Fin de la moratoria: 8 de cada 10 hombres y 9 de cada 10 mujeres ya no podrán jubilarse





“¿Por qué a nosotros se nos reprime tanto?”, se pregunta Ernesto, tiene 66 y accedió a la jubilación a través de la moratoria previsional que vence hoy. “Empecé a trabajar en el 1977 y la única respuesta que encuentro es que nosotros somos la muestra viviente de que el equilibrio fiscal de este gobierno es un relato que solo cierra rebajando el poder adquisitivo de los jubilados, que ya venía mal”. Estuvo el miércoles pasado en la concentración que viene escalando en masividad. Puertas adentro del Congreso, además de aprobarse un acuerdo con el FMI --cuyos detalles se desconocen--, también se cayó la sesión por falta de quórum para tratar la prórroga por dos años de la moratoria previsional. Ahora, quienes cumplan con la edad de jubilarse pero no tengan 30 años de aportes, ya no podrán hacerlo. La cuenta es apabullante: 8 de cada 10 hombres y 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder al régimen previsional. O a la inversa: solo una de cada diez mujeres y dos de cada diez hombres accederán al beneficio. Son 243.000 personas que en 2025 no podrán jubilarse.
“¿Solo se van a poder jubilar personas que tengan tres décadas de aportes en un país en donde la informalidad laboral es altísima?”, se pregunta Ernesto. Su primer trabajo fue en el Correo Argentino: “Pude entrar porque mi papá trabajaba ahí, después estuve más de 20 años en el Banco de Boston, hasta que no pude seguir pagando las cuotas de la casa que había comprado y tuve que tomar el retiro voluntario”, cuenta. Ernesto tenía apenas 44 cuando tuvo que volver a insertarse en el mercado laboral: “Nadie me tomaba hasta que pude trabajar en un call center, ahí ya de manera informal, del 2003 al 2024 me arreglé como pude”, repasa. Juntó 27 años de aportes buscando por todos lados y aún así no llegaba a los 30. El camino fue, entonces, el acceso a la moratoria. Hoy, de los 400.000 pesos que recibe de jubilación, le descuentan 30.000.
La moratoria previsional de 2023 es un sistema sancionado por ley durante el gobierno de Alberto Fernández, que permite que personas que no cumplen con los años de aportes necesarios puedan jubilarse. Una herramienta estrechamente vinculada a que gran parte de la población trabaja durante toda su vida de manera informal o en trabajos no reconocidos como tales, como lo son los trabajos de cuidados. Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec y el relevamiento de la Secretaría de Empleo basado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la participación de la población que concurre al mercado de trabajo fue en el cuarto cuatrimestre de 2024 de 21,2 millones de trabajadores y trabajadoras. El número de personas que se desempeñan en la informalidad es de 8 millones, casi un 40 por ciento del total, y el formal es de 13,2 millones (entre asalariados e independientes)
Sin registro
Gabriela Laddaga tiene 61 años y empezó a trabajar a los 19 como empleada pública. El alta al sistema jubilatorio se lo dieron a través de la moratoria el año pasado con un plan de máxima, es decir 30 años. “Yo trabajé de manera formal en el sector público hasta el año 90´pero en el 94´, cuando se digitaliza el sistema de previsión, mis aportes de aquella época no estaban ingresados”, cuenta. Para el Estado, Gabriela no había trabajado nunca.
Cuando empieza a enumerar la cantidad de trabajos por lo que pasó, pareciera que no va a terminar: una fábrica de pastas, una editorial, una colonia de vacaciones, en el ministerio de Cultura, en educación. A partir del 2004 comenzó su carrera en el ámbito del tango: “Tanto que se habla del tango como identidad nacional, quienes trabajamos en el sector estamos hiper precarizados”, dice. Ella musicaliza milongas y opera el sonido de orquestas y formaciones. De ese, que es su trabajo actual, son los únicos aportes que tuvo, por el monotributo social. Además, desde 2019 vive con su madre --que también es jubilada-- y que no puede arreglárselas sola. El descuento por mes que tiene Gabriela por la moratoria es de 68.000 pesos, casi el mismo monto del bono que cobran mensualmente los jubilados, que es de 70.000 y que se mantiene congelado desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
La famosa brecha
“El empleo de las mujeres es más informal que el de los varones en todas las franjas etarias, con la excepción de la adolescencia tardía. En 2022, considerando el total de la población urbana, la tasa de informalidad asalariada fue 41,5 por ciento en mujeres y 37,6 en varones. Esta brecha, en torno a los 4 puntos porcentuales, se ha mantenido relativamente estable en los últimos cinco años", afirma Daniel Schteingart, doctor en Sociología por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, director de la investigación “Informalidad y empleo”, realizada para Fundar.
“Escuchá bien esto: hoy solo 1 de cada 10 mujeres va a poder jubilarse”, subraya Adela Hutin, de Encuentro de jubilados de Asambleas Barriales. “Las más castigadas con esta medida son las mujeres, que además tienen que esperar a los 65 años. La jubilación es un derecho que supimos conseguir con nuestra vida, con nuestra sangre”. Adela es jubilada, va todos los miércoles al Congreso y ve con claridad cuál es el camino: “Lo que habría que plantear es una nueva ley, porque esto es una reforma previsional encubierta. En 2025 no se van a poder jubilar 240.000 personas de las cuales el 60% son mujeres”.
