Nuevo orden hemisférico, nueva doctrina de vigilancia: de Caracas a la SIDE

En la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, Donald Trump trajo la guerra a Sudamérica, interviniendo en territorio venezolano y secuestrando al presidente Nicolás Maduro. La excusa fue el tráfico de drogas y el supuesto rol de Maduro en el también supuesto cartel de Los Soles: un ataque no contra otro Estado soberano sino contra una organización “narcoterrorista”, detalle que le permitió a la Casa Blanca eludir la obligación constitucional de someter sus planes a la aprobación legislativa. Una vez que el objetivo se cumplió, Trump dejó caer la máscara, como un trapo viejo que no sirve: “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder”, se sinceró en sus redes sociales. El verdadero propósito es político: la proyección de un gobierno hemisférico que irradie desde Washington hacia todo el continente, por los medios que sean. 

El presidente argentino Javier Milei se ofrece como el más solícito de los administradores locales de esa dominación, sin encontrar contradicción entre la prédica y la práctica: un presidente que aplicó un blanqueo a medida del narco, redactado por José Luis Espert, que tuvo que renunciar a su candidatura cuando se comprobó que estuvo financiado por un narco, y votado por Lorena Villaverde, una diputada oficialista con antecedentes narco; que tiene como abogado personal a un abogado de narcos, y como ministro de Justicia a otro; que desreguló las fronteras, el río, los aviones y las armas larga; cuya exministra de Seguridad, Patricia Bullrich,  mintió sobre haber recibido dinero de una empresa vinculada al narco; un presidente que admitió admirar a mafiosos y acaba de regalarle a su gabinete un libro que llama “héroes” a los narcos, celebra un ataque militar nombre del combate al narco.

Nadie va a preguntarle nada.

La utilización de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo para la consecución de objetivos políticos no es algo nuevo: desde antes del final de la Guerra Fría comenzó a reemplazar el combate al comunismo como excusa para la represión y el control de la disidencia. Mientras celebra el ataque contra Venezuela el propio Milei se apalanca en esa narrativa a la hora de profundizar el aparato de vigilancia del Estado y dirigirlo contra la población del país. En ese sentido, el DNU 941/25, redactado en secreto, firmado en las últimas horas del año pasado, con el Congreso cerrado y las familias argentinas distraídas entre abrazos, música, sidras y turrón, viene a completar una arquitectura jurídica de violencia estatal alineada con los objetivos de Estados Unidos y orientada contra la propia población argentina, que Milei viene desplegando metódicamente desde el comienzo de su gobierno.

Estamos ante un cambio de régimen en la administración de la fuerza estatal. Una transformación de fondo de las doctrinas de Seguridad Interior, Defensa e Inteligencia que viene a borronear las fronteras que separan esas áreas entre sí mediante la instauración de una suerte de “estado de excepción permanente” que permita brindarle al Estado facultades de disciplina interna constitucionalmente vedadas por atentar contra las garantías, la libertad, la seguridad y la privacidad de la población. Es una reconfiguración amplia que transforma a toda la administración pública en un gran aparato de paranoia y espionaje y que abre las puertas del país al modelo de vigilancia masiva que se impone desde Washington y de la mano de megacorporaciones de Silicon Valley que desarrollan las herramientas que permiten perfilar y controlar a la población en tiempo real.

No se hizo de un día para el otro. Fue una construcción metódica que tomó algo más de dos años y contó, en esa tarea, con la complicidad del Poder Judicial, que falla sistemáticamente en el ejercicio de su potestad de control constitucional, y del Legislativo, donde incluso diputados y senadores de la oposición acompañaron la sanción de las pocas normas que se sometieron a ese trámite. Esa combinación, sumada al silencio cómplice de la mayoría de los medios de comunicación y a la pasividad tanto de los empresarios como de los representantes de los trabajadores, permitió llegar a este punto. Milei confía que esa misma complicidad le permitirá seguir avanzando en esta deriva posdemocrática en la que la ley corre en una sola dirección y hay un solo poder, quizás una sola persona, conduciendo los destinos del país sin más límite que su voluntad y, eventualmente, la falta de dólares.

