue su esposa, Mercedes González, quien adhirió a un fideicomiso con un aporte de 55.000 dólares como adelanto y sumó algo más de 50 millones de pesos en siete cuotas mensuales. Se llama Costa Dunas y es un barrio privado al norte de Pinamar, que prometía una casa de veraneo de lujo, con amenities de todo tipo y parador en la playa. González dejó de pagar con la sombra de la causa.
Espert había ingresado 59.000 dólares a un fondo de inversión en el BBVA en agosto de 2024; luego sumó 34.000 dólares. De ahí, con el avance del expediente, fue que retiró los 80.000 dólares. Esa entidad bancaria había hecho un reporte de sospecha de lavado de activos respecto de Espert en 2021. En mayo último el mismo banco admitió que el exdiputado había ingresado 88 millones de pesos por ventanilla, monto que carecía de documentación respaldatoria.
Algunos de estos datos sobre las llamativas operaciones de Espert, a los que se suman la adquisición de su casa en Beccar (apenas terminó la campaña presidencial y por más de 400.000 dólares), el armado de la empresa Varianza y la compra de autos de lujo (un BMW primero, un Lexus RL en 2024, un Toyota Corolla el mismo año y otro Lexus para el hijo de González), fueron tenidos en cuenta incluso por la Cámara de San Martín al confirmar una de las medidas de no innovar a comienzos de este mes.
