Detrás de las planas centrales que ocupan a nivel internacional las repercusiones de la escandalosa y despechada ruptura entre el Presidente Donald Trump y su otrora asesor estrella Elon Musk, así como el escalamiento de la guerra entre Rusia y Ucrania —nunca tan próxima a la posibilidad de uso de arsenal nuclear después de la inútil mediación del Presidente estadounidense— subyace con menor cobertura el genocidio del pueblo palestino y sus heridas lacerantes perpetradas por el gobierno de Israel y la complicidad del gobierno de Estados Unidos y la mayoría de los de los países occidentales.
Sin sangre en la cara, las autoridades estadounidenses vetaron el miércoles, una vez más, un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que instaba a un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza. Ese mismo día, la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), entidad privada apoyada por Estados Unidos e Israel, a la que se le ha encargado el reparto de ayuda humanitaria en Gaza, tuvo que suspender sus actividades hasta nuevo aviso, después de que en sus apenas ocho días de funcionamiento murieran más de un centenar de gazatíes por disparos del ejército israelí mientras se dirigían a los centros de reparto de ayuda y por el aglomeramiento que se generaba en los locales para recabarla. Se trata de una estrategia militarizada de la ayuda humanitaria que ha reemplazado a la de los organismos de Naciones Unidas, a los que no se les permite el ingreso desde el 2 de marzo.
Solitario en el Consejo de Seguridad
El texto del proyecto de resolución, presentado el miércoles por los diez miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Argelia, Dinamarca, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, la República de Corea, Sierra Leona, Eslovenia y Somalia), pedía un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente, la liberación de los rehenes retenidos por Hamás y el levantamiento inmediato de todas las restricciones a la ayuda dado el riesgo de hambruna en la Franja de Gaza señalado por la FAO.
La votación contó con 14 votos a favor y el veto de Estados Unidos. Los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia, China, Francia y Reino Unido, respaldaron el proyecto de resolución. La evidencia del genocidio cometido por Israel en Gaza no puede ser digerida ya por Francia, el Reino Unido ni Canadá, que han increpado a Israel en diversas instancias para frenar la mano en Gaza.
La embajadora interina de Estados Unidos ante la ONU, Dorothy Shea, dijo que Estados Unidos no apoyaría ninguna acción que no condene a Hamás y manifestó: “Cualquier decisión que socave la seguridad de nuestro aliado cercano, Israel, es totalmente inaceptable”. Además, pidió a las Naciones Unidas y a las organizaciones no gubernamentales que apoyaran a la GHF, empresa que ha sido duramente criticada por la ONU por su organización con criterios militares y políticos para la entrega de ayuda humanitaria. Como no podía ser de otra manera, el representante permanente de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, agradeció a Estados Unidos "por estar del lado de la verdad, la justicia y la claridad moral”.
Militarización de la ayuda humanitaria
Las actividades de la empresa de ayuda diseñada por Israel y Estados Unidos, que pretendía sustituir a las agencias de la ONU y otras organizaciones que fueron impedidas de ingresar al país desde el 2 de marzo, duró, como diría Joaquín Sabina, lo que duran dos peces en un whisky on the rocks. El mismo día que Estados Unidos vetó el proyecto de resolución de alto el fuego, las autoridades israelíes suspendieron la paupérrima ayuda que otorgaban. Los disparos a la población hambrienta que se aglomeraba para recibir alimentos se tornaron inmanejables y se convirtieron en un escándalo de ineficiencia criminal. El GHF obligaba a los civiles a acudir a centros de distribución situados en zonas bajo control militar israelí, atendidos por contratistas armados de seguridad estadounidenses, lejos de los lugares de residencia de los palestinos. Organismos de la ONU y la comunidad internacional en general habían criticado duramente a la GHF por crear un sistema de ayuda contrario a los principios humanitarios. La ONU entregaba la ayuda directamente en las comunidades, en 400 puntos repartidos por el territorio de Gaza en riesgo de hambruna. El plan de la GHF excluye amplias zonas de la Franja, especialmente a las poblaciones más vulnerables y con movilidad reducida.
Por ello, el responsable de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, urgió a Israel a respetar las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Este le exige al gobierno cooperar ampliamente con la ONU y garantizar que la asistencia vital llegue a la población de Gaza a gran escala y sin retraso. En efecto, en un histórico fallo de mayo de 2024, la CIJ ordenó que Israel detuviera su ofensiva militar contra la ciudad de Rafah, en Gaza, y que suspendiera cualquier acción que pudiera infligir al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que provoquen su destrucción física total o parcial. Este fue el fallo de la CIJ ante la acusación de genocidio que presentó Sudáfrica contra Israel por su proceder en Rafah, a la que se plegaron formalmente Egipto, Turquía, Nicaragua y Colombia. Por supuesto que, desde entonces, los asesinatos a la población civil se han incrementado y el impedimento del ingreso a misiones de la ONU, incluido el reparto de ayuda humanitaria, ha sido interferido y finalmente bloqueado.
Autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) —de la que Trump y Milei se han retirado— han señalado que cuentan con reservas de alimentos listos y medicamentos para repartir en Gaza, pero no se les permite el ingreso. Türk lamenta que a los palestinos “se les ha presentado la más sombría de las opciones: morir de inanición o arriesgarse a ser asesinados mientras intentan acceder a los escasos alimentos que se ponen a su disposición a través del mecanismo militarizado de ayuda humanitaria de Israel".
Los llamados de organismos de las Naciones Unidas se estrellan con posiciones como la del ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, uno de los políticos más extremistas del gobierno de Netanyahu, para quien “los suministros de electricidad y comida deberían ser bombardeados" y "no hay necesidad alguna de introducir ayuda" en Gaza.
Y como si no fuera suficiente, un equipo de expertos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas documentó, en un informe de marzo de este año, una serie de violaciones perpetradas contra mujeres, hombres, niñas y niños palestinos por parte de Israel, que Netanyahu ha tildado de “circo anti-Israel”. Desde que se estableciera la comisión en 2021, mucho antes de los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel, las autoridades se han negado a cooperar con ella.
Aniquilar Gaza
Lo que busca el gobierno de Benjamin Netanyahu, bajo el paraguas del gobierno estadounidense, es erradicar a los palestinos de Gaza, arrinconarlos al sur de la Franja y cerrarles la posibilidad de su retorno en el futuro. Para lograrlo, los está privando de todo medio de subsistencia en el norte de ese territorio mediante la militarización de la ayuda alimentaria y el bombardeo de centros educativos y hospitales. Según Volker Türk, desde que comenzó la guerra, Israel ha bombardeado 27 hospitales y una docena de centros médicos en Gaza en 136 ataques.
De acuerdo con muchos analistas como Juan Antonio Sanz, Israel está preparando la ocupación permanente de la Franja y busca arrinconar a los palestinos en el sur. Es así que el domingo pasado, el Gabinete de Seguridad del gobierno israelí, presidido por Benjamin Netanyahu, aprobó la ampliación de las operaciones militares en Gaza y el propio Primer Ministro dejó claro que ya no hay marcha atrás en el proceso de control y ocupación de ese territorio palestino. Las comunicaciones de Netanyahu en su cuenta de X señalan: “Estamos pasando del método de incursiones al de ocupar territorios y permanecer en ellos (…). Las tropas israelíes no entrarán y luego se retirarán; ese no es el objetivo". Asimismo, Netanyahu aprobó el plan presentado por el Ejército israelí para movilizar a los reservistas con el fin de alcanzar dichos objetivos.
El plan cuenta con el respaldo de su principal aliado, Donald Trump. Tras asumir su cargo, en enero pasado, Trump anunció que no solo apoyaría a Israel para vaciar Gaza de palestinos, sino que Estados Unidos estaba dispuesto a respaldar la conversión de la Franja en un paraíso turístico del Mediterráneo oriental, reconstruirla como "la Riviera de Oriente Medio" y hacer de ella la punta de lanza de Estados Unidos en esa región. "Mi esperanza es que podamos construir algo realmente bueno (para los palestinos), algo que haga que no quieran volver (a Gaza). ¿Por qué querrían regresar? Ese lugar ha sido un infierno", dijo Trump al recibir a Netanyahu, el primer líder extranjero con el que se reunió tras jurar su cargo.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, considera que Israel no habría hecho todo lo que ha hecho si no hubiera sabido que tenía carta blanca, la cual es sostenida por los grupos “pro genocidio”: la industria armamentística y las empresas tecnológicas que han apoyado a Israel para que implemente su genocidio. Ello explica las posturas débiles de muchos países que las albergan. En un informe que será publicado próximamente, Albanese denunciará a sectores económicos comprometidos con el genocidio y el papel de las universidades, que han mantenido acuerdos con instituciones israelíes para desarrollar “zonas de tecnología de comando automatizado”, un tipo de tecnología usado para matar. Estas universidades que, según Albanese, sabían lo que estaba pasando, forman parte de la estructura que sostiene, legitima y provee de tecnología a Israel. Para Albanese es increíble que a un Estado se le permita violar el derecho internacional de esta manera, porque esto significa la erosión de los cimientos del sistema internacional.
El proyecto de resolución vetado por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad será sometido a votación en la Asamblea General la próxima semana. Si bien no tiene carácter vinculante, es un importante termómetro político. Al respecto, el embajador israelí ha comunicado a los Estados miembros que no desperdicien más su energía y tiempo, a lo que agregó: “Ninguna resolución se interpondrá en nuestro camino”. Por otro lado, a finales de este mes, tendrá lugar la Conferencia de Alto Nivel sobre la Solución de Dos Estados. Ambos eventos serán una vitrina para ver cómo se posicionan los gobiernos. En América Latina, la Argentina, Paraguay y, probablemente, Guatemala se alinearán con Estados Unidos e Israel.
Por Ariela Ruiz Caro / El Cohete a la Luna
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