El protocolo antipiquetes fue una de las primeras medidas anunciadas por el gobierno en diciembre de 2023 y la primera piedra de esta arquitectura represiva. Su redacción, inconstitucional e inaplicable en la vida real ante grandes manifestaciones, vino a cumplir otros objetivos: dar un mensaje claro de orden a la sociedad, disuadir parcialmente ciertas medidas de fuerza, habilitar desde la política mayores niveles de violencia por parte de los agentes que participan de los operativos para liberar el espacio público y principalmente sondear la reacción del Poder Judicial, que dos años más tarde no pudo o no quiso hacer demasiado para evitar la discrecionalidad del gobierno en esta materia. El mismo mes se presentaba el proyecto original de Ley de Bases que finalmente no sería sancionado pero que incluía un capítulo penal que limitaba severamente el derecho a reunión y protesta.

A comienzos de 2024 Bullrich, por entonces al frente del ministerio de Seguridad, viajó dos veces a Estados Unidos. La primera, a finales de febrero, acompañó a Milei al foro reaccionario CPAC, donde tuvo un encuentro con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuyo exitoso modelo de seguridad, que ella prometió imitar, se basa en los pactos con bandas, la detención arbitraria y la prisión sin juicio previo. La segunda, en abril, consistió en reuniones con la CIA, la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional. Curiosamente a ese viaje la acompañó el ministro de Economía, Luis Caputo. Tras regresar del segundo viaje, Bullrich presentó por primera vez su proyecto de Ley Anti Mafias, que institucionaliza la persecución criminal de opositores y disidentes utilizando como excusa una vez más la lucha contra el “narcoterrorismo”.

Aunque el proyecto “Anti Mafias” no avanzaría en el Congreso hasta varios meses más tarde, en junio, durante el tratamiento de la segunda versión de la Ley de Bases en el Senado, pudimos ver un anticipo del método Bullrich en acción: un grupo de encapuchados prendió fuego un móvil de televisión con transmisión en vivo por todos los canales de noticias. Con esa excusa, las fuerzas de seguridad reprimieron salvajemente, dispersando en pocos minutos la numerosa manifestación que estaba sobre la plaza, sin incumplir con el protocolo. Más tarde, fue el turno de las patrullas que salieron a “cazar” entre los manifestantes desbandados y también se llevaron transeúntes ocasionales. En sus redes sociales el presidente denunciaba un intento de golpe de estado. Los 34 detenidos pasaron varias horas fuera del sistema e incomunicados. Luego permanecieron presos por semanas.

En julio del 24 se daría otro paso crucial en este proceso: la primera reforma de inteligencia, que devolvió a la AFI su antiguo nombre de SIDE y restituyó los gastos reservados, que pasaron a representar el 75 por ciento del total del presupuesto. El mismo mes Bullrich anunció un nuevo reglamento de ciberpatrullaje que legalizó la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad para “patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de internet”, “analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real a fin de detectar actividades sospechosas o identificar personas buscadas”, “utilizar algoritmos de aprendizaje automático a fin de analizar datos históricos de crímenes y de ese modo predecir futuros delitos” y “patrullar mediante drones áreas extensas para proporcionar vigilancia aérea”. Curiosamente informaron que esto "no implica erogación presupuestaria alguna”.

En simultáneo, el gobierno intentó darse por DNU un aumento en el presupuesto de inteligencia de 100 mil millones de pesos. Fue la única vez en la historia que las dos cámaras del Congreso se pusieron de acuerdo para rechazar un decreto presidencial. Durante el debate que culminó con esa histórica derrota, en septiembre del 2024, hubo un atentado con un paquete bomba dirigido al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, que afortunadamente no hubo que lamentar más que algunas heridas leves en los empleados que manipularon la encomienda, que llegó por correo privado. El aparato de comunicación oficial en medios y redes utilizó ese episodio para presionar a diputados y senadores para que no rechacen el presupuesto récord para la SIDE. Como los autores del incendio al móvil de televisión de junio, el responsable del ataque nunca fue identificado.

