La sombra del narcoescándalo que derivó en la renuncia de José Luis Espert sigue proyectándose sobre La Libertad Avanza. Esta vez fue el turno de la senadora electa por Río Negro, Lorena Villaverde, acusada de haber sido financiada ella también por el narco Fred Machado. Tras varios días de especulaciones, y preocupada por sostener sus fueros, Villaverde finalmente optó por retirar su renuncia a la banca que todavía conserva en Diputados, donde tiene mandato hasta 2027. Su ingreso al Senado está siendo cuestionado por la oposición (e incluso por algunos aliados al gobierno) y ante la posibilidad de que el oficialismo perdiera un voto crucial en la Cámara alta, desde la Rosada comenzaron en los últimos días a ejercer presión para que se baje, tal como adelantó Página/12. Su prontuario, en el que pican en punta las causas que enfrenta en Estados Unidos por tenencia de cocaína, su paso por prisión y el juicio en aquel país, así como las abundantes evidencias que la vinculan con Machado —detenido por narcotráfico en Texas— y con su primo Claudio Cicarelli, presunto testaferro, la convirtieron en una mancha venenosa, con futuro incierto en el Congreso.
En este sentido la vuelta atrás de la narcodiputada al no renunciar a Diputados muestra una clara evidencia de que los hermanos Milei le soltaron la mano. En principio solo el Presidente la bancaba, pero terminó inclinándose por su hermana Karina, quien ya pedía desde antes de la elecciones que su candidatura se bajará. Este escenario ahora muestra que Villaverde tendría que renunciar al Senado y darle paso a Enzo Fullone, el segundo de la lista, porque el Gobierno nacional no va a jugar con un senador menos por las iniciativas que quiere disputar en el Congreso. En ese sentido, el pliego devuelto a la comisión de Asuntos Constitucionales se podría tratar recién en marzo cuando están las sesiones extraordinarias, donde la Rosada aspira a debatir la reforma laboral y el Presupuesto.
La trayectoria política de Lorena Villaverde parecía destinada a consolidarse con su desembarco en el Senado, tras haber sido electa dentro del armado libertario. Su proyección creció al calor del ascenso nacional de La Libertad Avanza y del impulso territorial que buscaba construir en la Patagonia, Pero lo que prometía ser un salto decisivo terminó convirtiéndose en un laberinto: denuncias, antecedentes judiciales, señalamientos mediáticos, operaciones cruzadas y una interna creciente entre los sectores que orbitan alrededor de los hermanos Milei.
La historia reciente de Villaverde condensa como pocas las tensiones internas como muy pocas veces se vio, debido a semejante prontuario de un político dentro de un espacio que llegó al gobierno con una narrativa de pureza moral, anticasta y transparencia. Cuando las acusaciones comenzaron a multiplicarse y los expedientes judiciales, tanto locales como internacionales, aparecieron en escena, el proyecto de convertirla en senadora derivó en un problema mayor que amenaza con un costo político considerable para el oficialismo.
El curro de los pasajes
Mientras el oficialismo intentaba explicar la situación judicial de su legisladora, otro frente se abrió de manera inesperada. Una serie de tickets aéreos emitidos desde la plataforma OPTAR –el sistema oficial del Congreso para administrar pasajes– permitió reconstruir más de una docena de vuelos realizados por Claudio “Lechuga” Ciccarelli, de vínculos estrechos con la diputada, y señalado como presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, empresario detenido y extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y lavado.
La trazabilidad de los tickets, obtenida mediante pedidos formales de información pública, indica que los vuelos correspondientes a 2024 y 2025 habrían sido emitidos desde el usuario asignado al despacho de Villaverde. Se trata de rutas entre Buenos Aires, Viedma, Neuquén, Córdoba, Trelew y Río Grande, muchas de las cuales carecen de justificación parlamentaria. Más aún, algunos viajes fueron presentados como “misiones” oficiales para las que no existe respaldo documental.
La denuncia, expuesta en la comisión de Asuntos Constitucionales por la senadora neuquina Silvia Sapag, terminó por instalar que la utilización indebida de pasajes oficiales podría no ser un error administrativo, sino un esquema sostenido que beneficiaba al entorno de Villaverde.
Esa documentación, sumada a los antecedentes judiciales, generó el clima político que derivó en la decisión de bloquear su pliego y en la jura en el Senado del pasado 28 de noviembre, un hecho que le generó un fuerte de dolor de cabeza al oficialismo.
La tormenta perfecta
El mayor impacto político provino de una revelación judicial que Villaverde en los Estados Unidos figura -en documentos oficiales de la Justicia Federal- como detenida en 2002 en Sarasota, Florida. Fue acusada de integrar una operación de distribución de cocaína junto a otros dos imputados. El expediente –identificado como “USA v. Restrepo, et al”– la muestra no sólo detenida, sino también condenada en un juicio que debió repetirse, con idas y vueltas judiciales terminando con su excarcelación.
