Violencia extrema en Río de Janeiro: más de 60 muertos tras un enfrentamiento entre narcos y policías

La ciudad de Río de Janeiro vive una jornada marcada por la violencia y el miedo. En un amplio despliegue que involucró helicópteros, drones y blindados, la Policía lanzó este martes un operativo de gran escala en los complejos de Alemão y Penha, dos bastiones históricos del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más influyentes de Brasil. El saldo inicial fue dramático: 64 muertos, incluidos cuatro agentes, y 81 personas arrestadas.

El operativo se puso en marcha antes del amanecer. Con bloqueos en autopistas cercanas y accesos estratégicos cerrados, 2.500 efectivos ingresaron a los barrios populares del norte carioca guiados por drones que detectaban movimientos sospechosos en el entramado de callejuelas. Blindados destruyeron barricadas encendidas para abrir camino al avance policial, mientras helicópteros rodeaban las zonas desde la noche anterior.

Durante la redada, las fuerzas de seguridad confiscaron 42 fusiles de alto calibre y desplegaron una treintena de vehículos blindados, además de dos helicópteros, equipos aéreos no tripulados y diez máquinas de demolición para remover obstáculos. El objetivo central era capturar a "Doca", señalado como jefe local del Comando Vermelho en Penha, y golpear la estructura de narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas que sostiene la economía criminal del grupo.

Una organización con décadas de control territorial
Fundado en 1979 en una prisión carioca, el Comando Vermelho evolucionó hasta convertirse en una red criminal con presencia nacional y una cadena de mando compleja, basada en capos encarcelados, jefes barriales y soldados que custodian los puntos de venta de drogas. Su poder se afianza en áreas donde "el Estado está ausente", y el control territorial le permite suplir -o condicionar- la vida cotidiana de miles de habitantes.

De acuerdo con la fiscalía responsable de combatir el crimen organizado, los complejos de Penha y Alemão constituyen "un punto estratégico para el flujo de drogas y armas" gracias a su proximidad con corredores logísticos clave de Río. El gobernador Cláudio Castro elevó el tono y definió la situación como una "guerra", asegurando que la ciudad está "sola en este enfrentamiento". Según dijo, sus pedidos para contar con apoyo de las Fuerzas Armadas ya fueron rechazados tres veces.

El norte de Río quedó paralizado por horas: granadas arrojadas desde drones del crimen, tiroteos constantes, rutas interrumpidas y servicios reducidos. Se estima que más de 200.000 personas se vieron afectadas. Además, se suspendieron clases en 45 escuelas y doce líneas de colectivos debieron modificar su recorrido. Comercios bajaron sus persianas y los vecinos se resguardaron, a la espera de que amainara la tensión.

Como en otras intervenciones de este tipo, surgieron cuestionamientos en torno al respeto de derechos humanos. Organizaciones vienen denunciando una delgada línea entre el combate a grupos armados y el impacto desproporcionado en civiles. Human Rights Watch ya había advertido en septiembre de 2025 que un nuevo proyecto de ley podría "crear un incentivo financiero para que los oficiales disparen en lugar de arrestar".

La ONG sostiene desde hace años que muchas muertes atribuidas a enfrentamientos son ejecuciones extrajudiciales, encubiertas por manipulación de escenas. El problema, según coinciden especialistas, es estructural: impunidad, letalidad policial y ausencia estatal en los territorios tomados por el crimen.

Un ciclo que se repite
No se trata de un hecho aislado. En mayo de 2022, en Vila Cruzeiro, otro operativo policial terminó con al menos 23 muertos. Y las estadísticas reflejan una violencia sostenida: solo en 2024, cerca de 700 personas fallecieron en acciones de las fuerzas de seguridad en Río, casi dos por día. A esa cifra se suman ahora 64 vidas perdidas en una sola jornada.

El desafío para el Estado será demostrar que el control no se limita a un despliegue militar temporal. La reconstrucción del tejido social, la investigación de abusos y la reducción de la violencia residual serán claves para evitar que esta lógica de intervención se transforme en un eterno retorno.

Nota:iprofesional.com