Cuáles son las reformas estructurales que programó Milei para la nueva etapa post elecciones

Tras su victoria en las elecciones legislativas, Javier Milei inicia la segunda etapa de su gobierno con una profundización de su agenda de reformas estructurales en la mira. Pero además de las ya anunciadas reformas laboral, tributaria y previsional, hay otras que también están programadas para los meses de noviembre y diciembre, según el compromiso firmado con el FMI.

El Presidente buscará ir a fondo con estas reformas, como muestra su recibimiento de este jueves a una mayoría de gobernadores dialoguistas en Casa Rosada, con los que intentará generar los consensos legislativos necesarios para aprobarlas en el nuevo Congreso de presencia libertaria recargada.

Las reformas anunciadas: laboral y tributaria

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Hay, por lo pronto, tres reformas inmediatas en las que el Gobierno ya estuvo ahondando en los últimos días y semanas: la laboral, la tributaria y la previsional.

La reforma laboral, según lo anticipado por el propio secretario de Trabajo, Julio Cordero, buscará implementar paritarias segmentadas por empresa y el denominado "salario dinámico", es decir, que una parte de lo cobrado se defina por la productividad individual del empleado.

También, adelantó Milei, contendrá otros puntos como el reemplazo de las horas extra por un esquema de "banco de horas", la digitalización de los contratos y la posibilidad de cobrar en cualquier divisa, así como la imposición de algún tipo de límite a la que el Gobierno denomina la "industria del juicio".

La reforma tributaria, por su parte, consistirá en "eliminar cerca de 20 impuestos que entorpecen, sin tener impacto recaudatorio", así como en una "renovación del régimen del impuesto a las Ganancias para personas humanas", según anticipó Milei hace algunas semanas.

El Poder Ejecutivo impulsará ambas recién luego de la renovación del Congreso el próximo 10 de diciembre cuando contará con una bancada de al menos 110 diputados y 26 senadores en conjunto con el PRO, por lo que tendrán que ser tratadas, de mínima, en una eventual prórroga de las sesiones ordinarias o en un llamado a extraordinarias.

Recién luego, posiblemente para comienzos del 2026, el Gobierno empezará a impulsar la reforma previsional. El razonamiento oficial es que no tiene sentido sancionarla si antes no existe una reforma laboral que persiga, supuestamente, una ampliación del empleo formal capaz de sostener a una creciente población pasiva.

Como sea, las fechas en las que piensa el oficialismo suponen un adelantamiento de la estipulada en el acuerdo con el FMI, ya que estaba previsto originalmente que el proyecto ingresara al Congreso recién para diciembre de 2026.

El contenido de la reforma previsional todavía es una incógnita, pero se especula con que podría implicar una elevación de cinco años en la edad jubilatoria y un monto de jubilación proporcional a la cantidad de años trabajados. Lo que establece el acuerdo con el Fondo es que la apunta a una "revisión del sistema de pensiones, con el objetivo de mejorar su equidad y sostenibilidad", y agrega que "la iniciativa debería simplificar un sistema altamente fragmentado y mejorar la relación entre cotizaciones y prestaciones".

Las otras reformas de noviembre y diciembre: quita de subsidios, ajuste en la AUH, privatizaciones, eliminación de empresas deficitarias e Indec

Pero, además de las anunciadas a cielo abierto, el Gobierno se comprometió a implementar otra serie de reformas en los próximos dos meses, según lo que quedó consignado en la revisión del acuerdo con el FMI de agosto pasado.

Para fines de noviembre, debería implementarse la quita de los subsidios energéticos, tanto de luz como de gas. Específicamente, el acuerdo con el Fondo establece que "las autoridades reducirán los subsidios energéticos y acercarán aún más las tarifas de electricidad y gas a la recuperación de costos, al tiempo que mejorarán la calidad de los servicios y la eficiencia del mercado eléctrico".

Esta reforma va de la mano de la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), algo que comenzó a implementarse con la resolución 420/2025 del 20 de octubre pasado, que estableció una menor presencia de CAMMESA en el sector.

Además, para mediados de noviembre próximo el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional establecer una "hoja de ruta" sobre cómo privatizará las empresas públicas incluidas en la Ley Bases (Intercargo SAU, Enarsa, Nucleoelétrica Argentina, Yacimientos Carboniferos de Río Turbio, AySA, Belgrano Cargas, SOFSE y Corredores Viales SA.).

Otra reforma que se viene, convenientemente después de las elecciones, es un ajuste en el acceso tanto a la AUH como a las pensiones por discapacidad. El Poder Ejecutivo se comprometió con el FMI a implementarla para fines de diciembre próximo. Concretamente, establece que habrá "mejoras de eficiencia en los programas sociales, gracias a controles mejorados de elegibilidad para las pensiones por discapacidad y la Asignación Universal por Hijo (AUH)".

En paralelo, otras reformas llevan ya más de un mes de atraso. El acuerdo con el FMI establecía, para septiembre pasado, que debía presentarse un plan para la "eliminación de entidades extrapresupuestarias ineficientes" (probablemente empresas públicas autárquicas), por lo que ahora podría acelerarse este punto.

Por último, ya anunció públicamente otro cambio al que se había comprometido con el Fondo: el lanzamiento del nuevo IPC para enero próximo. Pese a que el propio Indec admitía que estaba técnicamente listo a mediados de año, el reemplazo del índice de inflación actual se venía posponiendo por motivos puramente políticos. Ahora, superadas las elecciones, podrá implementarse sin el riesgo dado por las especulaciones sobre una posible medición de una mayor suba de precios.

Por Javier Slucki / El Destape