A fines de ese año hubo más novedades. El ministerio de Seguridad adoptó un nuevo “reglamento general para el empleo de armas de fuego”, que autoriza a disparar contra personas huyendo, exime a los agentes de la obligación de dar la voz de alto y justifica el uso de fuego letal ante personas que portan réplicas o armas de juguete. Por la misma época, se modificó por decreto la ley de Defensa para permitir la colaboración de las fuerzas armadas en seguridad interior, ciberespacio e inteligencia artificial. El anuncio lo hizo el entonces ministro Luis Petri, codo a codo con Bullrich, que para despejar toda duda, en la misma conferencia de prensa anuncia que el gobierno avanzará con la ley Anti Mafias presentada unos meses antes. El proyecto finalmente se aprobó en ambas cámaras entre septiembre del 24 y febrero del 25, con votos del peronismo.

Desde entonces está en vigencia esta norma que incluye cláusulas para criminalizar la organización política, investigar a todos los miembros de una organización por el delito que se le impute a cualquiera de ellos, brinda facultades al Poder Ejecutivo, con la firma de un fiscal para declarar “mini estados de sitio” localizados donde las fuerzas de seguridad tienen permitido detener personas, allanar domicilios e intervenir comunicaciones sin autorización judicial previa. En simultáneo se aprobó la ley de Reiterancia, que permite dictar prisión preventiva a alguien detenido dos veces por el mismo delito, aunque no tenga condenas. La combinación de esas dos normas hace que un juez pueda mandar a la cárcel de manera indefinida, mientras se realice el proceso judicial, a una persona que sea detenida dos veces mientras participa de una protesta o actúa de otra forma que el gobierno considere peligrosa.

Durante los primeros meses de 2025 el gobierno modificó por decreto la ley orgánica de la Policía Federal Argentina. Sus nuevas facultades permiten demorar personas hasta 10 horas sin orden judicial. También habilita requisas personales y de vehículos sin orden judicial. Adicionalmente, expande las competencias territoriales de la PFA para intervenir en jurisdicciones provinciales o en la ciudad de Buenos Aires sin autorización de los gobiernos locales y habilita a esa fuerza para que realice “acciones de inteligencia” con acceso a bases públicas y privadas y pueda “registrar y calificar” a personas vinculadas con actividades “que la policía deba reprimir”. También hubo reformas en los estatutos de otras fuerzas federales que reforzaron sus capacidades para hacer frente a la protesta social y particularmente a los cortes de ruta.

Otro decreto, a mediados del año pasado, habilitó a los agentes de las fuerzas de seguridad a llevar sus armas reglamentarias incluso cuando están fuera de servicio y modificó las reglas de empeñamiento para permitirles disparar en situaciones dudosas. El discurso de que “los buenos son los de azul”, que el presidente enarboló a pocas horas de que el fotógrafo Pablo Grillo recibiera un disparo policial en la cabeza mientras cubría una marcha frente al Congreso, da cuenta de que la orden de gatillar desciende desde la conducción política hacia las fuerzas, que la interpretan con generosidad. Corresponde reportar que Hugo Guerrero, el gendarme que disparó contra Grillo, está procesado, a pesar del encubrimiento que le prodigó el gobierno nacional. Él y todos los que disparan creyendo en las promesas de Bullrich y Milei descubren demasiado tarde que son apenas una pieza descartable.

En noviembre, después del triunfo en las elecciones de medio término, Milei designó a un militar en actividad al frente del ministerio de Defensa. Con pocas horas de diferencia, el delegado argentino votó junto a Estados Unidos e Israel en contra de la resolución de la Organización de Naciones Unidas que promueve la prevención y eliminación de toda forma de tortura. En los primeros días de diciembre se publicó en el boletín oficial el Plan de Inteligencia Nacional 2025, que actualiza las premisas sobre las que actúa la SIDE. Meses antes, el periodista Hugo Alconada Mon y la revista Crisis habían filtrado fragmentos de ese documento secreto que fija la dependencia estratégica con ambos países como prioridad a defender y apunta como amenazas “las campañas de desinformación” y la “manipulación de la opinión pública” y hasta la organización de “los grupos sociales vulnerables”.

