La crisis de la industria nacional provocada por el actual modelo permite trazar una analogía con la célebre novela "Metamorfosis", de Franz Kafka. Gregorio Samsa, protagonista de la ficción, podría simbolizar al sector manufacturero. Luego de despertarse, el personaje observa que se convirtió en una cucaracha gigante. Así pierde el respeto y el rol de sostén económico de su hogar. Sin que él pueda salir a trabajar, sus familiares deben ajustar gastos para subsistir y el bicho debe ser escondido por el repudio que provoca. Gregorio queda marginado y aislado en su habitación, como una carga, sin ayuda ni alimento, hasta morir abandonado.
Una dinámica cruenta y de rápido deterioro padece también la industria durante el gobierno de Javier Milei. El sector, como Gregorio antes de su terrible metamorfosis, era el pilar más importante en la generación de empleo formal, calificado y con altas remuneraciones del país. Explicaba entre el 20% y el 21% del empleo formal privado hasta las primeras dos décadas del siglo XXI y era la rama de actividad con la mayor participación en la creación de puestos de trabajo formales y de mayor aporte a la recaudación nacional, explicando el 30%, según los cálculos de la UIA. El podio en la creación de empleo formal lo completaban los rubros "comercio y reparaciones" con un nivel cercano al 18% y "actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler" (es un conjunto de servicios que, además del rubro inmobiliario, suma asesoramiento jurídico, contable, de arquitectura, ingeniería, publicidad e investigación, entre otros) que representaba alrededor del 14%.
Sin embargo, desde diciembre de 2023, la industria va sufriendo una sangría de manera casi incesante. Según los últimos registros de la Secretaría de Trabajo de la Nación publicados el viernes pasado, acumuló una pérdida de 78.181 empleos formales privados hasta marzo de este año que representa el 7% de los asalariados registrados en el sector.
Bajo ese derrotero, la industria retrocedió al segundo lugar en términos de participación en la generación de empleos (18%), en un contexto generalizado de destrucción de empleos formales, explicado en parte por el propio impacto negativo que genera el descenso de la actividad manufacturera.
De esta manera, la industria lideró la mayor destrucción de puestos de trabajo del país. Representó el 36,1% de los empleos asalariados formales perdidos en el sector privado que, en los primeros 28 meses de gobierno de la motosierra, totalizó 216.643 bajas.
El derrumbe industrial en el primer cuatrimestre de 2026 en relación el primer cuatrimestre de 2023 fue del 14%. Se trata de un industricidio que queda más expuesto cuando se aprecia el comportamiento de cada una de las ramas que componen el entramado manufacturero. Los únicos rubros exceptuados fueron los asociados a una actividad primaria rudimentaria (productos del tabaco), a la salida laboral de emergencia en trabajos vinculados a aplicaciones de reparto (la producción de motos aumentó un 57% y así la categoría "otro equipo de transporte" subió un 9%) y al sector energético, de la mano de la infraestructura pública construida antes del gobierno de Milei que facilitó la explotación de Vaca Muerta.
El brusco descenso de la actividad también afectó al número de empresas registradas. Según el último dato disponible de marzo pasado de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en ese mes había 3.327 compañías industriales menos que en noviembre de 2023, lo cual representa el 7,2% de la totalidad de firmas en el sector. La resistencia es a duras penas ya que el grado de utilización promedio de la capacidad productiva en el primer trimestre de 2026 fue de apenas el 56% con ramas como la metalmecánica y la textil que están funcionando al 35% de su potencial, cuando, por ejemplo, en el mismo trimestre de 2023 el uso general de las instalaciones fabriles era del 65%.
En el medio de la crisis, las remuneraciones de los trabajadores formales de la industria empeoraron considerablemente más que el resto de los sectores en un escenario de declive general. El salario bruto promedio de los empleados registrados de la industria fue de 2.214.554 pesos en diciembre pasado (último dato disponible de la Secretaría de Trabajo), mientras que el promedio general de la economía fue de 1.928.028 pesos, con lo cual fue un 14,9% superior. Sin embargo, históricamente, los trabajadores industriales han estado aún mejor pagos que el resto debido a que el grado de capacitación y especialización requerido para el desarrollo de sus actividades es superior. Por caso, la brecha promedio entre los años 2000 y 2015, había sido del 21% a favor de los empleados fabriles.
Esas altas remuneraciones constituyen un vehículo relevante de movilidad social ascendente, pero ese motor va perdiendo fuerza como resultado de la destrucción de empleos y del deterioro del poder adquisitivo salarial.