El sistema queda escuálido: no hay moratoria, no hay pensiones por fallecimiento, la edad de jubilación para las mujeres sube a 65 y la jubilación queda reducida a la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), que es un 80 por ciento de la jubilación mínima. La PUAM en febrero de este año fue de $288.469,20 incluido el bono extraordinario de $70.000
“El relato del gobierno es que quienes cobran por moratoria son ladrones, lo dijo Milei en la apertura de sesiones el año pasado”, recuerda Adela. “La gente cree que el Estado es el que paga y en realidad el Estado no paga nada, esa persona llegó a tener la edad de jubilarse y no tiene los aportes en la mayoría de los casos porque las patronales no las han contratado formalmente. Pero estas personas que acceden a la moratoria tienen que pagar, es decir, los aportes que no pagó la patronal, los paga la persona que se jubila”, explica, didáctica.
Dentro del Congreso
El miércoles pasado, la oposición intentó llegar al quórum de la Cámara de Diputados para debatir una serie de proyectos que apuntaban a extender la moratoria, otorgar un bono extraordinario a jubilados y pensionados y garantizar la gratuidad de medicamentos esenciales a los afiliados al PAMI. El quórum no estuvo por cinco bancas, el peronismo tuvo diez ausencias entre las cuales estaban los representantes de Catamarca que responden al gobernador Raúl Jalil y que además no habían votado en contra del blindaje del acuerdo con el FMI.
“El año pasado casi el 90 por ciento de las personas que se jubilaron lo hicieron con moratoria, ahí está la referencia de lo que afecta no prorrogarla”, explica la diputada y presidenta de la Comisión de Adultos Mayores, Gisela Marziotta, quien presentó uno de los proyectos. También lo hicieron Nicolás del Caño, Brenda Vargas Matyi y Leopoldo Moreau, mientras que los textos para modificar el artículo 2° de la Ley 19.032 sobre Gratuidad de medicamentos esenciales tenían la firma de la jefa del bloque de Innovación Federal, Pamela Caletti, y de Luana Volnovich de UxP.
“Este gobierno tiene un ensañamiento particular con las personas mayores, si bien el ajuste es feroz sobre todos los argentinos, una gran parte recae sobre los adultos mayores. Esto es una muestra de eso, no prorrogando la moratoria, teniendo un bono congelado hace más de un año, sabiendo que la jubilación mínima no cubre casi nada de lo que es una canasta básica”, dice la diputada. El blindaje del DNU del acuerdo con el FMI, analiza, también está ligado a este aspecto: “No tengo dudas de que este acuerdo que va a volver a endeudar a la Argentina de forma ilegítima tiene al FMI digitando las medidas que tiene que tomar el gobierno, y que entre esas medidas está aumentar la edad jubilatoria de las mujeres y que no haya moratoria. Si bien no tenemos la letra chica de ese acuerdo, Milei ya está cumpliendo con el Fondo”.
"El argumento para extender la moratoria no es técnico, es político”, dice el diputado riojano de Unión por la Patria, Ricardo Herrera: “La moratoria es una forma de mitigar la ineficiencia del Estado y del sistema previsional argentino, me hago cargo de eso porque soy parte. No supimos resolver el tema a los jubilados y esta es una herramienta válida hasta que discutamos el sistema previsional en su totalidad”, dice en diálogo con Página/12. Advierte que es indispensable que se le pueda dar una cobertura universal a los y las trabajadoras que lleguen a la edad de jubilarse, y que la canasta básica de los jubilados para abril será de $1.200.523 y, según la Defensoría de la Tercera Edad porteña, estará un 75,2% arriba del año anterior. La jubilación mínima no llega ni siquiera a cubrir un tercio del ingreso necesario para afrontar el sostenimiento de la vida.
“Los jubilados están pagando por los errores del Estado y por lo que no le pagaron sus empleadores evadiendo los aportes en tiempo y forma. La moratoria es una reparación y hacia adelante hay que pensar en discutir el sistema laboral que tiene un alto porcentaje de trabajadoras y trabajadores en la informalidad. Cuanto más se formalice el trabajo, más se va a robustecer el sistema previsional”, razona el diputado.
El próximo miércoles, Ernesto estará de nuevo en el Congreso. Recuerda que desde fines del año pasado al gobierno le empezó a molestar la manifestación de los jubilados: "Antes no nos daban pelota. Este gobierno nos hace la guerra a los trabajadores activos y pasivos. Cuando asumió tuve que volver a la militancia ochentosa que había tenido en una época. Ahora, cuando veo que cada vez hay más policía, que nos empuja y nos rodea, siento un poco de miedo, pero lo que más siento es bronca”, dice.
Su bronca, como la de muchos, empieza a hacerse ver y oír. La mayoría de los adultos mayores que están en el Congreso todos los miércoles ya tiene una jubilación. Su pelea es por el futuro y, también, por la dignidad.
Por Eugenia Murillo / P12