Según publicó La Nación, los registros consignan que Villaverde fue hallada culpable por un jurado, pero logró anular la sentencia y consiguió que se dictara un nuevo juicio. Sin embargo, cuando recuperó la libertad, incumplió las condiciones impuestas y desapareció del radar judicial estadounidense. En 2003 se emitió una orden de arresto en su contra. En paralelo, regresó a la Argentina, fijó domicilio primero en Tigre y luego en Río Negro, y reconstruyó su vida lejos de aquel proceso penal que permaneció paralizado durante más de una década.
Recién en 2017, catorce años y medio después, la fiscalía estadounidense retiró los cargos por el tiempo transcurrido sin avances. Para entonces, Villaverde ya era una ciudadana argentina sin intenciones de volver a Florida. La causa quedó cerrada, pero no por inocencia probada, sino por prescripción procesal. El dato, políticamente letal, no había aparecido nunca en su biografía pública.
Discusión interna
La escena decisiva ocurrió en la previa de la sesión preparatoria del Senado. Allí, cuando todo indicaba que las impugnaciones serían tratadas en el recinto, surgió un giro inesperado: el diploma de Villaverde fue retirado del temario y devuelto a Asuntos Constitucionales. El movimiento fue interpretado como un mensaje claro: el oficialismo no tenía la fuerza ni el consenso para sostener la jura.
Lo que parecía un trámite terminó convertido en una señal de alarma interna. Karina Milei, principal armadora del espacio, había respaldado en principio la postulación de Villaverde, pero al conocerse todo lo sucedido por Jose Luis Espert, bajó su postulación. Si bien fue el propio Javier Milei que decidió bancarla, le advirtieron al mandatario nacional, el riesgo de cargar con una figura tan herida. La decisión de devolver el diploma, tomada a última hora, fue leída como un triunfo de los sectores que pedían congelar el caso.
El golpe político se amplifica porque, en paralelo, Pagina/12 había anticipado que Villaverde no pensaba renunciar a la Cámara de Diputados. El anticipo no solo se confirmó: se amplificó. Villaverde queda atrapada entre dos Cámaras. En términos prácticos no asumiría a la Cámara alta y tampoco abandona formalmente la baja.
La estrategia de resistencia
La conducta reciente de Villaverde confirma lo que muchos ya intuían: no está dispuesta a renunciar a su banca en Diputados y tampoco a Senadores, se quiere abroquelar a más no poder, pero legalmente va a tener que hacerlo por lógica en la Cámara alta, pese a haber sido electa senadora. La maniobra implica mantener los fueros mientras intenta evitar un eventual proceso judicial local, que podría iniciarse si prosperan las denuncias por la presunta utilización defraudatoria de pasajes públicos, financiamiento irregular de la campaña o si se investigan posibles vínculos con la trama que rodeó a Machado y Ciccarelli, estafas y embargos en Río Negro. Además de un préstamo ilícito del Banco Nación para construir una “casa” en Neuquén por 225 millones de pesos.
Ese movimiento, sin embargo, profundiza la ruptura política dentro del espacio libertario. Algunos referentes del oficialismo sostienen que su permanencia bloquea cualquier posibilidad de cerrar la crisis. Otros, más próximos al núcleo duro del Poder Ejecutivo, argumentan que retroceder implicaría aceptar el condicionamiento político de la oposición.
En el medio, Villaverde permanece en silencio. No dio respuestas a las consultas realizadas por la prensa, dejó en suspenso entrevistas prometidas y se refugió en su círculo íntimo. La escena pública quedó dominada por documentos, registros judiciales y decisiones institucionales que juegan en su contra.
Un caso lejos de terminarse
El escándalo Villaverde abrió un precedente y muchas preguntas que hacer, además de una discusión más amplia sobre la responsabilidad que deben asumir los partidos políticos al elaborar sus listas, la transparencia en el uso de recursos legislativos y la necesidad de controles efectivos sobre los comportamientos de los funcionarios.
La Libertad Avanza enfrenta una crisis de gobernabilidad dentro de su propia bancada. La oposición encontró un punto de acuerdo para bloquear una designación, algo poco frecuente en un Senado fragmentado. Y Villaverde quedó en el centro de una tormenta donde se mezclan pasado judicial, uso de recursos públicos, internas de poder y un futuro político incierto.
Si finalmente el oficialismo intenta forzar su jura, la tensión podría escalar aún más porque hay senadores aliados que consideran inconveniente su incorporación.
Por Luciano Barroso / P12
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