Lo más preocupante es que la dinámica observada de contracción del empleo formal, derrumbe de la actividad y empeoramiento salarial debió haberse profundizado en abril, mayo y junio y tampoco hay expectativas de recuperación, más allá de la insistencia discursiva del presidente y del ministro Caputo. Y todavía es más desopilante cuando destacan la creación de empleos informales. Los sectores que se nutren de trabajadores informales en situación de emergencia (básicamente de comercio informal, empleo doméstico, servicios asociados al reparto a través de de las aplicaciones móviles o changas) acumulan puestos de trabajo de pobre acceso a las tecnologías más avanzadas, carecen de rutinas de trabajo programadas, poseen menores economías de escala y asociatividad organizativa y los procesos de aprendizaje son inferiores que en los empleos formales de la industria. Por lo tanto, tienen una productividad significativamente menor y así imposibilitan cualquier recuperación sustentable de los ingresos reales.
La ratificación del rumbo del modelo económico, tras el triunfo electoral del oficialismo en octubre pasado, terminó de disparar las decisiones de muchas empresas de despido de operarios o directamente cerrar sus instalaciones productivas. Antes de desprenderse de operarios, necesitaban esa confirmación, dado el elevado costo de capacitación de un trabajador industrial y la difícil decisión de dejar sin empleo a personas que comparten diariamente espacios de trabajo en un escenario de deterioro generalizado del mercado laboral, una situación particularmente dura para las pymes.
La transformación a cucaracha de la industria con el actual modelo parece irreversible. Las empresas deciden reconvertirse en importadoras o contraerse lo más posible bajo estrategias defensivas asumiendo los procesos productivos que implican el menor desembolso posible de capital de trabajo e inversión. Son decisiones que lucen absolutamente razonables y son claramente alentadas por el gobierno nacional.
El marco que se ha promovido desde el gobierno no puede ser más conducente: altas tasas de interés, racionamiento del crédito, salarios pisados y expulsión de trabajadores formales del circuito productivo que determinan un consumo interno ahogado en deudas, promoción de la importación, ausencia de controles a la competencia desleal en un escenario internacional crecientemente proteccionista que implica precios de remate, fuertes aumentos de costos por los tarifazos de los servicios públicos, ausencia de obra pública y costos logísticos en ascenso que socaban la competitividad, mayores facilidades para despedir personal tras la reforma laboral y hundimiento financiero y degradación de los organismos públicos de apoyo científico tecnológico, como el INTI, el INTA y la CONAE. Todo eso con un horizonte que, de la mano del acelerado incremento de las exportaciones de hidrocarburos, minería y agro y del apoyo financiero del FMI y del gobierno de Estados Unidos, le permite al gobierno sostener un tipo de cambio no competitivo para la industria, sin paliativos.
Así solo pueden crecer y gozar de buenas rentabilidades sectores protegidos de la competencia externa por factores tecnológicos y/o regulatorios como el financiero, el de empresas de servicios públicos privatizados o aquellos que cuentan con condiciones extraordinarias de explotación de recursos naturales, como la energía, la minería y la producción en extensas superficies agrícolas. Con este modelo, tal como le sucedía a la familia del insecto de Kafka, la extensión del deterioro de las condiciones de vida generales resulta inevitable.
El perfil de inserción internacional, la calidad de vida y las perspectivas de prosperidad dependen de forma categórica de lo que se produce en un país. Los que poseen estructuras productivas diversificadas y de alta complejidad, donde sus Estados invierten significativos recursos públicos en Investigación y Desarrollo, como en Europa, Norteamérica, Japón, Corea del Sur, China u Oceanía, sus poblaciones gozan de los mejores puestos de trabajo y los mayores estándares de vida y niveles de equidad distributiva.
Argentina, manteniendo una industria medianamente desarrollada, cierta relevancia en su desarrollo científico tecnológico y una estructura productiva que admitía cierta movilidad social ascendente era una anomalía en Latinoamérica. En nuestra región, los países se concentran en la explotación primaria de recursos naturales sin transformación productiva, sin un desarrollo relevante en ciencia y tecnología, como también sucede en África y Medio Oriente, que sufren niveles de desigualdad alarmantes, poblaciones oprimidas y fragmentadas. Con una industria que se convierte en una cucaracha agonizante, el modelo de Milei terminará mutando tristemente a nuestro país en un país emblema del último grupo.
Por Mariano Kestelboim / LaPoliticaOnline
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