De acuerdo a esas filtraciones, el primer lineamiento estratégico que figura en el PIN refiere a la “disputa de poder en el escenario de Política Exterior” y establece la necesidad de “identificar, reunir y analizar información referente a situaciones, actores, hechos o circunstancias que impidan, limiten o condicionen el relacionamiento estratégico” con Estados Unidos y con Israel, así como “posibles escenarios de conflicto, para el Actor Nacional, derivados del afianzamiento de relaciones estratégicas” con esos dos países. En la práctica, así como tercerizó en otros países la gestión económica, la relación con las provincias y hasta las relaciones exteriores, el gobierno de Milei terceriza ahora la gestión del sistema de inteligencia nacional al mismo tiempo que elimina mecanismos de control y les brinda las herramientas para investigar a los argentinos.

Así llegamos a la sorpresa del 31 de diciembre, el último ladrillo que culmina dos años de paciente destrucción del Estado de derecho y de las garantías de los habitantes de este país. A partir de ahora la SIDE, un apéndice operativo local de agencias de inteligencia extranjeras, deja de ser solamente un organismo dedicado a recabar información: ahora tiene capacidad operativa directa. Los espías, sin obligación de identificarse ni rendir cuentas, porque todas sus operaciones van a considerarse encubiertas, tendrán poderes policiales: portarán armas y podrán “aprehender” personas sin notificar a un juez. Entre sus tareas, para las que se les otorgan estos poderes extraordinarios, está “evitar fugas de infiltración clasificada” e “influencia en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno”.

Además, el decreto dictamina la creación de una “Comunidad de Inteligencia Nacional” que estará dedicada a sistematizar la instrumentación de bases de datos civiles, tanto públicas como privadas, para hacer espionaje interno. Son un insumo clave para que los aparatos de vigilancia digital masiva puedan construir en vivo perfiles de cada ciudadano. Asociado a megacorporaciones digitales que nos brindan servicios cotidianos y extraen nuestros datos al hacerlo, sin control y en condiciones de secretismo absoluto, la SIDE podrá cruzar la información pública y privada de todos los habitantes del país: fichas de ANSES, legajos laborales, expedientes policiales y judiciales, balances bancarios, resúmenes de tarjetas, identificación facial y de patentes de automóviles, registros de migraciones, posteos en redes sociales y más. Es posible que eso ya suceda mientras lees esta nota.

Otro artículo establece la “Comunidad Informativa Nacional”, un mecanismo que obliga a cada ministerio, cada secretaría y cada dependencia a producir inteligencia a requerimiento de la SIDE. De facto, eso transforma a cada funcionario en un espía en potencia, un buchón que pasa información sobre sus compañeros, sus empleados, sus jefes o los individuos y organizaciones con los que trabaja; y/o que filtra información sensible de proyectos en áreas estratégicas del Estado hacia una agencia colonizada por servicios extranjeros. Se trata de una pesadilla totalitaria que parece inspirada en la Stasi, la infame policía secreta de la Alemania comunista que en su momento de mayor extensión contaba con cientos de miles de buchones que informaban a las autoridades sobre la vida de sus amigos, compañeros, familiares, vecinos o clientes. Un liberalismo sin libertad.

Es llamativo que la misma edición del Boletín Oficial que publica este decreto promulgue la llamada “ley de Inocencia Fiscal”, redactada por José Luis Espert, el candidato narco, y sancionada por el Congreso en la última sesión del año pasado. En defensa de esa ley, que legaliza un mecanismo de blanqueo permanente para todo tipo de dinero no declarado, los voceros del gobierno y hasta el propio presidente Milei dijeron que el origen de el capital blanqueado debe considerarse inocente hasta que se demuestre lo contrario, por lo que no deben hacerse preguntas ni controles sobre el dinero excepto que existe una sospecha fundada en el marco de una investigación con garantías procesales. Bajo el nuevo régimen de excepción policial instaurado por el gobierno de Milei, a las personas que no acepten mansamente su destino subalterno no les corresponde el mismo privilegio.

Por Nicolás Lantos / El Destape