El Gobierno no deja de acumular problemas. En medio del escándalo por las coimas en la Andis, un viejo fantasma que parecía conjurado vuelve a escena para convertirse otra vez en un dolor de cabeza para los libertarios: el Libragate. A cinco meses de la conformación de la comisión investigadora, la oposición logró romper el empate que la mantenía bloqueada y puso en marcha la investigación sobre el contrato cripto que Milei promocionó desde su cuenta de X, con pérdidas millonarias para cientos de inversores. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica —autor del proyecto que destrabó la parálisis— fue elegido presidente, mientras que Juan Marino, de Unión por la Patria, quedó como secretario. La vicepresidencia quedó vacante tras el retiro de La Libertad Avanza y el PRO, que denunciaron un “atropello institucional” y anunciaron que impugnarán el nuevo reglamento. La novedad política es que Karina Milei será citada por la comisión. Un límite que hasta ahora parecía infranqueable se rompió y, por primera vez, la oposición avanzará con una nómina de funcionarios que la incluye. Los hermanos Milei quedaron atrapados en una mamushka de causas de corrupción que golpean de lleno la imagen presidencial, a días de la elección bonaerense y a semanas de la nacional.
Fueron meses de pulseadas hasta que la oposición logró destrabar la Comisión Investigadora. No fue fácil: los bloques con voluntad de investigar al Presidente debieron modificar el reglamento, llevarlo al recinto para su emplazamiento, obtener dictamen y luego reunir los votos para su aprobación. El último paso se dio en la misma sesión en la que la Cámara de Diputados rechazó el veto a la emergencia en discapacidad. Finalmente, Unión por la Patria cedió la presidencia al diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y se quedó solo con la secretaría, a cargo de Juan Marino. La comisión tiene tres meses para investigar y deberá dictaminar sobre el tema el 10 de noviembre.
La vicepresidencia quedó vacante. Si bien le correspondía al oficialismo, los libertarios y el PRO decidieron vaciar la comisión. Antes de retirarse, el libertario Gabriel Bornoroni explicó los motivos y adelantó que pedirán la impugnación de la resolución que habilitó la nueva conformación: “No avalamos lo que está sucediendo porque se vulnera la representación de las mayorías y las minorías. Lo vamos a impugnar porque el plazo aprobado para que esta comisión funcione ya quedó fenecido”. El argumento oficialista es que los tres meses para sacar conclusiones ya vencieron; la oposición, en cambio, sostiene que el cuerpo nunca pudo comenzar a trabajar. Llamó la atención la permanencia del radical Mariano Campero que se quedó y felicitó a Ferraro pero reclamó un "debate serio".
En diálogo con Página/12, el nuevo secretario designado, Juan Marino, desestimó la amenaza: “La resolución fue votada en el pleno con 138 votos. La Secretaría Parlamentaria de la Cámara reconoció todo lo actuado. Ya estamos librando la citación oficial a todos los miembros para el martes que viene a las 16, con el fin de definir el reglamento y determinar las medidas de prueba iniciales”. Por su parte, un diputado que articuló la estrategia parlamentaria aseguró que “no será viable pedir la impugnación”. Los integrantes de la comisión volverán a reunirse el martes a las 16 para comenzar a trabajar.
Primeros pasos
Hasta el 10 de noviembre, la Comisión se reunirá todos los martes a las cuatro de la tarde. La próxima sesión será clave para terminar de aprobar el reglamento y definir las primeras líneas de investigación, que se plasmarán en un informe preliminar. En estas horas, los bloques opositores trabajan en los últimos ajustes y ya avanzan con las primeras medidas de prueba, que incluyen oficios a la Justicia.
El siguiente paso serán las citaciones, cuyo listado se encuentra en plena elaboración. La novedad política es que esta vez Karina Milei estará incluida. Muchos legisladores habían preferido evitarlo, convencidos de que citar a la hermana del Presidente era tocar un nervio de la gobernabilidad, por el carácter indisoluble de su vínculo con él. También se convocará al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; a María Florencia Zicavo, ex responsable de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que el Gobierno creó para autoinvestigarse y luego disolvió; y a los involucrados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Crónica del bloqueo
Desde su creación, la comisión permaneció bloqueada por una estrategia del oficialismo y sus aliados, que se fraccionaron en nuevos interbloques para reclamar más representantes. Así, oficialismo y oposición quedaron con 14 miembros cada uno, lo que impidió designar autoridades. El cambio que permitió el desbloqueo surgió de un proyecto de Maximiliano Ferraro, que establece que “será designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los bloques parlamentarios que representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputados y diputadas en la Honorable Cámara”. Para el oficialismo y aliados ese artículo implica establecer un “voto ponderado” que viola el principio de igualdad.
Ferraro fue elegido por unanimidad a pesar de que inicialmente Unión por la Patria impulsaba a Sabrina Selva. “Primó el consenso”, dijo un diputado a este diario que valoró como positiva la estrategia para evitar que el oficialismo reduzca el trabajo de la comisión a “una maniobra K”. “El objetivo de esta comisión es algo que nos manda la Constitución y nuestro reglamento, que a su vez fue avalado por una mayoría significativa en el recinto de la cámara. Tiene que ver con el derecho que nos asiste de contralor sobre el Poder Ejecutivo” dijo Ferraro al asumir la presidencia.
Fueron meses de trabajo y de articulación quirúrgica. El megabloque opositor que integran Unión por la Patria, Democracia Para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda nació al calor del criptoescándalo. Diputados que hasta entonces habían tendido puentes con el oficialismo para aprobar proyectos clave como la Ley Bases entendieron que algo se había quebrado. La estafa que Milei promocionó en la noche de San Valentín rompió el estigma de “mancha venenosa que pesaba sobre el kirchnerismo y abrió paso a una nueva mayoría transversal. El caso Libra polarizó al extremo el escenario legislativo y reordenó a las fuerzas políticas en dos grandes bloques: quienes buscan investigar al Presidente y quienes eligieron blindarlo.
La estafa de San Valentín
El 14 de febrero, desde sus redes sociales Javier Milei promocionó el token $LIBRA, una criptomoneda que en minutos pasó de la euforia a la catástrofe. El precio se disparó de manera vertiginosa y se desplomó con la misma rapidez, dejando un tendal de inversores con pérdidas millonarias. En Argentina se presentaron más de un centenar de denuncias penales por estafa, asociación ilícita y violación de deberes de funcionario público. Días después se conoció que el Presidente mantuvo reuniones previas con los responsables del proyecto —Julian Peh, Mauricio Novelli y el estadounidense Hayden Davis—, a quienes accedió gracias a la mediación de su hermana, Karina Milei, según los registros oficiales de Casa Rosada. El intento del Gobierno de dar explicaciones a través de una investigación interna terminó en papelón: la unidad especial creada en la Oficina Anticorrupción fue disuelta sin resultados. En el Congreso, el único funcionario que acudió a la interpelación fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Aunque el Jefe de Gabinete dijo que Milei compartió información que era pública no pudo explicar de dónde sacó el presidente el contrato.
Por Paula Marussich / P12
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