Malvinas: avanza un millonario proyecto petrolero británico-israelí que expuso la fractura entre el Gobierno y Tierra del Fuego

La falta de una estrategia nacional respecto a Malvinas trascendió a los gobiernos, indistintamente de la línea discursiva. La postura argentina, dividida entre el Gobierno federal y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quedó nuevamente expuesta ante la inacción frente al avance de un proyecto multimillonario de una firma británica-israelí que prepara el terreno para extraer aproximadamente 1.700 millones de barriles de crudo de la cuenca León Marino, al norte de la isla Soledad y a 220 kilómetros de la costa argentina.

La explotación privada de los recursos de las aguas circundantes al archipiélago del Atlántico Sur, a través de licencias otorgadas por el Reino Unido, contradicen algo básico de las resoluciones de organismos internacionales consideradas un "triunfo diplomático" de Argentina frente a la potencia ocupante: no se puede explotar económicamente un territorio en disputa por la soberanía.

 
Sin embargo, el proyecto petrolero del consorcio integrado por las firmas RockHopper (35% de participación) y Navitas (65%), de capitales británicos e israelíes respectivamente, avanza a paso firme. Incluso a pesar del silencio oficial del Gobierno nacional y las quejas en off de algunos funcionarios patagónicos por la falta de estrategia nacional frente al continua explotación ilegal de los recursos de Malvinas. "Para esta Cancillería Malvinas no existe", reconoció un funcionario provincial a este medio.

La explotación de la cuenca León Marino en Malvinas

En una audiencia pública realizada el 31 de julio en Puerto Argentino, la petrolera británico-israelí Navitas presentó las proyecciones del proyecto Sea Lion, que prevé extraer crudo de la cuenca León Marino —ubicada al norte de la isla Soledad— y volcar hasta 4.000 millones de dólares en impuestos y regalías a las arcas de la administración kelper durante la vida útil del yacimiento, según informó el medio probritánico MercoPress.

La empresa estima alcanzar su pico de producción en 2032, con la creación de unos 250 empleos directos e indirectos y la construcción de infraestructura específica, como un hotel de 150 camas y viviendas para trabajadores. Estos planes, que implican una consolidación económica del enclave colonial en función de recursos en disputa, contradice de manera directa la Resolución 31/49 de la ONU, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras persista la disputa de soberanía. Bajo esta premisa, cualquier explotación de recursos naturales en las aguas circundantes a las Islas Malvinas sin acuerdo de ambas partes constituye una violación del derecho internacional.

A esto se suma que en el plano interno la Ley 26.659 prohíbe operar en la plataforma continental argentina con licencias emitidas por el Reino Unido. Su aplicación, en tanto, fue intermitente y dependiente de la voluntad política de turno. En el caso del gobierno nacional, queda bajo la órbita de Cancillería, en función de la secretaría de Malvinas, Política Oceánica y Atlántico sur, actualmente a cargo de Paola Di Chiaro. PERFIL se comunicó con el ministerio a cargo de Gerardo Werthein para saber si se prevé una queja por la explotación de los recursos de Malvinas y al cierre de esta nota no recibió respuesta.

La administración británica de las Malvinas avanzó con la explotación offshore de recursos contrario a la normativa internacional.

Pero el avance privado e ilegal de la explotación de los recursos de Malvinas excede a los yacimientos de gas y petróleo. A este escenario se sumó la preocupación por la pesca ilegal en aguas adyacentes, a partir de la reciente detección de barcos pesqueros de origen español, surcoreano y taiwanés —teléfono para China— y la posterior denuncia de Ushuaia por operar con licencias británicas, según conoció este medio. La situación, en tanto, encendió las alarmas en la Provincia, que custodia las regalías que le corresponden a la provincia hasta la milla 12 (una normativa que aplica al territorio provincial comprendido por las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur) según la normativa local.

Polémica por una concesión petrolera en Tierra del Fuego

Pero el gobierno fueguino no quedó exento de la polémica respecto a Malvinas, una cuestión particularmente sensible en el punto más austral del territorio, regido por "otras lógicas" distintas a la mirada porteña u otros puntos del país. Medios locales cuestionaron que la prórroga de la concesión CMA-1 —ubicada en la Cuenca Marina Austral frente a Tierra del Fuego— hasta 2041 y 2045, con inversiones por más de 530 millones de dólares y un incremento del 3% en las regalías, benefició a Wintershall Dea Argentina.

La firma es controlada por Harbour Energy, compañía que estuvo implicada en la explotación de la cuenca León Marino hasta que vendió su participación a Navitas en 2021. En ese momento, el Gobierno nacional tenía la competencia de accionar judicialmente para sancionar a la empresa, algo que finalmente no ocurrió. Aunque tanto la firma como la Legislatura provincial insisten en que sus operaciones actuales cumplen con la legislación argentina, las críticas se enfocaron en la vinculación histórica de la empresa con el proyecto offshore al norte de Malvinas.

"La producción de Harbour se concentra en dos áreas: la prolífica concesión offshore Cuenca Marina Austral (CMA-1) en la provincia de Tierra del Fuego, y las concesiones onshore Aguada Pichana Este y San Roque en la cuenca neuquina. El negocio adquirido por Harbour lleva más de cuatro décadas operando en Argentina y cuenta con una sociedad de operación a largo plazo a través de TotalEnergies", reza el sitio web de la empresa.

Malvinas y el alineamiento de Javier Milei en política exterior

La Cuestión Malvinas, en tanto, sigue siendo una piedra en el zapato para el gobierno de Javier Milei, en función de algunos fallidos y otras medidas: desde la mención a "los deseos" de los isleños en su discurso del 2 de abril; pasando por las votaciones en la ONU o el traslado de la embajada argentina a Jerusalén, medidas que podrían perjudicar la posición argentina en el Comité de Descolonización y otras instancias multilaterales.

Pero tanto la falta de una estrategia cooordinada como la contradicción recurrente entre las posturas del gobierno federal y el provincial, no son exclusivas del gobierno libertario. El año pasado, Ushuaia también cuestionó en su momento la autorización de la instalación de un radar de la empresa estadounidense LeoLabs, aprobado por la gestión de Alberto Fernández sin una evaluación previa de seguridad, que más tarde fue denunciada por tener una finalidad "dual" (tanto civil como militar) y, por tanto, fue suspendida y judicializada.

La controversia por el radar de LeoLabs volvió a cobrar fuerza en 2024, cuando la empresa anunció públicamente su cooperación con el Ministerio de Defensa británico mediante un tuit. Y a comienzos de 2025, cuando el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, contralmirante James Holsey, visitó Ushuaia y planteó la necesidad de "normalizar" el funcionamiento del radar, esto sumado a la competencia con China en la zona.

El pedido, respaldado por la Casa Rosada en el marco del acercamiento diplomático del gobierno de Javier Milei a Washington, reavivó las tensiones con el Ejecutivo fueguino, que reclama mayor control provincial sobre las decisiones estratégicas en el Atlántico Sur. El contrapunto se produjo en paralelo a otro frente de fricción: el intento del Gobierno nacional de desmantelar el régimen especial de promoción industrial de Tierra del Fuego, una herramienta clave para las arcas provinciales y para sostener el empleo en una economía austral de alto costo logístico.

Así, desde las concesiones offshore hasta la pesca ilegal y el radar, la disputa por Malvinas sigue marcando una fractura persistente entre la política exterior que se decide en Buenos Aires y las urgencias cotidianas de Ushuaia, donde la cuestión de soberanía no es solo un gesto simbólico sino económico y político.

Fuente: Perfil